Por Valeria VegaTC declara inadmisible requerimiento de acreedores de Enjoy en colusión de casinos y reactiva juicio en TDLC
Con la resolución del Tribunal Constitucional, las audiencias para la investigación por colusión de grandes casinos en Chile podrán desarrollarse en el Tribunal de la Libre Competencia.

La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por AVLA Seguros de Crédito y Garantía (Avla) e Inversiones Asterix (Asterix), ambas firmas acreedoras de Enjoy.
El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue presentado por Avla y Asterix en su calidad de acreedoras de Enjoy, y con él buscaban hacerse parte como terceros independientes en el juicio seguido ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). Esto mantuvo el juicio suspendido desde el 25 de febrero de este año.
Esta declaración deja sin efecto la suspensión del juicio por colusión, iniciado en octubre de 2024 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en contra de las tres grandes empresas operadoras de casinos de juego en Chile: Dreams, Enjoy y Marina del Sol.
La resolución del TC establece que el recurso no es admisible, dado que “la argumentación de la parte requirente no logra articular un conflicto de constitucionalidad”.
En cambio, el Tribunal consideró que “el reproche formulado no se dirige contra el contenido normativo de las expresiones impugnadas del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, sino contra la forma en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las interpretó”, por lo que significa un “asunto de mera legalidad”.
Juicio por colusión
En octubre de 2024, la FNE presentó un requerimiento ante el TDLC contra Dreams, Marina del Sol y Enjoy, acusándolas de coludirse para obtener licitaciones de permisos de operación de casinos entre 2020 y 2021.
A comienzos de 2025, la FNE autorizó que Alva adquiriera seis casinos de Enjoy, en medio de un proceso de reorganización de la empresa fundada por la familia Martínez.
Con la decisión del TC, las audiencias pendientes para rendir prueba en la investigación por colusión podrán desarrollarse en el TDLC.
En caso de ser declaradas culpables, las administradoras de casinos arriesgan el pago de multas que suman US$152 millones, además de la revocación de los permisos obtenidos mediante prácticas anticompetitivas.
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