El choque de trenes del TC y la Suprema: La difícil interna que vive el organismo que dirige Aróstica

La disputa de poder entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional está lejos de terminar. Las zonas de fricción entre ambos se pondrán a prueba luego de que el Ejecutivo anunciara una reforma al órgano dirigido por Iván Aróstica. La alta tensión se siente en los tribunales y el Presidente Sebastián Piñera decidió asumir el rol dirimente.


“Vamos a pedir un informe a la Dirección de Estudios y la opinión a exministros del Tribunal Constitucional sobre los cursos que deberemos seguir ante el anuncio de la reforma al organismo. Se cierra la sesión”. Esta, recuerdan algunos de los presentes en el pleno del lunes 11, fue la estrategia que propuso el presidente del TC, Iván Aróstica, para afrontar el balde de agua fría que les había lanzado hace pocos días el Presidente Sebastián Piñera en plena ceremonia de inauguración del año judicial -el 1 de marzo-, cuando anunció que este año ingresará un proyecto para reformar el organismo.

La propuesta de Aróstica no fue bien recibida por la mayoría de los integrantes del TC, preocupados por las sucesivas embestidas que recibe el organismo. Se había acordado -precisamente- usar ese pleno extraordinario, administrativo e informal para, en conjunto, planificar las acciones que permitirán evitar pérdida del poder que actualmente detentan como “guardianes” de la Constitución ante la inminente reforma que diseñará el Ejecutivo y delinear una estrategia que asegure la sobrevivencia del organismo por varias décadas más. Sin embargo, a varios decepcionó que la única idea que surgiera de su presidente fuera una “solución académica” cuando -para algunos de ellos- lo importante era ahora mostrar gestión política.

La crisis, admiten en el TC, llegó a su punto máximo el día de la inauguración del año judicial. Conocidas eran las desavenencias del organismo con el Congreso por los controles preventivos obligatorios a diferentes leyes tramitadas por el Poder Legislativo y que después resultaron “mutiladas”, según se quejaron los parlamentarios, como sucedió con la denominada Ley Sernac. El enfrentamiento con los congresistas estaba siendo contenido, pero escuchar al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la ceremonia más importante del año a nivel judicial alzar la voz para cuestionarlos cara a cara fue la gota que rebasó el vaso.

Ese día, Aróstica, sentado en primera fila, y el resto de los ministros del TC apostados en la segunda, oían el discurso de Brito, cuando sus actuaciones salieron a la palestra y fueron blanco de duras críticas. El primer dardo apuntó a las paralizaciones de los procesos penales decretadas por el organismo que dirige Aróstica en causas por delitos de lesa humanidad.

“El año 2018, 25 causas de derechos humanos se encontraban o fueron suspendidas con ocasión de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de leyes eventualmente decisorias, 16 de ellas fueron finalmente rechazadas. La suspensión alcanzó períodos que van entre los 25 y los 657 días, paralizándose los procesos 238 días en promedio”, sostuvo Brito. Pero no le bastó con eso, luego apuntó a “tensiones” y la “necesidad de observar rigurosamente los límites insalvables de las distintas competencias”.

Brito usó como ejemplo el fallo del TC que declaró inaplicables las normas del Código del Trabajo sobre tutela laboral en un proceso en que se pretendía unificar jurisprudencia en favor de una funcionaria pública municipal, para advertir a la audiencia -encabezada por el Presidente Sebastián Piñera- sobre la “existencia de áreas cuyos límites requieren análisis y observación crítica que conduzcan a superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”.

El broche de oro de la jornada fue la intervención del Jefe de Estado, quien anunció en el mismo Palacio de Tribunales una reforma este 2019 que modernice al TC. Ya no eran el Poder Legislativo y el Judicial, simplemente, se sumaba a la ofensiva el Ejecutivo.

Terminado el acto y en señal de repudio, los integrantes del TC se retiraron del salón pleno y no se quedaron al tradicional vino de honor en señal de protesta.

Solo entonces algunos ministros del TClamentaron que días atrás Aróstica pospusiera una cita previa que tenían con el ministro de Justicia, Hernán Larraín -que la había gestionado el presidente (S) del organismo, Gonzalo García-, quien podría haberles advertido de que Piñera haría el anuncio. El almuerzo se concretó solo el 4 de marzo. En esa oportunidad, la inquietud sobre cuán profunda será la reforma se apoderó de la visita del secretario de Estado al edificio ubicado en calle Huérfanos.

Si bien el ministro Larraín -según comentaron algunos asistentes- se comprometió a llevar sus inquietudes ante el Presidente, el tono empleado en el encuentro dejó la impresión de que el cambio no solo sería de la composición (actualmente son 10 ministros y se pretende que sean impares para que no se produzcan empates) y el mecanismo de nombramiento de sus jueces, sino que incluso podría determinar que las inaplicabilidades por inconstitucionalidad vuelvan a manos de la Corte Suprema, como ocurría hasta antes de la reforma de 2005.

Tribunal “político”

En una recordada sentencia del año 2017 el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz sostuvo -en una prevención- que había que eliminar un párrafo del dictamen, pues citaba jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El motivo para ello, según se lee en el fallo, es que el TC era “un tribunal político (en el estricto sentido de la palabra) y sus fallos no pueden constituir fuente de jurisprudencia para el tribunal máximo de la República, como es la Corte Suprema”.

Las fricciones entre el máximo tribunal y el TC, los dos organismos que en Chile actúan como intérpretes de la Constitución, data desde hace años y algunos abogados del foro coinciden en que se profundizó desde el arribo del ministro Sergio Muñoz, en 2014.

Este último como presidente de la Tercera Sala, hasta donde llegan los recursos de protección, es decir, los conflictos que tienen que ver con la Carta Fundamental, ha sido en extremo celoso de las facultades del máximo tribunal.

Desde hace meses que los mensajes de los supremos a los miembros del TC, en lo que se critica las suspensiones y las modificaciones que estos han hecho de sus sentencias, son secretos a voces.
Pero el mayor hito de la “declaración de guerra” ocurrió el 20 de febrero, una semana antes de la inauguración del año judicial. En una inédita decisión, la Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección presentado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Asemuch, en contra del Tribunal Constitucional representado por Aróstica.

Liderados por Muñoz, los ministros Ricardo Blanco, Arturo Prado y el subrogante Rodrigo Biel acogieron a trámite la acción que había sido rechazada de forma unánime en la Corte de Apelaciones de Santiago. “Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”, se lee en la resolución de los supremos.

Hace un par de días, además, se pidió un informe al TC de su actuación que -bajo este escenario- podría ahora declararse ilegal. Es decir, mediante una acción constitucional la Suprema habría encontrado la fórmula para deshacer la decisión del TC que, a su vez, echó abajo el fallo de la Cuarta Sala que acogía las demandas de tutelas de funcionarios de la administración pública.

La única jueza que votó en contra de esta decisión fue la ministra Ángela Vivanco. Desde el TCvaloran la actitud de la abogada, quien hasta antes de ser nombrada en la Corte Suprema, en julio de 2018, era una de las cartas que barajaba el gobierno para el Tribunal Constitucional. “Fue valiente, está recién llegada y, sin duda, esto le generará un conflicto”, comenta un ministro desde el edificio de Huérfanos.

Hace pocos días, el 7 de marzo, el TC devolvió el golpe. La Primera Sala -liderada por Aróstica- en votación estrecha habría decidido declarar admisible y mantener la suspensión de la causa que la jueza Romy Rutherford sigue en contra del excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo. Este recurrió al TC para intentar impugnar la norma del secreto de sumario de la justicia militar que le impide conocer los antecedentes que hay en su contra antes de que le tomen declaración como inculpado.

Al declarar admisible el recurso, dicen en el Poder Judicial, se abrió la puerta a que la paralización se haga extensiva a otros investigados por Rutherford, como el general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, hoy procesado por malversación de $ 3.500 millones en momentos en que a la jueza le resta solo un año de investigación.

Hay quienes desestiman que se esté frente al fenómeno “choque de trenes” que se ha experimentado en otros países entre tribunales supremos y constitucionales.
El ministro Carlos Aránguiz, en todo caso, aseguró que en ambos tribunales “al final priman siempre la cordura, la independencia y la imparcialidad jurídica cuando es necesario dictar una sentencia”.

La lupa de Piñera

El nudo de la polémica entre el TC y la Corte Suprema se originó en 2005, cuando el entonces Presidente Ricardo Lagos reformó la Constitución y los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que hasta entonces eran exclusivos del máximo tribunal del país, y pasaron a manos del TC.

Esta acción permite que un ciudadano recurra al TC para que no se le aplique una norma que se considere contraria a la Constitución. De ser acogida, se impide a un juez de la República usar esa ley en contra de una persona.

Ya durante el gobierno anterior el organismo que hoy dirige Aróstica comenzó a ser objeto de duros cuestionamientos desde el entonces oficialismo, donde se resentía que Chile Vamos recurriera a este para intentar detener las reformas de Michelle Bachelet.

En la campaña presidencial, el entonces candidato oficialista Alejandro Guillier prometió suprimir el organismo, mientras que Piñera comprometió modificaciones.

Ya con esta tensión instalada, en La Moneda -asegura una alta fuente de Palacio- ven con preocupación los desencuentros entre el TC y la Corte Suprema.

En los próximos días, el Mandatario -quien ha tomado un rol protagónico, hasta ahora privado, en esta discusión- sostendrá una reunión con los ministros de Justicia, Hernán Larraín, y de la Segpres, Gonzalo Blumel, ambos encargados del tema, para abordar cuáles serán los pilares de las reformas al TC que alzará el Ejecutivo.

En La Moneda sostienen que -tal como se señaló en la campaña presidencial- se prevén cambios en cuanto a la composición, nombramientos y no se ha descartado limitar el control preventivo de leyes, la mayor preocupación que existe hoy por hoy en el Congreso.

El problema, admiten en La Moneda, es que para realizar estos cambios se necesita un quórum calificado en el Congreso, es decir 2/3, por lo que es imprescindible llegar a un acuerdo amplio.
El presidente de la Comisión de Constitución, senador PPD Felipe Harboe, aseguró que para la oposición “reformar el TC constituye un imperativo ético para terminar con una institución que afecta la separación de funciones tanto del Congreso como del Poder Judicial”. El problema es que en el oficialismo no hay ánimo para cambios profundos. Los dos senadores de Chile Vamos de la Comisión de Constitución, Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI), ya notificaron al gobierno de que cualquier paso en la reforma al TC debe contar con la venia de los partidos oficialistas. De lo contrario, se arriesga una fractura no menor en las filas de gobierno.

El mensaje tenía por objetivo neutralizar que en La Moneda se entusiasmen con abrirse a modificaciones más profundas al TC a cambio de los votos opositores a las reformas estructurales de Piñera: tributaria y previsional, entre otras.

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