Antonia Orellana (CS): “Proponemos reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas”

La candidata por el distrito 10 dice que buscará "incorporar el principio de participación paritaria en el ámbito político, social y económico para terminar con la exclusión histórica de las mujeres en la democracia".




“Me gusta pensar este proceso no como el cierre de algo sino como el inicio de un nuevo periodo político del país que va a estar marcado por la participación paritaria de las mujeres”. Eso responde la periodista y candidata a la convención, Antonia Orellana (31), al ser consultada sobre el momento constitucional que vivimos.

Para la candidata, quien desde 2015 a 2020 formó parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la vida libre de violencia de mujeres y niñas, son parte fundamental de sus propuestas.

¿Cómo se puede implementar el “Estado cuidador” que propone?

Es básicamente una superación de la idea de Estado de bienestar que tampoco incluía a las mujeres. Y ahora en pandemia ha quedado más que claro que la interdependencia de la sociedad es un hecho. Nos necesitamos, convivimos, etc. La redacción para garantizar el Estado cuidador es primero definir el carácter del Estado. Actualmente no existe una definición de Estado subsidiario pero sí podríamos avanzar hacia una definición taxativa del Estado cuidador.

Esta Constitución será paritaria, ¿también buscaría incluir la paridad en la Carta Magna?

A la hora de definir nuestro régimen político proponemos incorporar el principio de participación paritaria en el ámbito político, social y económico para terminar con la exclusión histórica de las mujeres en la democracia. Y también para incorporar así a la sociedad en los procesos de toma de decisión a nivel local, regional y nacional. Eso incluye los órganos colegiados del Estado y sin duda eso es materia de legislación pero también debería incluir a los servicios públicos, a las empresas públicas y, en el fondo, a todos los ámbitos de toma de decisión que tengan que ver con lo público.

Uno de los debates más comentados en los últimos días fue el que protagonizó con el candidato Arturo Zúñiga sobre el aborto. ¿Cuál es su visión sobre el derecho a la vida, el aborto y la relación con los derechos sexuales y reproductivos?

En términos de la Constitución lo que nosotros proponemos es reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos. Es algo que ha sido demandado por muchos años por muchas organizaciones de mujeres y que ha sido torpedeado a través de estos cerrojos que dejó Jaime Guzmán. Han sido bloqueados a través de la iniciativa exclusiva del Presidente y a través de nuestra tercera cámara, el Tribunal Constitucional. No solo cuando se inventó la objeción de conciencia institucional sino también cuando intentó prohibir entregar la pastilla del día después.

¿Y qué propone?

Entonces nosotras proponemos poner en el catálogo de derecho los derechos sexuales y reproductivos pero también dar las condiciones para que esos marco se vayan ampliando conforme profundizamos la democracia.

Una de sus propuestas es consagrar el derecho a la vida libre de violencia de mujeres y niñas en la Carta Fundamental, ¿cómo se podría traducir en que sea efectivo y no quede solo en lo escrito?

Existen distintas estrategias de redacción. Por ejemplo, podemos garantizar el derecho a una vida libre de violencia a nivel universal y establecer instituciones o mecanismos para su tutela efectiva o estableciendo mandatos para el Estado y que luego deberán ser desarrollados en la legislación para el diseño e implementación de políticas de prevención, erradicación y reparación. Allí lo importante es que la expresión vida libre de violencia y el mandato para el diseño e implementación de políticas esté incorporado. Una cosa importante tiene que ver con que ese mandato luego se exprese en el diseño y en la legislación y en el diseño de las políticas públicas en programas efectivos de prevención. Hoy tenemos programas muy precarios de reparación. Y digo precario porque a una monitora de prevención de la violencia, un centro de la mujer, que tiene que atender a siete mujeres que están en una situación grave, le pagan 500 lucas. Esa es la precariedad respecto a la política de hoy.

¿Cree que debiera replantearse el régimen político actual? Han sonados los términos de semipresidencialismo, semiparlamentarismo...

Creo que hay varios mecanismos para redistribuir el poder. La principal demanda de la sociedad tiene que ver con la sensación de abuso, también es una demanda por poder ejercer más poder de forma más democrática. Chile no es un Estado presidencialista, es un hiperpresidencialismo, un presidencialismo exacerbado. Entonces ese régimen nos tiene atados de manos y ha sido uno de los principales obstáculos para poder hacer algo frente a la desastrosa estrategia sanitaria del gobierno en pandemia. Y para eso proponemos limitar las atribuciones exageradas que tiene hoy el Ejecutivo para que dichas facultades residan en el Poder Legislativo. Y por otro lado, cuando hablamos de descentralizar el poder hablamos del poder político y también económico. Redistribuir el poder también significa que una nueva Constitución tenga el derecho a huelga y la negociación colectiva por rama.

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