Un recurso de reposición ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó el viernes pasado un grupo de aportantes de Sartor, buscando dejar sin efecto la decisión de liquidar los fondos rescatables de la AGF y que éstos sean traspasados a otro gestor para su administración.

En el escrito presentado por Vanessa Facuse, socia del estudio BES Abogados - representando a 184 aportantes-, se señala que la resolución del regulador constituye una “condena para los aportantes”, pues “por primera vez en nuestro ordenamiento, la CMF dispuso la liquidación de todos los fondos administrados por Sartor, bajo la premisa de que su continuidad –incluso mediante el traspaso a otra AGF– resultaba supuestamente inviable, sin transparentar los antecedentes que habría tenido a la vista”.

Según el recurso, “la supuesta inviabilidad se fundó principalmente en estimaciones comunicadas por el liquidador Ricardo Budinich a través de cartas reservadas remitidas a la CMF –la última de ellas fechada el mismo día en que se dictó la resolución recurrida–, referidas a la situación patrimonial de los fondos al 31 de diciembre de 2024″.

“Esto es grave, puesto que ninguna referencia se hizo a la evolución de los fondos durante los ocho meses del año 2025, período en que estuvieron bajo la gestión directa del delegado de la CMF. Con todo, a los aportantes no se les otorgó acceso a las valorizaciones en que se habría fundado la decisión, ni existen a la fecha estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 2024″, agregó Facuse.

Junto con ello, el escrito sostiene que la CMF también descartó una alternativa “expresamente prevista en la ley, por el propio liquidador y, en reiteradas oportunidades, por los aportantes, de traspasar la administración de los fondos a otra AGF, por ser la menos gravosa y así cumplir con la obligación legal de proteger el interés de los aportantes”.

Además, sostiene que la decisión se tomó sin conocer los resultados de las valorizaciones contratadas ni a la metodología empleada para estimar los supuestos detrimentos; sin que existieran a la fecha estados financieros auditados del año 2024; y sin información alguna sobre los resultados de la gestión realizada durante 2025.

“Tal decisión de ordenar la liquidación, además, no permite la gestión de los fondos orientada a la recuperación del negocio ni de la cartera de inversiones, y tampoco contempla la persecución de las responsabilidades de quienes provocaron los deterioros (cuya magnitud los aportantes todavía no conocen)”, dice el escrito presentado.

Tras esto, el escrito agrega que “ello resulta relevante si se considera que el plazo de liquidación fijado por la CMF es de apenas tres años, prorrogable por uno más, tiempo claramente insuficiente para permitir algún tipo de recupero. A modo ilustrativo, ningún juicio de cobro podría concluir razonablemente dentro de ese período”.

“Se trata, en definitiva, de un proceso que –de principio a fin– ha sido conducido y resuelto al margen y contravención del interés que el marco regulatorio e institucional ordenan tutelar: el de los aportantes. La Resolución Recurrida no puede consolidar este daño", sostiene Facuse.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto, la CMF dio a conocer las valorizaciones de las carteras realizadas por terceros, donde se informaba que las pérdidas, en algunos fondos, superan el 80%. Tras ello, el regulador decidió liquidar cinco nos rescatables, misión que le encomendó a Toesca.