Fue en agosto del 2024 cuando el entonces ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que se iniciaría el proceso para caducar la concesión de la empresa italiana Enel. La eléctrica estuvo en el ojo del huracán luego de que fuertes ráfagas de viento afectaran el suministro eléctrico a casi 2,5 millones hogares en la zona centro-sur del país.

El 1 y 2 de agosto de ese año un temporal de viento con ráfagas de hasta 124 kilómetros por hora, derribó 800 postes de la red eléctrica y unos 2 mil árboles cayeron encima de los cables. Todo eso provocó un corte de luz masivo. Lo complejo fue que a la semana, y luego de dos planes fallidos de cumplimiento de Enel, continuaron más de 100 mil clientes sin electricidad. El negocio de distribución de Enel, según detalla en sus estados financieros a 2025, dispone de una zona de concesión de 2.105 km², abarcando 33 comunas de la Región Metropolitana.

La decisión final de la concesión de Enel la toma el Presidente de la República. Aunque en su momento se pensó que la determinación iba a pasar en el gobierno de Gabriel Boric, ello no ocurrió y ahora deberá decidir el actual jefe de Estado, José Antonio Kast. La demora fue por el informe técnico. Justamente, existe un paso previo para que el Presidente decida, un informe técnico que debe entregar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la ministra de Energía, Ximena Rincón, y que a su vez entregará al mandatario el expediente.

Este informe se encuentra actualmente detenido. “La empresa ha decidido judicializar aspectos como la Fuerza Mayor, lo que impide contar con un informe conclusivo definitivo”, explicaron a Pulso fuentes de la SEC. “Para poder contar con un Informe Técnico conclusivo, es necesario que los Tribunales de Justicia puedan resolver los recursos interpuestos por la empresa Enel”.

El informe es clave para que el gobierno decida qué hacer con la concesión de Enel. Ya que es un análisis de desempeño de la empresa que se contrasta con la normativa vigente, apuntando a tres aspectos esenciales: la calidad del suministro, del productor y de la atención comercial. En todo caso, este análisis ya fue realizado por la SEC. El contenido del informe será principalmente una evaluación del servicio de la empresa, y no una recomendación como tal para quitar o no la concesión.

Cercanos al proceso sostienen que en el Ministerio de Energía están al tanto de que el proceso para emitir el informe técnico requerido a la SEC se encuentra suspendido debido a la judicialización que ha llevado a cabo la empresa Enel. No obstante, una opción para que se destrabe el proceso es que la empresa retire los recursos. La compañía fue consultada por esta opción, pero declinó responder.

Que este informe estaba detenido se supo solo cuando el exbiministro de Economía y Energía, Álvaro García, declaró a fines de febrero que “Enel optó por llevar esas multas a los tribunales y los tribunales están analizando la situación. Mientras no haya fallos es inconducente e imprudente avanzar en otras materias“. No obstante, cercanos al organismo técnico respaldan esos dichos, sosteniendo que sin la decisión de los tribunales, no se puede concluir el proceso.

Las causas que retrasan el informe de caducidad

Las causas que están paralizando la conclusión del informe técnico de la SEC son dos, cuyos procesos están alojados en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambas fueron ingresadas el 2024 como recursos de reclamación, en septiembre y noviembre de ese año exactamente, por Enel Distribución Chile, llevando alrededor de un año y medio en tribunales.

En el primer proceso judicial, iniciado el 30 de septiembre de 2024, la eléctrica impugnó que la SEC rechazara 2.233 de las 2.248 postulaciones de clasificación como eventos de fuerza mayor vinculadas al corte de suministro de mediados de 2024. Estas fueron calificadas como interrupciones de carácter “interno”, se apunta en ese escrito.

En la segunda embestida, del 27 de noviembre del mismo año, Enel reclamó contra una resolución de la SEC del 14 de noviembre de 2024, que rechazó la solicitud de la compañía de calificar el Estado Anormal Agravado (EAA). La empresa busca dejar sin efecto esa resolución y pide que se defina el corte de suministro como EAA.

Básicamente, una de las partes centrales que argumenta la empresa italiana en tribunales dice relación con la fuerza mayor. Enel alega que el corte de suministro que se vivió hace dos años en el invierno se debió a razones de fuerza mayor y que, por ello, deben ser eximidos de la responsabilidad de afectación en los deberes de continuidad y seguridad de suministro. Con eso buscan que se califique su situación como un estado anormal agravado.