A Esperanza Martínez le mataron tres familiares y vio muchos cadáveres en su barrio, un antiguo feudo de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador.

Desde hace un tiempo vive más tranquila, pero no se fía de los pandilleros: “Siempre hay, escondidos, pero hay”, murmura a la AFP.

Al pie de una colina de San Marcos, 5 km al sur de la capital, la colonia 10 de Octubre, como otros exbastiones de las maras, es otra cosa tres años después de que el presidente Nayib Bukele iniciara su guerra antipandillas.

Es hora de almuerzo y hay ajetreo en los puestos de verduras, un motociclista entrega comida rápida y una mujer anuncia granizados, sentada en el cajón de una camioneta destartalada.

Algo normal pero impensable tiempo atrás cuando ningún extraño podía entrar en los vastos territorios controlados por la MS-13 y su rival, la Barrio 18, que por tres décadas aterrorizaron al país y lo hicieron uno de los más violentos del mundo.

“Muchos entraron y no salieron de aquí. Vi muertos tendidos ahí mismo, baleados o picados. Arriba hay un cementerio clandestino”, cuenta Martínez, apuntando a la loma desde las gradas de una de las callejuelas que serpentean el vecindario.

Allí ha vivido 34 de sus 65 años. Había que encerrarse y no salir de noche.

“La orden era ver, oír y callar”, relata, sin querer mostrarse en cámaras.

A su sobrina de 12 años la asesinaron por no entrar a la mara, a la madre de ésta por defenderla y al esposo de su hermana por no pagar una extorsión.

Una de sus tres hijas emigró a Estados Unidos con 17 años, amenazada de muerte.

“Hasta el último terrorista”

Su barrio es famoso porque estuvo controlado por Élmer Canales Rivera, el “Crook de Hollywood”, alto líder de la MS-13 que según el diario digital El Faro fue excarcelado por Bukele en un pacto que tenía con las maras antes de hacerles la guerra. Atrapado luego en México, espera juicio en Nueva York.

En los muros otrora con grafitis de “MS” o “Hollywood” ahora hay murales de globos, mariposas y flores multicolor. En una pared celeste, destaca pintada de blanco una gran “N”, de Nayib y el partido gobernante Nuevas Ideas.

La 10 de Octubre es una de 11 comunidades que Bukele cercó militarmente tras imponer en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado 87.000 detenidos sin orden judicial ni debido proceso.

“Vamos a extraer hasta al último terrorista escondido”, prometió Bukele hace poco al cercar con 2.000 soldados y policías Ilopango, este de San Salvador, donde pandilleros buscan “reorganizarse” según “informes de inteligencia”.

Aunque están “contenidas” y podrían “reactivarse”, con ese cerco buscaría mantener “protagonismo público”, opina José Miguel Cruz, experto salvadoreño en pandillas, profesor de la Universidad Internacional de Florida.

Para el director de la oenegé humanitaria Cristosal, Noah Bullock, Bukele quiere preservar su “imagen pública” de hombre fuerte con un “poder represivo”, sin atacar la pobreza y exclusión social que dieron origen a las maras.

Con su ofensiva antipandillas que redujo a mínimos históricos la violencia, Bukele es muy popular pero organismos de derechos humanos critican fuertemente su régimen de excepción.

Amnistía Internacional y oenegés locales como Cristosal y Socorro Jurídico denuncian arrestos arbitrarios, torturas y la muerte de unos 400 presos, y miles de inocentes encarcelados.

De eso rehúyen hablar en la 10 de Octubre.

“No hay que descuidarse”

En lo alto del barrio, en una rotonda de donde parten los buses, Carlos Sánchez, un lavacarros de 48 años, advierte que “no hay que descuidarse”.

“Hoy tenemos un poquito de paz, pero quedan remanentes escondidos en los cerros”, comenta mientras alista un cubo de agua.

La MS-13, declarada terrorista por Estados Unidos, y la Barrio 18 controlaban 85% del territorio nacional, vivían de la extorsión y la droga, y asesinaron a unas 200.000 personas en tres décadas, según Bukele.

“Una vez asesinaron a un muchacho a cuchillazos en un microbús. A mis dos hijas quisieron matarlas por no colaborar. Muchos lo hacían por temor. Agarraban a los niños de ‘postes’ (vigilantes)”, describe Sánchez.

A punta de pistola desalojaban familias de sus viviendas. “Quisieron quitarme la mía, pero los convencí que no. Andan todavía algunos por ahí, pero no tengo otro lugar donde vivir”, dice Antonia Alfaro, de 67 años, en su minúscula casa.

En la 10 de Octubre a quien se pregunta mira a todo lado. No vaya a ser que escuche alguien que fue colaborador, un familiar de un inocente encarcelado o de un pandillero.

“Uno no sabe de dónde puede venir el porrazo”, dice Martínez, casi inaudible.