La primera mujer chilena en llegar a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, aborda los desafíos que enfrenta la región tras un año de pandemia. Acusa que algunos estados han actuado con arbitrariedad, extendiendo medidas que restringen las libertades, ante lo que llama a los contrapesos de cada país a estar “vigilantes”.

Pese a que no puede ahondar en la situación interna, sostiene que respecto de las víctimas de vulneración de DD.HH. que acusó la CIDH en el país durante el estallido social de 2019, “la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplica a todos los Estados que la han suscrito y, por lo tanto, los estándares sobre memoria, verdad y justicia deben aplicarse”.

La pandemia ha levantado a nivel internacional el debate sobre las libertades. ¿Qué mirada tiene, por ejemplo, sobre las restricciones de libertades que se han adoptado de manera extensa, como los toques de queda o los estados de excepción?

La CIDH, cuando se declaró la pandemia en 2020, elaboró una serie de recomendaciones a los Estados. En ellas señaló que la democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, exhortó a los Estados a tomar medidas en el contexto de la pandemia apegados a la evidencia científica. Estos dos factores permiten arribar a una conclusión básica: las restricciones a las libertades deben ser las apropiadas y proporcionales para enfrentar la pandemia en base a la evidencia que aporta la comunidad científica, pero no puede ser la excusa para que los gobiernos restrinjan las libertades públicas a su arbitrio sin evidencia científica que muestre la necesidad de ellas.

¿En el caso de esta pandemia es inevitable que se supediten ciertas libertades a la salud? ¿Cuál es el límite?

Frente a cualquier medida que limite las libertades de las personas, se deben hacer algunas preguntas, digamos, técnicas sobre esa medida. ¿Cuál es la finalidad? Si la medida carece de fundamentos y simplemente se ha dispuesto sin dar cuenta de sus motivos y finalidad, será vulneratoria. Si, en cambio, está justificada en la protección de la salud de las personas frente al avance de la pandemia, para evitar contagios, por ejemplo, o para proteger a personas más vulnerables en estos contextos, entonces deberíamos preguntarnos: ¿Cumple realmente esta medida con esa finalidad? Si no la cumple, o la cumple pero de un modo muy parcial y otras medidas podrían hacerlo de manera más apropiada, entonces se debe estar muy vigilante si el objetivo es restringir libertades y derechos sin tener justificación o un intento de desplegar medidas autoritarias bajo la excusa de la pandemia.

¿Y cómo se evita eso?

Ahí tiene mucha relevancia el Estado de Derecho, el rol que tienen los contrapesos, como la existencia de tribunales y cortes independientes u otras formas independientes de control del poder de los gobiernos en un sistema democrático. En el mismo contexto, es fundamental una sociedad civil activa y medios de comunicación independientes. Entendemos y compartimos que en el actual contexto es necesario adoptar medidas restrictivas, como por ejemplo la libertad de circulación de las personas. Comprendemos que la pandemia ha significado enormes desafíos para los gobernantes y la sociedad en general. Pero nuestro deber es estar alertas y vigilantes de que las medidas adoptadas estén dentro del marco que establece el derecho internacional de los DD.HH. (...) Es también fundamental que las decisiones y medidas consideren la perspectiva de género y el enfoque étnico e intercultural.

¿Ve tentación por parte de los gobiernos en América Latina de mantener este mayor control aun cuando pase la pandemia?

La situación del continente americano no es generalizable, pero (...) hemos observado algunos ejemplos de medidas autoritarias, desproporcionadas, o discriminatorias en la región, bajo la excusa del Covid-19.

¿Cómo qué ejemplos?

La comisión observó con preocupación durante el año pasado en varios países del hemisferio por parte de altas autoridades de gobierno un proceso de retroceso en la efectiva separación de los poderes estatales, así como de reducción de espacios democráticos de participación social, situaciones de interferencias en el Poder Judicial o su completa paralización y la toma de decisiones institucionales de gobernanza de manera concentrada y con rasgos autoritarios. También documentamos situaciones de estigmatización de la prensa derivadas de su rol en la cobertura de la pandemia por parte de distintas autoridades (...). Es difícil apuntar a un Estado específico, han sido situaciones diversas y específicas en distintos países de la región.

En estos últimos meses se ha profundizado la crisis migratoria de Venezuela, afectando a distintos países, entre ellos, Chile. ¿Qué recomendaciones ha hecho la CIDH en esta materia?

Una buena síntesis de todas las recomendaciones que ha dado la CIDH al Estado de Venezuela es que restablezca urgentemente el respeto de los derechos humanos en el país. En efecto, la escasez de alimentos, medicamentos y servicios de salud, sumada a la interrupción constante de servicios de agua y energía, han generado afectaciones graves a derechos como la salud, la alimentación y la educación. De acuerdo con información publicada por la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V), al 5 de febrero de 2021 más de 5,4 millones de personas venezolanas se han movilizado a otros países. Los principales países de acogida son Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. A juicio de la CIDH, la migración de personas venezolanas tiene un alcance transfronterizo que requiere de una respuesta regional e internacional basada en la solidaridad y responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos.

Su mandato termina este año. ¿Irá a la reelección? ¿Tiene el apoyo del gobierno? La Moneda apuesta por llevar a la exministra Patricia Pérez a la Corte Interamericana…

El gobierno de Chile ya ha manifestado a la Secretaría General de la OEA, que me repostulará a la reelección como comisionada de la CIDH para el período 2022-2025, lo que agradezco mucho, porque demuestra su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, más allá de las preferencias políticas, pues no es ningún secreto que yo fui postulada para mi primer período por la expresidenta Michelle Bachelet, en cuyo gobierno, además, trabajé. Imagino, además, que el gobierno apoya mi reelección por mi gestión como comisionada. Durante los tres años que llevo ejerciendo el cargo no he tenido a la vista mis preferencias políticas personales al momento de denunciar violaciones a los derechos humanos, así como al reconocer avances en la materia frente a los distintos Estados de la región.