Fue el primer desmarque que tuvo el gobierno desde su propio sector. El artículo 8 de la megarreforma incluye una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, que permite a los sistemas de IA utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas -como textos, música e imágenes- sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores, lo que ha generado una amplia resistencia.

El diputado Diego Schalper (RN) fue quien argumentó en contra de la propuesta del gobierno y dijo que no estaba dispuesto a dar un “cheque en blanco”, por lo que anticipó su rechazo argumentando: “Que legalmente establezcamos en una normativa que es posible apropiarse de la creación de otros, en un principio como el que aquí se expone, que es sin remuneración y sin contraprestación (...), a mí me parece que es un debilitamiento que, para alguien que cree en la propiedad y en la libertad, es de principios”.

La norma original propuesta por el gobierno señalaba que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

Luego, el Ejecutivo ingresó una indicación a su propia propuesta. En esta, se propuso la creación de un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante “el Fondo”, destinado a financiar, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, un programa fiscal por un mínimo equivalente a 70 mil Unidades Tributarias Mensuales por año, con el objeto de promover el respeto y observancia de los derechos de propiedad intelectual y fomentar la creación protegida por esta ley.

Esta indicación fue defendida desde el Ministerio de Ciencia, desde donde afirmaron que se trataba de una herramienta habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. Señalaron que los sistemas actuales requieren grandes volúmenes de datos para entrenarse, y que la legislación vigente introduce una “ambigüedad legal” que dificulta ese proceso.

No obstante, fue ampliamente criticada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y gremios de creadores, que argumentaron que no subsanaba los problemas de la iniciativa original y que incluso, en algunos aspectos, era peor que ella.

Con ese telón de fondo y pese a los cambios, la propuesta del Ejecutivo fue rechazada en la comisión de Hacienda de la Cámara. En su texto original tuvo siete votos en contra -de un total de 13-, de los diputados Barrera (PC); Bianchi (Independiente) Brito (FA), Castillo (DC), Durn (RN) Scharlper (RN), Waisse (UDI); y 5 a favor, de Coloma (UDI); Karlezi (Nacional Libertario) y los republicanos Meza, Ugarte y Romero.Hubo una abstención del PDG Juan Valenzuela.

A su vez, la indicación no tuvo mejor suerte: registró seis votos en contra, de Barrera, Bianchi, Brito, Castillo, Duran, Scharlper; y seis a favor, de Coloma, Waiss, Karlezi y Meza, Ugarte y Romero, más una abstención del diputado Valenzuela, siendo rechazada también..

El presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y vocalista del grupo Sinergia, Rodrigo Osorio, valoró el rechazo. “Gracias a los diputados de todas las tendencias que votaron en contra y a todos los que hicieron esta urgencia visible. Pero el gobierno puede reponer el artículo, así que esta batalla sigue”, indicó.

Ahora dependerá del Ejecutivo si insiste en reponer la iniciativa en la Sala de la Cámara o buscará presentar una nueva moción durante su tramitación en el Senado.