Es el último mes del año legislativo que tiene el Congreso. Enero. Y por lo mismo, las comisiones del área económica ya fijan sus prioridades para avanzar en los proyectos clave para la economía. Entre los proyectos que deberán analizar, las comisiones de Hacienda, Trabajo y de Economía, tanto del Senado como de la Cámara, aparecen el reajuste del sector público, el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de Subsidio Unificado al Empleo, la negociación ramal, la nueva regulación para combatir la piratería, la protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor, y el fortalecimiento de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, entre otros.

Por su parte, el proyecto de ley que reformula el sistema de sala cuna es también una de las iniciativas importantes que se relaciona con las temáticas económicas y del mercado laboral. Sin embargo, actualmente ya está en la Comisión de Educación del Senado y se espera que avance para su votación en la sala durante enero de 2026.

Comisiones de Hacienda

Uno de los primeros temas que retomará la Comisión de Hacienda de la Cámara es el de rentas regionales. Así lo señala el presidente de esa instancia legislativa, Boris Barrera (PC), quien dice esa iniciativa está en tabla para ser analizada en enero. Esto, luego que el gobierno la reactivara ingresando una serie de indicaciones. Entre ellas, algunas actualizan medidas de control presupuestario para los gobiernos regionales, como por ejemplo mandatar la realización de auditorías externas anuales sobre la gestión presupuestaria y financiera de los gobiernos regionales, información que deberá incluirse en las cuentas públicas y actas de traspaso de gestión.

También se define que cada gobierno regional deberá remitir una programación financiera de mediano plazo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere); y se fija el plazo para la publicación de informes del estado de avance del ejercicio presupuestario.

En un segundo eje, para garantizar mayor agilidad a los gobiernos regionales, se modifica la normativa sobre su ciclo presupuestario. Así, se propone consagrar en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley Nº 19.175) un sistema similar al de las Empresas Públicas, con fuentes de financiamiento establecidas en la Ley de Presupuestos, en la Partida Tesoro Público. Además, para aumentar la previsibilidad de los recursos anuales, el Presidente o Presidenta de la República deberá dictar un marco presupuestario a cuatro años para los gobiernos regionales, estableciendo plazos, procedimientos y requisitos de transparencia.

El proyecto de ley se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El diputado Barrera también menciona que buena parte de las sesiones se deberán abocar al reajuste del sector público. Esta iniciativa ingresará el lunes 5 de enero a su tramitación y es precisamente está comisión la que debe analizarlo en primera instancia.

Si bien habitualmente este proyecto tiene una tramitación rápida, esta vez puede que sea mucho más lenta, considerando la polémica por la incorporación de una serie de normas que buscan resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público que están bajo la modalidad a contrata. Para la oposición, esa norma se considera de “amarre”.

En el Senado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón (Demócrata), junto con tener que revisar también el proyecto de reajuste para el sector público, menciona como iniciativas a analizar la que Moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud y regula de mejor manera las licencias médicas.

Y otra relacionada con mejorar los controles de probidad para los funcionarios de Gendarmería, obligando a efectuar declaraciones de intereses y patrimonio.

Comisiones de Trabajo

Uno de los proyectos al que estará abocada la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados es el que crea un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales. El presidente de dicha instancia, Andrés Giordano (FA), afirma que “esta iniciativa busca fortalecer el catálogo de sanciones administrativas y judiciales que pueden aplicarse a las empresas que vulneren los derechos de los trabajadores, en particular a aquellas que pongan en riesgo la vida y la integridad laboral”.

Actualmente, el sistema de calificación del origen de las enfermedades se encuentra radicado en los organismos administradores del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En ese esquema, son las mutualidades de empleadores y el Instituto de Salud Laboral los que actualmente califican el origen laboral o común de las enfermedades y, al mismo tiempo, los que entregan las prestaciones y coberturas del seguro si corresponde.

Por ello, ahora, con esta iniciativa se quiere separar dichas funciones. Esto, a través de la creación de un nuevo sistema de calificación del origen de las enfermedades profesionales, radicado en la Comisión de Calificación de Enfermedades Profesionales, que será de carácter autónomo, técnico y que se encontrará supervisado, fiscalizado y regulado por la Superintendencia de Seguridad Social.

Asimismo, se proponen nuevas definiciones de fiscalización y supervisión para la Superintendencia de Seguridad Social, las que tienen como objetivo aportar mayor credibilidad y sostenibilidad ciudadana al sistema, dando a este organismo supervisor atribuciones y funciones en materias como, por ejemplo, coordinar y velar por el adecuado funcionamiento administrativo del nuevo sistema de calificación del origen de enfermedades, y su fiscalización.

En el Senado, el presidente de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra (PS), menciona que se continuará con el estudio del proyecto de ley que unifica los subsidios al empleo. Esta instancia se votó en general y ahora en enero la meta es poder despacharla a la sala del Senado y que pueda ser ley antes del 11 de marzo de 2026, cuando se renueva el Congreso y parte un nuevo gobierno.

Su objetivo es simplificar el actual sistema, unificando el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, la idea de unificar los tres beneficios es hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y materializar un instrumento concreto para la creación de empleo formal, especialmente para los grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral, tales como mujeres, jóvenes, personas de 55 años o más y personas con discapacidad. Además, tiene un enfoque en las pequeñas y medianas empresas, para facilitar nuevas contrataciones formales.

Con este rediseño, se proyecta aumentar significativamente los montos de apoyo, con un subsidio combinado de hasta $185.000 mensuales entre empleador y trabajador.

No obstante, para Saavedra uno de los temas que seguramente ocupará buena parte de las sesiones de enero es el proyecto de ley de reajuste salarial para el sector público, principalmente en lo que se refiere a las normas de estabilidad laboral que el gobierno quiere incorporar y que han desatado la molestia de la oposición.

Otro de los proyectos que se deberá comenzar a analizar es la propuesta que el Ejecutivo ingresará en enero sobre negociación ramal, que aún no se define si lo hará por la comisión de Trabajo de la Cámara o del Senado. Para Giordano, “este proyecto de negociación ramal busca encontrar herramientas para mejorar los salarios de los trabajadores”.

Según detalló el Ejecutivo, esta iniciativa de ley se ingresará este lunes 5 de enero al Congreso. De acuerdo a lo que ha señalado el gobierno, la propuesta hará que el país avance desde un sistema de negociación fragmentada (empresa-sindicato), hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, “donde trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

Según se ha detallado, esta iniciativa de ley “trasciende la visión tradicional al vincular directamente la mejora de las condiciones laborales con la eficiencia productiva, la innovación y el desarrollo sostenible del país”.

El gobierno ha enfatizado que “los acuerdos sectoriales fomentarán las mejoras productivas mediante incentivos sustancialmente mayores para la Investigación y Desarrollo tecnológico (I+D) y permitiendo un mayor grado de adecuación de la jornada acorde las diversas realidades sectoriales y subsectorial”. Para que funcione la propuesta, se creará un sistema que se organice en tres niveles coordinados: nivel sectorial, nivel intermedio y nivel empresa.

Los acuerdos sectoriales incluirán capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica, vinculando las mejoras laborales con la eficiencia e innovación.

Si bien el proyecto se comenzará a analizar en enero, todo indica que su tramitación continuará en marzo.

Comisiones de Economía

El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Víctor Pino (Demócratas), comenta que uno de los proyectos importantes que analizarán en enero es el que busca mejorar los estándares para combatir la piratería, resguardando la propiedad intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas.

El legislador afirma que el legislar sobre esta materia permitirá a Chile responder al permanente llamado que ha hecho Estados Unidos para que se mejore la legislación. “Considero que aprobar este proyecto nos ayudaría a salir de la lista negra que tiene Estados Unidos sobre Chile”, señala Pino.

Entre los principales ejes del proyecto se introduce la definición de medidas tecnológicas de protección. Para la elaboración de esto, se consideraron las definiciones contenidas en los tratados internacionales.

En segundo lugar, se incorpora en la misma ley un artículo 81 bis, nuevo, que establece nuevos tipos penales, para sancionar dos conductas específicas descritas en los literales a) y b), con una pena alternativa de reclusión menor en su grado mínimo o de multa de 5 a 1.000 UTM.

De acuerdo a la iniciativa, este nuevo artículo viene a sancionar las acciones de fabricar, importar, vender, entre otras, respecto a dispositivos o sus componentes, o el suministro de servicios, que sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier MTP (Medida Tecnológica de Protección), siempre que haya sido efectuada maliciosamente y con fines de comercialización.

En el Senado, la Comisión de Economía comenzará este 6 de enero la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor.

A esta sesión se encuentran invitados el ministro de Economía, Álvaro García; el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el diputado Gonzalo Winter.P