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El millonario fraude informático que afectó al gerente general de la constructora Ingevec

La constructora presentó el pasado viernes una querella por los presuntos delitos de acceso indebido a sistemas informáticos, suplantación de identidad digital y aceptación fraudulenta de documentos tributarios en el SII, en el marco de un posible delito informático organizado.

Foto: referencial.

Un sofisticado fraude digital que partió con el acceso ilícito al correo electrónico personal del gerente general de la constructora Ingevec, José Tomás Poblete, terminó con la aceptación fraudulenta de facturas falsas en el sistema del Servicio de Impuestos Internos (SII) por montos que superan los $80 millones. Así lo detalla la compañía en una querella criminal presentada el pasado viernes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Los hechos, que están siendo investigados como un presunto delito informático organizado, ocurrieron el 14 de agosto de 2025. Ese día, Poblete comenzó a recibir una serie de correos electrónicos que confirmaban la recuperación exitosa de su Clave Única, que –en su calidad de gerente general– le permiten autorizar operaciones tributarias de las empresas del grupo Ingevec.

Según el relato de la querella, el ejecutivo alertado de ello, de inmediato inició los trámites para recuperar el control de su identidad digital. Una revisión interna descubrió que, aprovechando ese acceso fraudulento, dos facturas falsas de la empresa Montajes ABC SpA –que nunca ha sido proveedora de Ingevec– habían sido aceptadas en el portal del SII. Los documentos, por un total de $22,4 millones, fueron emitidos el 11 de agosto y validados tres días después.

Pero el modus operandi no se detuvo allí. Días más tarde, los sistemas de Ingevec detectaron otra anomalía: Poblete había sido removido como administrador de Inmobiliaria Sur Cincuenta y Siete SpA –otra empresa del grupo– y reemplazado por un sujeto identificado como Fernando Cortés Pincheira, quien nada tenía que ver con la compañía. Bajo esta nueva identidad falsa, se aceptaron tres facturas más: dos de la empresa Soluciones de Ingeniería Torres SpA y una de Megalimentos SpA, por otros $95,4 millones.

“Según la información recopilada, quien aceptó las facturas en el SII fue Miguel Sepúlveda, quien no es representante ni empleado de ninguna de las compañías del grupo Ingevec, y, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa X-Capital (Xepelin), quién intervino en los hechos cediendo las facturas referidas fue Alejandro Burgos”, añadió.

Tributario

La querella, patrocinada por el penalista Ignacio Schwerter del estudio Schwerter Abogados, fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En ella se identifican presuntamente a varios de los involucrados, incluyendo a los dueños de las empresas emisoras de las facturas y a quien habría realizado materialmente la aceptación en el SII.

Según la querella, Poblete estaba registrado como administrador de la sociedad Inmobiliaria Sur Cincuenta y Siete SpA. Sin embargo, fue reemplazado informáticamente en ese cargo. En su lugar, se incorporó como administrador a una persona llamada Fernando Cortés Pincheira, quien no es representante ni trabajador de ninguna de las empresas del grupo Ingevec.

Este hecho, “sorpresivo e irregular”, llevó a que se realizara una revisión interna más detallada. Fue así como se descubrió que, usando el acceso vinculado a ese supuesto nuevo administrador, se aceptaron tres facturas electrónicas emitidas por dos empresas que nunca han sido proveedoras ni han tenido relación alguna con la compañía.

De acuerdo al relato, la primera factura fue emitida el 22 de agosto de 2025 por la empresa Soluciones de Ingeniería Torres SpA, por un monto de más de treinta y tres millones de pesos. Esta factura fue además cedida a terceros por Nicolás Reyes Banto. La segunda factura, emitida por la misma empresa, tiene fecha 25 de agosto y corresponde al mismo monto. La tercera fue emitida el 28 de agosto de 2025 por la empresa Megalimentos SpA, por un valor cercano a los veintiocho millones y medio de pesos.

Según la información que se ha podido reunir, la empresa Soluciones de Ingeniería Torres SpA pertenece, en partes iguales, a Enrique Alejandro Meneses Olmos y Nicolás Alejandro Reyes Banto. En tanto, Megalimentos SpA —cuyo nombre legal es Ingeniería en Servicios Agrícola y Minero SpA— es propiedad de Víctor Rodrigo Salgado Quiróz, Felipe Eduardo Carvajal Pedrero y Rondon Cariant Coromoto

“Como si lo anterior no fuese suficiente, días después de lo descrito anteriormente se detectó lo siguiente. Don José Tomás Poblete Ortúzar se encontraba registrado como administrador de la sociedad Inmobiliaria Sur Cincuenta y Siete SpA. Pues bien, inexplicablemente fue reemplazado informáticamente y, en su lugar, fue asociado como administrador un tal Fernando Cortés, quien no es representante ni empleado de ninguna de las compañías del grupo Ingevec”, acotó el mismo documento.

“Ante tal sorpresa, se inició una nueva revisión interna y se detectó que con dicho “usuario” se aceptaron tres facturas de dos empresas distintas, las que jamás han sido proveedores de la compañía”, concluyó.

En el escrito, la constructora solicitó formalmente que la Brigada del Cibercrimen Metropolitano (BRICIB) se haga cargo de la investigación, con el fin de rastrear las direcciones IP utilizadas, obtener información del SII y del Registro Civil, y determinar el alcance total de la operación fraudulenta.

José Tomás Poblete, gerente general de Ingevec.

Ingevec explicó a Pulso que “esta transgresión de acceso se agrava por la vulnerabilidad del Servicio de Impuestos Internos para efectos de la aceptación de facturas, ya que permite la creación de usuarios falsos o accesos no controlados. De manera adicional, el sistema no facilita ninguna funcionalidad que permita contener el ataque, para así investigarlo y tratar de reducir o revertir los impactos. Así, las facturas se transforman rápidamente en titulos ejecutivos, que pueden venderse en el mercado de factoring, como ocurrió en este caso”.

“Hacemos un llamado a trabajar en conjunto y modernizar los sistemas que opera el Servicio de Impuestos Internos, con el fin de minimizar la probabilidad de que se produzcan hechos como este, aumentar el control de los usuarios sobre la gestión de incidentes y resguardar la seguridad tanto de las empresas como del sistema financiero”, concluyó.

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