Antes de esta entrevista, el abogado e histórico militante del Partido Comunista Carlos Arrué enciende un cigarro. Desde hace un largo tiempo que no fumaba, cuenta. Pero por casualidad, antes de llegar a la sede del Congreso en Santiago, se encontró con la misma marca que compraba mientras pasó por la Universidad de La Habana, en Cuba, donde se tituló como abogado tras egresar de la Universidad de Chile.

Comunista desde los 14 años y miembro del comité central de la colectividad, lidera desde hace años la comisión constitucional del PC, la que hoy tiene un rol fundamental: colaborar con el trabajo de los seis convencionales constituyentes del partido. Estos, dice, “son soberanos para tomar en cuenta o no las consideraciones que uno hace”.

En ese sentido, Arrué aborda las propuestas que ha hecho el PC en el marco de la instalación del órgano constituyente, la insistencia de la colectividad sobre el debate del quórum de 2/3 y explica las aspiraciones y oportunidades que ve el partido en la histórica instancia.

¿Qué se debe esperar de los constituyentes PC?

En Chile hay un problema de concentración del poder político y económico, derivado de la forma en que está estructurada la propia Constitución, que es neoliberal y adscribe ideológicamente la forma de ver la sociedad. Lo principal es contribuir a resolver ese problema. Para eso es importante el tipo de Estado de la nueva Constitución, que tiene que ser democrático, social, participativo, incluyente, plurinacional y, en definitiva, terminar con este rol subsidiario del Estado.

¿El PC cómo ve el proceso? ¿Como la oportunidad para cambiarlo todo?

Para nosotros este no es un tema de oportunidad o una especie de todo o nada. Lo que se ha abierto en Chile es la posibilidad de un debate democrático y deliberativo, al cual vamos a contribuir y nos vamos a poner a disposición de producir todos los acuerdos que permitan mejorar la vida de los chilenos.

Hay una discusión jurídica sobre el tipo de poder que tiene la convención. Como abogado, ¿cómo lo ve?

Es importante situar que el origen de este proceso constituyente está totalmente determinado por lo que sucedió a partir del 18 de octubre. Antes habíamos planteado que los pueblos tienen el derecho de darse un ordenamiento constitucional y eso se planteó en el contexto de que la Constitución del 80 imposibilitó siempre recurrir al pueblo para definir el ordenamiento. Producido el estallido social, se dio esa posibilidad y teníamos razón. También decíamos que el modo de enfrentar eso no era a través de un decreto, sino que se le preguntara al pueblo a través de un plebiscito, lo que sucedió.

Varios abogados sostienen que se trata de un poder derivado, por venir de una reforma a la Constitución.

La Constitución del 80 no entrega potestad constituyente a nadie, por ende, no existe potestad constituyente derivada. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, al haber un ejercicio de la potestad de la convención para hacer una Constitución sobre una hoja en blanco, es claramente una potestad constituyente de carácter originario. Eso no quiere decir que uno desconozca que la Ley 21.200, que modifica el capítulo XV, es la que ordena e institucionaliza este proceso, pero no pueden pasar a llevar la expresión de esa potestad constituyente del pueblo.

Esa lógica es lo que, según ustedes, permite planteamientos como revisar los 2/3.

Claro. Lo ideal para nosotros es que la convención exprese de manera más plena el ejercicio de esa potestad y que pueda definir las reglas que le permiten hacer eso de manera democrática, y no que haya un poder del Estado que de una manera u otra esté limitando ese ejercicio. Eso no quiere decir que no sea institucional y que se pasen a llevar reglas. No hay que ver las reglas de forma pétrea, sino que hay que ver que sean funcionales al desarrollo de los procesos políticos. Y lo que el país demanda son cambios profundos.

Guillermo Teillier decía que no estaban por pasarse las reglas, pero que los límites de la convención eran discutibles. ¿Eso resume la postura del partido?

Claro, pero que se revisen de forma democrática, y esa forma la tiene que elaborar la propia convención.

¿Y qué quórum les gusta?

En lo personal, me gusta la mayoría absoluta, sé que hay muchos en el PC y fuera que les gustan más los 3/5, hay otros que dicen echémosle para adelante con los 2/3, pero es un debate que hay que dar, pero lo tiene que dar la convención.

¿Dependiendo de los temas?

Tiene que haber una regla general. En el caso de Colombia fue de mayoría absoluta y se hizo el proceso en cinco meses, entonces fue una regla de quórum muy eficaz a la hora de tomar acuerdos y de permitir que avanzara el proceso, pero no estamos con una posición rígida, el problema con el quórum de 2/3 puede truncarse esa expectativa ciudadana producto de un quórum muy elevado.

El documento de la semana pasada decía que el Congreso tiene que permitir ese cambio. ¿Qué pasa si eso no ocurre?

Sería una lástima.

¿Y se produciría una ilegitimidad en el proceso?

No habría un problema de origen de la nueva Constitución, no estamos planteando el debate en esa dirección.

Y si no se cambia, ¿el PC va a seguir insistiendo con el punto?

Si en el reglamento se plantea la discusión y no se logra abrir la discusión de los ⅔, bajo ningún efecto nuestra intención es boicotear el proceso. Nuestra intención es que este proceso sea exitoso, que sea rápido y que produzca un cambio en el que la ciudadanía y el pueblo puedan identificarse. No tenemos ninguna intención de boicotear el proceso o de impedir su realización.

¿Y por qué, entonces, volvieron a plantear el punto si la derecha no consiguió el tercio para vetar?

Cuando planteamos el documento dijimos que tiene que reconocerse la potestad constituyente radicada en esta convención y que el rol del Congreso hoy es contribuir a eso. Por ende, lo que estamos planteando es que se avance en una reforma constitucional que habilite expresar esa potestad constituyente por parte de la convención. Existe un interés reiterado de intentar limitar esto, de decir lo que se puede o no hacer.

Plantearon “paralizar” la labor de la convención hasta que se logre un acuerdo político para rebajar los 2/3. Hubo críticas, incluso, desde sus propios socios. ¿No cree que eso puede tensionar el trabajo?

No vamos a boicotear este proceso y vamos a apoyarlo en plenitud. Queremos que esta convención termine ojalá en el tiempo planteado, no vamos a ser nosotros los que objetemos ese plazo.

Cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre había cierto temor de que la convención se arrogara potestades que no tiene. ¿No hay algo de razón en eso al poner limitaciones?

El gobierno gobierna, tiene la potestad ejecutiva, el Congreso legisla y tiene la potestad legislativa. Y el Poder Judicial administra e imparte justicia. La potestad constituyente no es ni potestad legislativa ni es ejecutiva, por ende, no podría intervenir en el ejercicio del poder que ya existe. Por lo tanto, lo que existe es un exceso de celo por limitar algo que tiene un solo mandato: que es el constituyente. Yo creo que tiene que haber reglas, no limitaciones.

¿Las limitaciones no sirven para dar un marco sobre los temas discutibles? Pepe Mujica decía que le daba temor que la covención se volviera “una bolsa de gatos”.

Claro, por eso yo digo que lo ideal aquí es que en un plazo muy corto nos pongamos de acuerdo sobre las reglas que permiten hacer el debate. Claramente, nadie quiere una bolsa de gatos.