El lugar común que afirman los gobiernos es que la discusión del presupuesto siempre es compleja, pero la del erario fiscal del 2026 será particularmente ardua. A más tardar, el martes 30 de septiembre el gobierno debe presentar la ley al Congreso y desde ese momento tiene 60 días para que el Congreso la apruebe y despache, es decir, el 30 de noviembre.

Ese período estará cruzado por la elección presidencial de primera vuelta y parlamentaria fijada para el 16 de noviembre y, por ello, los candidatos a llegar a La Moneda tendrán una opinión relevante.

Una de ellas ya la entregó. La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien advirtió que su sector va a condicionar la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026 en el Parlamento si no hay transparencia total sobre las finanzas públicas.

“Hay una ley que obliga al Estado a pagar en 30 días la factura. Pero este gobierno hecha la ley, hecha la trampa. Claro, pagan a los 30 días, pero se pueden demorar cuatro meses en autorizar la factura. Y si la empresa factura igual, nunca más lo van a contratar. Aquí hay una inequidad terrible entre el Estado y las empresas pequeñas, muchas veces contratistas, subcontratistas”, acusó. Y enfatizó que “esto tiene además consecuencias muy graves. Y es que todas las cifras que estamos conociendo, fiscales, son mentirosas. Porque la deuda de verdad es mucho mayor que la que están reconociendo”.

Y por lo mismo puntualizó que: “Quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”.

Al interior de Chile Vamos lo que se menciona es que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) metropolitano no está pagando a las empresas constructoras y por eso está dilatando algunos pagos. En la UDI creen que ese caso puede que no sea “aislado”, y por ello, esperan contar con toda esa información antes que comience la discusión del presupuesto 2026.

Sin embargo, este viernes el Ministerio de Hacienda respondió a los puntos de la carta de la centro derecha y destacó que “toda factura emitida en el marco de la ley de presupuestos tiene recursos asegurados”.

Con eso como puntapié inicial, los parlamentarios que integran la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, instancia clave para las definiciones del erario fiscal, ya comienzan a definir cuáles serán los temas que defenderán y los énfasis que buscarán proponer. Uno de los primeros que mencionan varios legisladores son las proyecciones de ingresos que durante los últimos tres presupuestos han estado sobreestimados considerando el erario fiscal en curso. Todo eso ha repercutido en que los déficits fiscales han sido mayores a los proyectados.

Un ejemplo de aquello es lo que pasó en 2024. De acuerdo a los datos de la Dirección de Presupuesto (Dipres), los ingresos fiscales fueron menores a lo proyectado en la ley de presupuestos para ese año. Con ello, el déficit estructural del 2024 fue de 3,2% del PIB, frente al compromiso de 1,9%.

Para este año, el escenario se perfila nuevamente difícil. A julio los ingresos fiscales totalizan $ 42.546.935 millones, lo que representa un crecimiento del 6,3% real respecto del mismo período del año anterior. Pero, la proyección original del Ejecutivo es de un crecimiento anual de los ingresos fiscales del 8,4%, lo que significa una recaudación total de $ 76.149.913 millones. Para lograrlo, los ingresos entre agosto y diciembre deben crecer un 11,2%.

“Lo primero que nos vamos a preocupar es si efectivamente los ingresos proyectados para este año se van a obtener porque sino el nivel de deuda y el nivel también de balance estructural no se van a cumplir”, dice el diputado RN, Frank Sauerbaum.

Miguel Mellado, diputado ex RN y hoy en la bancada republicana, añade que “primero se debe ver bien los supuestos del cálculo de ingresos, dado que en los últimos años estos han estado estimados de manera demasiado optimista”.

Misma prioridad es la que entrega el senador RN, José García Rumonit: “Lo primero será revisar las estimaciones de ingresos. Los presupuestos 2024 y 2025 han tenido graves errores en los cálculos y ello ha derivado en incumplimiento de las metas fiscales que el propio Ejecutivo se ha impuesto, provocando disminución de los escasos ahorros fiscales y aumento de la deuda pública”.

En Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, plantea que lo primero es que se tiene que hacer un presupuesto con cifras “realistas” y que se vayan a “cumplir” porque en los últimos años, dice que no se han cumplido las proyecciones de ingresos ni de déficit fiscal.

En el oficialismo, el diputado Luis Cuello (PC) afirma que el tema de las proyecciones de ingresos “sin duda será objeto de debate. Para el próximo año hay que poner atención, por ejemplo, a los resultados de la implementación de la ley de cumplimiento tributario”.

Estrecho margen para gastar

Para los parlamentarios la complejidad que tiene este presupuesto es que se deben abordar las principales prioridades que tiene la ciudadanía, pero dentro de un acotado margen para que el gasto público suba.

Una pista de cuánto espacio fiscal tendrá el fisco lo entregaron los expertos del comité de PIB tendencial que calcularon una tasa de crecimiento del parámetro del 2,6% anual para 2026 y un precio del cobre de largo plazo en US$ 4,38 la libra. Con ello, el espacio fiscal sería del orden del 2%.

Con este contexto, los parlamentarios dicen que si bien se debe mantener un gasto austero y acotado, no por eso se debe recortar recursos en áreas clave para la ciudadanía.

“Tenemos que procurar que se reduzca el déficit estructural. Por ello, lo que debemos hacer es priorizar algunas partidas que nos parecen importantes. Entre ellas, programas relacionados con seguridad, salud, los programas sociales de educación, vivienda, esos recursos no se deberían tocar”, comenta el diputado del partido Republicano, Agustín Romero.

También menciona que buscará que el ajuste fiscal se produzca en gasto corriente y no en inversiones. “Vamos a poner ojo en aquellos bienes y servicios de consumo, por ejemplo, lo que dice relación con el gasto corriente, ese tipo de programas probablemente o de ítems, nosotros vamos a ir poniéndole mucho control”.

Para el diputado de la UDI Felipe Donoso, “tiene que ser un presupuesto austero, pero inteligente priorizando las partidas más necesarias para la ciudadanía. El ajuste fiscal no debiera afectar las acciones operativas de persecución del delito, tampoco prestaciones de salud y vivienda”.

Y García Ruminot afirma que “las partidas de salud, educación y trabajo, incluida el pago de PGU, no debieran sufrir disminuciones. Son presupuestos sin holguras”.

En el oficialismo plantean que el gasto debe estar focalizado en los temas sociales como salud y educación, entre otras materias.

En ese contexto el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC), dice que los recursos tienen que cubrir los derechos sociales en relación a la salud, a terminar con las listas de espera, a fortalecer la salud primaria”.

Otro énfasis que plantea son los recursos para la educación, la gratuidad y la seguridad. También dice que “el presupuesto tiene que aumentar en vivienda. El plan de emergencia habitacional del gobierno ha generado un impacto tremendamente positivo en las comunidades del país y principalmente lo he visto en mi distrito como se han ejecutado importantes proyectos y algunos se están ejecutando y van a generar que la gente prontamente pueda contar con su casa, es algo que hay que darle continuidad”.

Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio, menciona que “las prioridades tienen que estar en las necesidades de las personas. Y ahí un área importante es salud las para poder hacerse cargo de las listas de espera, poder ir con más recursos para los hospitales y contar con algún estudio que permita darle viabilidad al hospital de La Cisterna”. Otra área importante para la diputada “es la seguridad”.

Cuello, en tanto, espera que “el presupuesto crezca lo necesario para atender las necesidades de la población en seguridad, educación, salud y transporte. Al mismo tiempo, es esencial que se mantenga un fuerte componente de inversión pública como motor del crecimiento económico”.

Sobre las áreas prioritarias, el diputado añadió que debe ser “seguridad, salud; educación pública, donde es necesaria la recuperación de la infraestructura y establecer garantías de financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los colegios, porque hoy no las hay”.

Fondo de libre disposición

Al ser un Presupuesto que lo ejecutará otro gobierno, la tradición establecida dice que se debe dejar un fondo de libre disposición que permita el proceso de instalación y los énfasis que quiera implementar en sus primeros meses de gobierno. Así, cada primer año de gobierno, se incluyen recursos de libre disposición en la Partida Tesoro Público, en la asignación Provisión para Distribución Suplementaria, que se conoce como “glosa republicana”. Esta asignación permite realizar los aportes a los servicios incluidos en la ley de Presupuestos, que determine el ministro de Hacienda hasta el 30 de septiembre del año correspondiente.

En el último cambio de gobierno, que fue en 2022, este monto fue de $ 339.940 millones. Además, existen recursos de libre disposición que permiten realizar aportes a organismos del sector público con un máximo fijado y disponible en el Tesoro Público. Para 2022 la provisión para financiamientos comprometidos fue $ 166.846 millones y se establecía que se podía incrementar hasta $ 251.260 millones.

Para la discusión de este Presupuesto, la Comisión revisora del gasto público recomendó al gobierno medidas que apuntan a eliminar la provisión y reemplazarla por una facultad explícita y acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno, sin aumentar el gasto total. Las reasignaciones se informarían trimestralmente al Congreso, otorgando flexibilidad con control y transparencia. Si bien no se cuantifica en montos, se entregan en general US$ 700 millones.

Entre los parlamentarios hay distintas miradas sobre la necesidad de dejar estos recursos. Yeomans es partidaria de que “más allá de lo que le vaya a quedar a otros gobiernos, lo importante es que las leyes de presupuesto se hagan cargo de las necesidades de las personas y que no se transformen en gallitos políticos entre coaliciones, entre parlamentarios, entre partidos”.

En cambio, para Cuello “es una medida democrática que debe mantenerse para que el próximo gobierno tenga un espacio que le permita desarrollar su programa”.

En la oposición, si bien consideran que es necesario contar con esos recursos, dada la situación fiscal lo ven poco probable. Uno de los que plantea esa mirada es García Ruminot: “Veo muy difícil que tengamos fondo de libre disposición. La situación fiscal es demasiado estrecha. Ya han dejado saber la intención de cambiar esos recursos por una facultad de reasignación. Cualquiera sea la fórmula, sin recursos, será muy difícil de cumplir”.

Visión similar entrega Mellado: “Está difícil por el déficit fiscal que dejará este gobierno y prácticamente casi nulas reservas del Fondo de Estabilización Económica y Social, por lo que veremos si habrá recursos para eso”. Y Donoso sostiene que “deben estar contenidos y financiados en el Presupuesto”.P