SEÑOR DIRECTOR:

La reciente aprobación de la Ley de Reconstrucción concentró el debate público casi exclusivamente en su dimensión tributaria. Esa discusión, legítima y necesaria desde el punto de vista de la necesidad de recuperar el crecimiento y por ende el empleo, terminó, sin embargo, eclipsando un aspecto relevante desde la perspectiva de la seguridad pública: el endurecimiento de sanciones al contrabando, en particular al de cigarrillos y tabaco.

Hay un principio que hoy resulta más vigente que nunca: el crimen organizado no vive solo del narcotráfico. Vive también de mercados ilícitos paralelos que generan flujos de dinero difíciles de rastrear y que terminan financiando estructuras delictuales cada vez más sofisticadas. Solo en cigarrillos, la evasión fiscal asociada al contrabando se estima en cientos de millones de dólares al año: recursos que no llegan al Estado, pero que sí llegan a organizaciones criminales.

La ley establece una agravante especial para el contrabando de tabaco, aplicando el grado máximo de la pena y aumentándola en un grado, además de perfeccionar herramientas de incautación y remate de vehículos utilizados para estos fines. Es un paso en la dirección correcta: deja de tratar el contrabando como una infracción menor, y lo reconoce como una pieza más del engranaje del crimen organizado.

Que esta dimensión haya pasado casi inadvertida en la discusión no le resta importancia; al contrario, revela cuánto nos cuesta como país situar el combate al comercio ilícito en el lugar que merece dentro de la agenda política. Ojalá su implementación —a cargo del Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio Público y las policías— cuente con los recursos y la prioridad que este avance legislativo exige.

Rodrigo Delgado

Ex ministro del Interior