El 27 de junio de 2023, se celebró la sexta Asamblea Extraordinaria de la Corporación Santiago 2023, en un momento crítico para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pues había una gran cantidad de rendiciones pendientes y el IND había bloqueado la entrega de fondos para la cita fijada para octubre de ese año.

La situación derivó, semanas antes, en la salida de Gianna Cunazza como directora ejecutiva, dando paso a la llegada de Harold Mayne-Nicholls. En esa lucha contra el tiempo, el expresidente de la ANFP puso como condición tener mayores facultades para encabezar la entidad privada y sin fines de lucro, que funcionó con dineros públicos y privados.

“El presidente de la Asamblea, don Israel Castro López, da cuenta a la misma que, según lo informado por el presidente del Directorio, don Jaime Pizarro Herrera, en el 25º Directorio Extraordinario llevado a cabo el día 23 de junio, este órgano acordó convocar una Asamblea Extraordinaria por estimarla necesaria para la marcha de la Corporación, puesto que se requiere entregar más facultades al director ejecutivo dado el momento actual en que se encuentra la organización”, revela el acta de esa jornada, a la cual tuvo acceso El Deportivo.

La modificación puntual que se votó fue la contemplada en la letra J del Artículo Quincuagésimo, que proponía el siguiente enunciado: “Contratar al personal de la Corporación y darles término a los contratos de trabajo”.

La reforma estatutaria necesitaba la aprobación de al menos dos tercios de los socios fundadores de corporación y que requería la presencia de un notario. Ambas situaciones se dieron, pues los socios la aprobaron por unanimidad y estuvo presente el notario público de Lo Barnechea, Claudio Salvador Cabezas.

El director ejecutivo, dentro de sus nuevas facultades, mantuvo a varios trabajadores de la entidad, pero también despidió a una cantidad importante. Mucho de estos despidos, derivaron en demandas por vulneración de derechos fundamentales, ya que una importante cantidad trabajaba a honorarios, lo que derivó en cuantiosas indemnizaciones que al día de hoy se empinan por los $ 1.600 millones.

Consultado para esta nota, Harold Mayne-Nicholls se excusó de dar declaraciones. Eso sí, en su entorno aclaran que, a su llegada, el periodista decidió no hacer más contrataciones a honorarios, una práctica que se arrastraba desde los inicios de la Corporación, época en la que el actual ministro del Deporte Francisco Riveros se desempeñó por unos meses como director legal.

Asimismo, existen juicios con proveedores, siendo el más cuantioso el que se mantiene con la empresa brasileña FAST, que además se querelló contra Mayne-Nicholls por un eventual desacato al ejecutarse una boleta de garantía, habiendo una medida cautelar que lo prohibía.

Por otro lado, se registraron diferencias en pagos tributarios y también una compra masiva de dólares que generó pérdidas. Eso sí, la entidad recibió fondos públicos y privados y, para la compra de divisas y la colocación en depósitos a plazo, según sostienen exintegrantes de la entidad, se realizaron las consultas al Ministerio de Hacienda que encabezaba Mario Marcel.

También hay otros casos en organismos internacionales, como el de la exabogada de la Corporación, Mónica Apablaza (despedida antes de la llegada de Mayne-Nicholls), que está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Prórroga y objeciones

Después de largos análisis, el IND rechazó un 6% de las rendiciones, que alcanzan una cifra cercana a los $ 24 mil millones. En algunas situaciones, el Ministerio del Deporte plantea presuntas irregularidades y decidió llevar el asunto a la Fiscalía de Alta Complejidad.

Dentro de los cuestionamientos que el Mindep realiza, se encuentra la prórroga del cierre de la Corporación contemplada en sus estatutos. En su momento, Mayne-Nicholls tenía en mente terminar con la entidad el 30 de septiembre de 2024, pero por petición del ministro Jaime Pizarro, optó por pedirle a la asamblea su extensión. Cabe señalar que el excandidato presidencial solo tenía voz, pero las decisiones debían ser ratificadas por el directorio.

Las principales razones esgrimidas fueron los numerosos procesos judiciales pendientes, rendiciones de cuentas y garantizar la continuidad de los procesos administrativos con distintas entidades, como el SII, municipalidades, prorrogar contratos estratégicos y finiquitar otros contratos con proveedores. Pero, principalmente, las razones más importantes obedecían a rendiciones y juicios.

Y si bien la corporación cerró en noviembre del año pasado, actualmente un agente liquidador es el que se está encargando de los asuntos pendientes. De hecho, existen juicios cuyas audiencias están pactadas para el próximo año. Eso sí, según denuncian algunos abogados querellantes, los representantes de la extinta corporación no han acudido a las audiencias.

Mientras tanto, la Justicia deberá investigar si existe alguna irregularidad que pueda ser constitutiva de delito.