Minera Los Pelambres (MLP) interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por los presuntos delitos de corrupción de particulares, administración desleal, lavado de activos y asociación criminal.

La acción penal apunta contra Cristián Ponce Julve, ex planificador senior–mantenimientos mayores de Los Pelambres, su pareja Aracelly González Morales, y Andrés Hernández Salum, representante de Mining Components SpA.

En el escrito, la filial de Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic denunció que “los querellados realizaron una serie de maniobras para adjudicar irregularmente una licitación y, además, adquirir, mediante compras spot, diversos materiales que eran comercializadas a MLP por parte de Mining Components SpA”. Y agregó, según la acción penal patrocinada por el abogado Ignacio Ried: “Ello, en circunstancias que dichos materiales no eran necesarios para la operación o bien eran adquiridos a sobreprecios exorbitantes, completamente fuera de mercado”.

Según la minera, los querellados ocasionaron a MLP un perjuicio patrimonial que, a la fecha, está por determinarse, pero que involucra transacciones irregulares por al menos $8.203 millones.

La querella detalló que Cristián Ponce Julve inició funciones en Los Pelambres el 20 febrero de 2017, ingresando a la gerencia de mantenimiento bajo el cargo de Programador Chancado STMG.

Con el paso del tiempo, fue ascendiendo en sus funciones asumiendo, desde el 1 junio de 2023, el cargo de ingeniero planificador senior–mantenimientos mayores, hasta el 24 de noviembre de 2025, cuando fue desvinculado por “falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones” y el “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

Según la minera en la manipulación de los procesos de compra también habrían participado otros trabajadores de MLP, junto a trabajadores de contratistas externos de la compañía, lo cual sigue siendo parte de la investigación interna que mantiene la compañía respecto a estos hechos.

En el documento la minera denunció que Ponce y Hernández, previamente concertados, idearon un modus operandi por medio del cual aprovecharon las facultades del primero en la compañía, por una parte, para intervenir en la adjudicación del contrato de licitación N°4642001193, consiguiendo que éste fuera adjudicado a Mining Components, cuyo valor total asciende a US$2.696.757 y, por otra parte, para generar órdenes de compra de materiales spot dirigidas también a Mining Components, por $5.707.634.798.

En ambos casos, según la querella, Ponce generó solicitudes de materiales que no eran necesarios para MLP, creando órdenes de compra y reservas que generaron un sobrestock de productos y/o que fueron comprados a precios por sobre el precio de mercado.

Para ser favorecida en la licitación, Mining Components SpA transfirió al querellado Cristián Ponce Julve -a través de su pareja- el departamento en el cual residen.

Se trata del Departamento N°102 del primer piso y el estacionamiento N°22 con la bodega N°46, ambos del subterráneo del Edificio Toledo, ubicado en calle Alejandro Serani Norte N°9.426, comuna de Vitacura, cuyo valor referencial asciende a UF 9.550, dice la denuncia.

“Para ocultar dicha transferencia, los imputados simularon la celebración de un contrato de compraventa de bien inmueble, en el que participó doña Aracelly Mackarena González Morales, quien es conviviente de hecho del Sr. Ponce Julve y madre de tres de sus cuatro hijos”, señaló la acción legal.

La denuncia dice que a partir de ese beneficio económico, Ponce manipuló el proceso de evaluación técnica para favorecer a Mining Components SpA, lo que “ocasionó que MLP adjudicara a dicha empresa 13 de los 23 componentes por los cuales realizó ofertas económicas”, detalló la empresa.

Según MLP, el procedimiento de licitación fue manipulado por Ponce, en probable concierto con terceras personas, quienes, con posterioridad a la apertura de ofertas, llevaron un proceso de renegociación de las ofertas recibidas en forma privada, incumpliendo los protocolos de licitación, contactándose directamente con Mining Components, permitiéndoles de esa manera ser el último en mejorar su oferta económica.

A raíz de lo anterior, el 8 de enero de 2024 MLP informó a Mining Components SpA de la adjudicación de la licitación respecto de estos 13 materiales. El contrato contemplaba un periodo de ejecución original de 36 meses, que posteriormente se modificó extendiendo su vigencia a 37,72 meses, desde el 8 de febrero de 2024, hasta el 31 de marzo de 2027.

Sobreprecio

“El querellado Cristian Ponce manipuló los procesos de compras spot, solicitando la invitación de oferentes que no ofrecían los productos requeridos (salvo Mining Components) o modificando los requisitos técnicos para el proveedor. En diversas ocasiones, la compra de los materiales se realizó mediando orden directa del querellado Cristian Ponce. En otras, aunque se consideraba un periodo de oferta para que distintos proveedores postularan a la venta de los materiales, el querellado manipulaba los procesos de oferta, a través de los plazos urgentes de las órdenes de trabajo, impidiendo a empresas distintas de Mining Components SpA postular”, añadió la querella.

De esta manera, las compras eran dirigidas a Mining Components, aun cuando no era el proveedor de menor precio y/o más rápido, e incluso en algunos casos siendo escogido por sobre el fabricante directo del material.

A través de este mecanismo, se generaron un total de 388 solicitudes de pedidos entre el 22 de enero de 2024 y el 31 de octubre de 2025, todas ellas adjudicadas finalmente a Mining Components SpA. “El valor de estas órdenes de compra, ya pagadas por nuestra representada, ascienden a un precio total de $5.707.634.798″, dice la querella.

“Los querellados forzaron la adquisición de los productos a precios considerablemente por sobre el valor de mercado, o bien en cantidades no requeridas para las mantenciones programadas por la empresa”, detalló MLP.

A modo de ejemplo, la minera explicó que en agosto de 2024 Ponce generó una orden de compra bajo la glosa “MM: Cambio Polines y Estaciones Chancado”, requiriendo la adquisición del material “Estación Impact; POS 4; Repotenciada CV701” por cuatro unidades. Por ello se pagó $15.657.976, a un precio de $3.914.494 por unidad. El mismo material antes había sido comprado a $986.892. “Lo anterior significa un sobreprecio de más de un 396%”, acotó la querella.