El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció en una conferencia de prensa que el escenario fiscal del país era peor que el anticipado, lo que implicaba una trayectoria de mayor déficit fiscal y de mayor deuda pública para el periodo 2026-2030. Y exactamente una semana después de ese hecho, sinceró que el gobierno necesitará emitir más deuda este año para poder hacer frente a las necesidades de financiamiento.

Así, este lunes por la tarde, y en el contexto de la primera cuenta pública entregada al mediodía por el Presidente José Antonio Kast, el titular de las finanzas públicas dio a conocer desde Cerro Castillo, que se ingresará un proyecto de ley para solicitar la autorización de mayor endeudamiento al Congreso, por hasta US$6.200 millones para 2026.

“Responde a la actualización del escenario fiscal que evidenció mayores necesidades de mayor financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto de tipo cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del fisco”, justificó Quiroz.

El secretario de Estado detalló que, “en particular, la mayor necesidad de deuda se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante que es alarmantemente elevado, y el bajo nivel de caja”.

Quiroz indicó que “se trata de una medida responsable y necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera que hemos recibido y dar plena certeza respecto al financiamiento del ejercicio fiscal del año 2026”. Pero también añadió que “seguiremos como gobierno racionalizando el gasto, introduciendo medidas de austeridad y combatiendo el fraude social para hacer que las cuentas fiscales vayan paulatinamente convergiendo a una situación de normalización a lo largo de nuestra administración”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

¿Qué implicancias tiene? De acuerdo a la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB. En cambio ahora, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB. Además, implicaría traspasar ese límite prudencial ya en 2027. Todo esto, manteniendo el escenario de las proyecciones de PIB y tipo de cambio que entregó hace una semana Hacienda en el IFP.

La visión de los expertos

La exdirectora de Presupuestos y actual académica de la Universidad San Sebastián, comentó al respecto que “el IFP que conocimos la semana pasada dejó entrever que lamentablemente existían presiones que no tenían financiamiento, por tanto, era previsible la necesidad de requerir mayor endeudamiento. Es necesario hacer presente en todo caso que este IFP sinceró dicha situación, pero esta realidad fiscal era absolutamente conocida y proviene de un diseño del Presupuesto que fue construido con ingresos sobreestimados, y con un gasto que no reflejaba todos los compromisos existentes”.

Torres indicó que “el requerimiento de endeudamiento permitirá el financiamiento de prestaciones permanentes del Estado, pero dado su volumen y que el déficit es aún superior a dicho monto, consolida lo necesario que es que el Ejecutivo siga ahondando en la profundidad de la racionalización del gasto y en la búsqueda de espacios de eficiencia”.

Mientras que Luis Eduardo Escobar, economista y asesor de la oposición sostuvo que “la realidad siempre se impone. Como el gobierno no puede recortar el gasto como se imaginaron durante la campaña, ahora deben aceptar que tendrán que gastar más de lo que esperaban. La forma más expedita de hacerlo es endeudándose. Pero antes de emitir nueva deuda tendrán que explicar su plan fiscal hasta el 2031, cosa que no han hecho”.

En ese sentido, el experto dijo que “lo más probable es que la tasa de interés sea más alta de lo que ha sido hasta ahora, porque el gobierno con sus políticas está haciendo que el país se perciba como más riesgoso. No me extrañaría que, después de los sucesivos errores de política y comunicacionales del gobierno, las agencias clasificadoras de riesgo pongan a Chile en ‘evaluación’”.

Un conocedor de temas fiscales ve que la deuda como porcentaje del PIB podría ser incluso mayor. Esto, porque un eventual menor crecimiento del PIB -el IFP considera 2,1% para este año y el mercado ya lo estima bajo 2%- deteriora la razón deuda/PIB por dos vías. Primero, mecánicamente, porque el denominador es menor. Y segundo, fiscalmente, porque menor crecimiento suele implicar menores ingresos tributarios, mayor déficit y, eventualmente, más necesidad de endeudamiento.

El otro anuncio

En la cuenta pública propiamente tal, el Presidente Kast, anunció la entrega de un apoyo económico para las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. En concreto, se trata de un bono $30.000 por niño “para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita”, destacó Kast. Según señaló Quiroz, el costo fiscal anual de esta ayuda sería del orden de US$100 millones.

La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, afirmó que “las ayudas monetarias focalizadas a los hogares son una muy buena alternativa en momentos de crisis para ayudar directamente a los más necesitados. Contamos con un mecanismo que permite llegar de manera oportuna y sin distorsiones a los hogares con el Bolsillo Familiar Electrónico”.

Mientras que para Hermann González, coordinador macro de Clapes-UC, “es una medida que se hace cargo de una de las principales expectativas que había para esta cuenta pública: los anuncios para enfrentar el aumento del costo de vida que enfrentan los hogares, especialmente tras el alza del precio de los combustibles”.