Los desafíos para avanzar hacia una reactivación sostenible e igualitaria en términos de género

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El reciente informe Autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad elaborado por la Cepal (2021) documenta con cifras actualizadas la aguda situación que enfrentan las mujeres a consecuencia de los efectos de la pandemia por Covid-19 en América Latina y el Caribe.

Los datos son elocuentes y describen un escenario que las políticas de reactivación económica y social no pueden obviar: el rol gravitante que tienen las mujeres para impulsar un desarrollo sostenible e igualitario, y para ello, la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en las diversas respuestas y políticas que implementen los Estados para la reactivación.

Sin embargo, el informe va más allá, planteando la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma que ponga en el centro un sistema integral que garantice el derecho a los cuidados, con participación del Estado, el mercado y una redistribución de los roles de género dentro de la familia, puesto que si algo nos enseña esta pandemia es que la sobrevivencia depende de aprender a cuidarnos entre todos.

El informe indica que, de no mediar apoyos específicos, cerca de 118 millones de mujeres se encontrarán en situación de pobreza, 23 millones más que el 2019. Esto se debe a que la pandemia ha afectado con mayor fuerza aquellos sectores de la economía que tienen una sobrerrepresentación de las mujeres, como son el turismo, la industria manufactura (el caso de las maquilas), el comercio y el trabajo doméstico.

De hecho, en América Latina los sectores con alto riesgo de perder empleos concentran un 56,9% de la fuerza laboral femenina. Estos sectores además se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones, bajos niveles de calificación y escaso acceso a la protección social. La pandemia profundizó por tanto la desigualdad social y la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En el caso de Chile, por ejemplo, la proporción de mujeres en el área de la salud es de 73,6% y la brecha salarial entre hombres y mujeres en este sector es de 26,9 puntos porcentuales. La realidad que enfrenta la región es un retroceso de 10 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral.

La paradoja es que son precisamente las mujeres quienes han estado en la primera línea de respuesta a la pandemia, al estar concentradas en el área de la salud, educación y trabajo doméstico, y son además quienes han soportado la mayor carga de cuidados dentro de familia (cuidados no remunerados), haciéndose cargo de los efectos del cierre de las escuelas, de cuidar a quienes enferman y evitar el contagio de sus familias.

Si antes de la pandemia las mujeres ya destinaban más tiempo que los hombres en las labores de cuidado, haciendo extenuante la compatibilidad entre trabajo y familia, la pandemia profundizó esta distribución desigual, al punto que en muchos casos se vuelve insostenible, obligándolas a dejar sus empleos, e incluso dejar de buscar trabajo. Una medida puntual que se plantea es poner en la primera línea de vacunación a quienes se desempeñan en labores de cuidado, incluidas las trabajadoras domésticas.

Sabemos que la recuperación del empleo será más lenta para las mujeres. Son muchos los factores que explican esta situación, sin embargo, el informe se detiene en uno que ha sido poco abordado por las políticas públicas: la brecha digital y de conectividad que las afecta.

Esta brecha se profundiza en la intersección de la pobreza y el género, socavando las oportunidades de empleo y desarrollo que podrían tener las mujeres ubicadas en los primeros quintiles de ingresos.

El alto costo que representa el servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos –en promedio 14% y el 12% de sus ingresos- las excluye de los posibles efectos positivos de la economía digital.

Este punto es crítico y requiere medidas que apunten a disminuir esta brecha, así como medidas que garanticen el trabajo decente en este sector, de lo contrario la revolución digital redundará en una mayor precarización de las condiciones laborales, cuestión que podría afectar en mayor medida a las mujeres. Ello por cuanto los trabajos en plataformas digitales tienden a no contar con derecho a la organización sindical, derecho a huelga, derecho a negociación colectiva, no garantizan vacaciones, licencias por enfermedad, seguros de salud, protección maternal o seguro de desempleo.

Otro aspecto fundamental de considerar es avanzar hacia un pacto fiscal que permita la recuperación con igualdad de género. Para ello es necesario conocer los efectos diferenciados entre hombres y mujeres de las medidas fiscales impulsadas por los Estados, aumentar la progresividad de los sistemas tributarios, y fortalecer la asignación presupuestaria dirigida a servicios claves para las mujeres como son atención a situaciones de violencia de género, servicios de salud sexual y reproductiva y servicios de cuidado.

La recuperación por tanto debe velar por no reproducir ni profundizar las desigualdades de género y favorecer las condiciones necesarias para que la mujer logre reincorporarse a trabajos de calidad y con condiciones de igualdad.

Académica Universidad Mayor, investigadora asociada COES

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