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La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, esto es 130 votos a favor, e incluyó la indicación que crea un impuesto a los altos patrimonio . Desde el gobierno realizaron reserva de constitucionalidad y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, llamó a seguir dialogando para encontrar un acuerdo.

La iniciativa se vota hoy entre las 16 y 18 horas. Y si bien el gobierno se abrió a buscar nuevas fórmulas de financiamiento, el escenario se anticipa complejo. En paralelo, entre las 14 y 15:30 horas, la Comisión de Trabajo del Senado analizará el proyecto de la Pensión Garantizada Universal.

“Ayer tuvimos ciertas diferencias, pero es parte de estos procesos No hay que dramatizarlo, hay que conversar y llegar a acuerdos”, sostuvo Rodrigo Cerda

Se trata de una modificación que introduce un gravamen independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Así, el patrimonio entre US$5 millones y US$22 millones pagará una tasa de 1,5%, mientras que si está por sobre US$22 millones tendrá una tasa de 2,5%. El Ejecutivo realizó reserva de constitucionalidad.

Para financiar la ley corta de pensiones, se eliminará o restringirán una serie de exenciones tributarias. En el caso del DFL2, el beneficio se limitará a dos viviendas.

El gobierno retiró la discusión inmediata que tenía la reforma previsional desde marzo en momentos en que avanza en tratativas para una ley corta. Para sacar adelante un proyecto como este, desde la oposición esperan que el financiamiento quede zanjado en este gobierno. Por eso, desde el Ejecutivo evalúan algunas fórmulas, como ingresar la iniciativa de exenciones tributarias.

Los próximos seis meses no serán menos agitados para el ministro Rodrigo Cerda. Si con la discusión de los mínimos comunes hubo extensas negociaciones, lo que se viene ahora no será muy distinto. Incluso se anticipa más complejo. En carpeta tiene dos proyectos fijos: la Ley de Presupuestos 2022 y la que fija el reajuste del sector público. A ello se le suma la esperada propuesta sobre exenciones tributarias y apuntalar la economía con medidas para la reactivación.

El parlamentario socialista e integrante de la Comisión de Hacienda pide que el Ejecutivo envíe su propuesta para poder legislar e iniciar un debate, porque “no puede seguir eludiendo tomar decisiones”.

El economista valora que se esté avanzando en la dirección de reducir los beneficios tributarios, sin embargo, espera conocer más detalles de las propuestas para ver qué tan efectivos serán.

Claudio Bustos, socio de Bustos tax & legal, y Rodrigo Stein, socio líder de servicios tributarios y legales de KPMG Chile, entregaron sus recetas sobre cuál de todos los beneficios sectoriales se pueden reformar.

De acuerdo al exministro de Hacienda, su plan le permitiría al fisco obtener más de US$3 mil millones anuales. Señala que esta propuesta rinde mucho más que el impuesto a los altos patrimonios, al recaudar 214 veces más. Entre las que generarían mayores recursos está la eliminación de la exención a la ganancia de capital, por US$700 millones, y el crédito especial para la construcción, por US$560 millones.

No cayó muy bien en la oposición ni en los expertos del grupo tributario la decisión del nuevo ministro Cerda de no priorizar el tema de exenciones, tras conocer el informe ad hoc. Incluso Vergara y Valdés afirmaron que “hay información suficiente para avanzar pronto”.

Amplias propuestas y debate hubo en las iniciativas que tienen que ver con la ganancia de capital de acciones o el régimen de los fondos de inversión. También se propuso eliminar los beneficios del DFL2, la devolución del impuesto al diésel y se planteó gravar con IVA todos los servicios.

La comisión tributaria entregará a más tardar el 29 de enero un informe sobre las exenciones. Este contendrá las que se justifica mantener,las que se deben reducir y las candidatas a eliminar. Luego de ello, Hacienda analizará cuáles son las que irán en el proyecto de ley: renta presunta, reintegro del impuesto al diésel, IVA a la construcción y ganancia de capital asoman como probables.

El ministro Ignacio Briones, subrayó que “acá no es una condonación de $1.400 millones , ni tampoco es un perdonazo, se acepta que ese gasto de la empresa, no de los controladores, se rebaje como gasto”.