Cuestionable pago a asociaciones de consumidores

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Si ya se permite la existencia de las asociaciones de consumidores -que es discutible dado que para eso está el Sernac-, deben fijarse exigencias mínimas de transparencia y de representatividad.


El 15 de septiembre pasado, Empresas CMPC desembolsó un total de $2.795 millones -unos US$4 millones- a dos organizaciones de consumidores por su rol en la mediación con el Sernac, proceso que concluyó con el pago de los $7 mil que recibieron los consumidores como compensación de la colusión que por años mantuvieron la Papelera y SCA en el mercado del papel tissue (la compensación a los consumidores tuvo un costo total de US$150 millones).

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) recibió $2.275 millones, mientras que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) obtuvo $520 millones. El rol de estas dos asociaciones fue el de representar a los consumidores en la mesa de negociación, liderada por el Sernac, donde se acordó el pago de los $7 mil. CMPC justificó el pago señalando que ellos se comprometieron a devolver los gastos en que incurrieron las organizaciones de consumidores en el proceso. Conadecus y Odecus, por su parte, sostuvieron que con estos recursos se pagarán las asesorías legales y económicas que recibieron en el marco de la negociación.

Cuesta imaginar cómo el rol de Conadecus y Odecu durante el proceso de mediación pudo costar US$4 millones. Sin embargo, aunque el monto estuviera justificado, y si bien la ley prohíbe a las asociaciones de consumidores lucrar en estos procesos, creemos que el modo en que estas dos asociaciones reciben los recursos se presta para irregularidades.

Solo por nombrar dos ejemplos: primero, podría ocurrir que estas asociaciones privilegiaran su propia negociación de honorarios con los involucrados, por sobre su mandato de representar lo mejor posible a los consumidores; y segundo, esto es sin duda una provocación para que estas u otras asociaciones de consumidores se formen con el solo objeto de buscar conflictos con las empresas, llevarlas a juicio y luego negociar honorarios para salir de la disputa. Esta es una práctica que debe concluir.

Hoy existen fondos concursables para estos objetivos, que licita el propio Sernac, que debieran ser la forma en que se financian los estudios en los que incurren estas organizaciones; y si ocurre el caso en que las partes llegan a juicio colectivo, entonces debiera bastarles con las costas que se definan al finalizar el proceso.

Asimismo, si ya se permite la existencia de las asociaciones de consumidores -que es discutible dado que para eso está el Sernac-, deben fijarse exigencias mínimas de transparencia y de representatividad.

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