El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE, se ha convertido en uno de los principales focos de controversia política en el país durante el último tiempo.

En el marco del endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump en su segundo mandato, la agencia ha intensificado sus operativos de detención y deportación, generando un creciente rechazo ciudadano.

Trump asumió su nueva administración con la promesa de llevar adelante “la mayor deportación de la historia”, una medida que inicialmente contó con respaldo de la opinión pública.

Sin embargo, el aumento de redadas, denuncias por abusos y muertes bajo custodia del ICE (como los casos ocurridos en Minneapolis) ha deteriorado la percepción ciudadana sobre la agencia.

En varias ciudades, vecinos y organizaciones se han movilizado para alertar y tratar de impedir la detención de migrantes en sus comunidades.

¿Qué es el ICE?

El ICE es la principal agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense.

Fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto al actual Departamento de Seguridad Nacional, mediante la fusión de funciones del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización.

A diferencia de otras instituciones, su labor no se centra en la vigilancia fronteriza, sino en el control interno.

La agencia se divide en dos grandes ramas. Por un lado, la Oficina de Detención y Deportación (ERO), responsable de arrestar migrantes y gestionar procesos de expulsión.

Por otro, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), enfocada históricamente en delitos transnacionales.

No obstante, bajo la actual administración ambos brazos operan con un mismo objetivo: acelerar las deportaciones masivas prometidas por Trump.

El aumento del ICE con Trump

El crecimiento del ICE durante este periodo ha sido inédito.

En julio del año pasado, como parte de la reforma fiscal impulsada por el presidente, el Congreso aprobó un presupuesto que supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029, el mayor asignado a una agencia en la historia del país.

De ese total, unos 30.000 millones están destinados a ampliar su dotación, que ya supera los 22.000 agentes, más del doble que antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Además, 45.000 millones de dólares se utilizarán para sostener y expandir la red de centros de detención del ICE, compuesta por más de 200 instalaciones en todo Estados Unidos.

Estos recintos han sido objeto de reiteradas denuncias por malas condiciones y abusos. Solo en el primer año del segundo mandato de Trump se registraron 32 muertes bajo custodia, la cifra más alta en dos décadas.

ICE en las ciudades

Desde mediados del año pasado, miles de agentes han sido desplegados en ciudades gobernadas por demócratas, con operativos de gran escala en lugares como Los Ángeles, Washington D.C., Chicago y Minneapolis, además de detenciones más esporádicas en Nueva York, Boston o Atlanta.

Identificar a los agentes no siempre es sencillo: suelen vestir de civil, portar chalecos antibalas con rótulos genéricos como “Policía” o “Agente federal”, e incluso cubrirse el rostro con máscaras.

La polémica también ha alcanzado al entrenamiento que reciben los funcionarios.

Con el objetivo de acelerar el reclutamiento, el ICE redujo su formación básica de 16 a ocho semanas, eliminó el requisito de aprender español y acortó el entrenamiento en el uso de armas de fuego.

A ello se suma la falta de preparación especializada para el control de protestas, pese al aumento de manifestaciones en contra de la agencia.

Casos en Minneapolis

Este año, dos casos han sacudido la política migratoria en Estados Unidos, se trata de las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambos asesinados por ICE en enero de este año.

Renee Good, de 37 años y ciudadana estadounidense, murió el 7 de enero en Minneapolis tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio.

Según la versión oficial, el agente abrió fuego al considerar que su vehículo representaba una amenaza, aunque registros en video y testimonios de testigos han puesto en duda ese relato

Días después, el 24 de enero, Alex Pretti, también de 37 años y trabajador de la salud, fue abatido en una calle de la misma ciudad durante un enfrentamiento con agentes federales en el contexto de protestas contra los operativos migratorios.