La propuesta del gobierno para el proyecto de reajuste del sector público sigue generando fuertes discrepancias entre la administración Boric y la oposición, sobre todo por la norma que busca restringir - a través de una mayor justificación- los despidos de los funcionarios a contrata. Si bien la iniciativa todavía no se conoce, el debate no ha cesado.

Por lo mismo, para explicar y dar a conocer el detalle del cuerpo legal que ingresará al Congreso el próximo 5 de enero, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a una reunión a los asesores de los parlamentarios de la oposición que integran las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, la que se efectuará de manera telemática el lunes 29 a las 17 horas.

De acuerdo a la invitación que cursó Teatinos 120, se especifica que también están convocados los jefes de bancadas con el objetivo de presentarles todo el contenido de la ley de reajuste, en el sentido de cada norma, pero sin mostrar la redacción específica del articulado.

Según el mensaje de Hacienda, la idea de esta cita es evitar sorpresas y anticipar diferencias o temas que puedan faltar, de modo de tener una tramitación fluida.

En la oposición, desde el partido Republicano hasta RN confirman que sus asesores asistirán a esta reunión. Y para el martes está citado un nuevo encuentro, esta vez con los propios parlamentarios, quienes analizarán si irán o no, ya que eso dependerá de los avances que se produzcan el lunes.

El diputado RN, Frank Sauerbaum, afirma que “luego de conocer las normas que presentará el gobierno en la ley de reajuste, que se estiman en más de 100, analizaremos en conjunto como oposición si asistimos a reunirnos con el gobierno y en qué condiciones”.

Si bien la primera cita apunta a hablar con los asesores, el diputado de la UDI Felipe Donoso anticipa que participará de manera directa. “El lunes hemos sido invitados por el ministerio para exponer el contenido de la ley de reajuste. Esto tiene un carácter más bien informativo, pero no es posible en una reunión como esta generar una opinión acabada sobre todos los puntos, ya que solo podremos tener el texto cuando ingrese efectivamente al Parlamento”.

Y Agustín Romero, del partido Republicano, añade que “los republicanos vamos a enviar un asesor para participar de esa instancia, tomar nota de los temas que se están abordando y, con esa información, continuar la tramitación del proyecto como corresponde, de manera responsable y sin sorpresas, siempre velando por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.

Los focos de conflicto

Un primer foco de conflicto es que en el protocolo que firmó el gobierno con la mayoría de las asociaciones de funcionarios públicos, se establecieron disposiciones que restringirían el despido futuro de este tipo de trabajadores, justo antes del cambio de gobierno, y en línea con una petición expresa que había hecho la mesa del sector.

Una primera norma dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, se establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá 2 abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Se agrega una segunda norma que regula “al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.

Otro de los focos de cuestionamiento de los diputados de la oposición es el financiamiento del reajuste. Uno de los más críticos ha sido el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien afirmó que “el gobierno solamente provisionó US$600 millones, en cambio, (el reajuste) tiene un costo de US$1.500 millones”. Esa es otra de las dudas que esperan que sea aclarada.