Depósitos a plazos y bonos del Banco Central y la Tesorería, son parte de los instrumentos en los cuales se están invirtiendo los recursos provenientes de la recaudación de recursos producto de la reforma previsional.

El pasado 1 de agosto, comenzó a funcionar el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), entidad pública creada con la reforma previsional y cuyo objetivo es administrar las prestaciones del Seguro Social Previsional. Pero junto con el FAPP, también empezó a regir el incremento de la cotización adicional con cargo al empleador que definió el proyecto, el cual se implementará de manera gradual durante un plazo de nueve años.

Con esto, los empleadores deberán incrementar las cotizaciones de sus trabajadores desde un 10% a un 17%, a lo que se sumará un 1,5% que actualmente cotizan por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), totalizando así un 8,5%.

Pero el alza es gradual. Desde este 1 de agosto, los empleadores empezaron a cotizar un 1% adicional para todos sus trabajadores. De esa cifra, el 0,1% se depositará en la cuenta de capitalización individual de los afiliados en cada AFP, y el 0,9% se destinará al Seguro Social que irá al FAPP.

La gradualidad de nueve años contempla que los empleadores coticen otro 1% desde agosto de 2026, un 0,75% adicional en agosto de 2027, otro 0,75% desde agosto de 2028, y luego un 0,7% adicional por cada año entre 2029 y 2033

La gestión de los recursos

El FAPP se encuentra en pleno proceso de conformación de sus equipos, aunque su consejo ya se encuentra conformado su presidente Enrique Marshall, y por los consejeros Rosario Celedón, Rodrigo Caputo, Ricardo Matte y Soledad Huerta.

A la espera de su puesta en marcha, es la Tesorería General de la República la entidad encargada de gestionar los recursos que deben empezar a llegar.

Desde la Tesorería, explicaron las normas de inversión de estos recursos fueron “definidas por el Ministerio de Hacienda para esta etapa de transición, que estará vigente hasta que el Administrador del FAPP adjudique la administración de cartera a un tercero”.

Con este telón de fondo, señalaron que hasta que ello ocurra, la gestión “está enfocada en preservar el capital del fondo y, por lo mismo, se estableció que los recursos fueran invertidos en instrumentos con alta liquidez y bajo nivel de riesgo, tales como: depósitos a plazo, fondos mutuos, pactos y bonos del Banco Central y de la Tesorería (a ser adquiridos en el mercado secundario), estas normas consideran límites de inversión por tipo de instrumento, contraparte, nivel de riesgo, entre otros aspectos.”

A cargo de la administración de estos recursos está la División de Finanzas Públicas, equipo compuesto por no más de 100 personas.

La Tesorería detalló que ese equipo actualmente administra “las inversiones tanto de recursos fiscales (como el Fondo de Apoyo Regional, el Fondo Ricarte Soto, los otros activos del Tesoro Público) como de terceros (Fondo de Estabilización de Tarifas y el Fondo para la Bonificación por Retiro de los Funcionarios Públicos), en coordinación con la Dirección de Presupuestos”.

Además de los consejeros, por ahora le FAPP está compuesto por su director ejecutivo, Sergio Soto, además de Matías Morales, director de Tecnología y Datos; José Luis Silva, director de Administración y Operaciones; y Catalina Coddou, directora Jurídica y de Asuntos Institucionales.