Este martes, a las 9:30 horas, el pleno del Tribunal Constitucional revisará el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma aprobada recientemente en el Congreso.

Dicho artículo introduce un nuevo precepto (artículo 2° bis) a la Ley N° 16.282 sobre sismos y catástrofes. Esta disposición obliga a las concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de gas a reconectar de manera gratuita a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que residan en zonas declaradas en estado de catástrofe.

Específicamente, la norma cuestionada establece que las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas deberán reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, incluso en aquellos casos en que el suministro haya sido suspendido previamente por falta de pago.

El tribunal presidido por la abogada María Pía Silva, nombrada el 25 de junio del 2018, decidió realizar una audiencia para resolver la controversia. En esa audiencia solo se permtió el alegato del abogado representante del gobierno, Joaquín Palma, quien expondrá por 30 minutos las razones para impugnar el artículo mencionado.

Palma en entrevista con La Tercera explicó que “este es un proyecto que contiene efectivamente una idea matriz: la reconstrucción de las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble, sin embargo, la medida como está redactada en el artículo 31°, ni siquiera menciona a esas regiones. No es un artículo con enfoque acotado, como lo dice la idea matriz del proyecto para reconstruir las zonas del Biobío, Ñuble y Valparaíso. Es un artículo que hace algo muy distinto. Por la vía del vehículo de la Ley de Reconstrucción, modifica otra ley, la 16.282, para la declaración de zonas de catástrofe por sismos u otras catástrofes. Hace una modificación general a este sistema y a futuro. Ni siquiera apunta a la reconstrucción de las regiones a las que hace referencia".

Los abogados de los gremios de las firmas afectadas pidieron que se realizara una audiencia en la que ellos pudieran exponer sus argumentos, pero el TC rechazó esta petición, asegurando que previo a la vista de la causa se tendrán presentes sus escritos para la resolución.

Las fuentes consultadas señalaron que es muy probable que este martes pasado, el mediodía se comunique el resultado, pero que quede pendiente la redacción final.

La postura del gobierno es apoyada por gremios de servicios básicos. Así, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), la Asociación de Empresas Eléctricas (EEAG) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) también acudieron al TC para impugnar el cuestionado artículo del proyecto de ley.

Por su parte, diputados y senadores de oposición presentaron escritos al Tribunal Constitucional para solicitar el rechazó del requerimiento del Ejecutivo.