Oposición aprueba impuestos a altos patrimonios en proyecto de exenciones tributarias y complica al gobierno

Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en particular proyecto de exenciones tributarias

Se trata de una modificación que introduce un gravamen independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Así, el patrimonio entre US$5 millones y US$22 millones pagará una tasa de 1,5%, mientras que si está por sobre US$22 millones tendrá una tasa de 2,5%. El Ejecutivo realizó reserva de constitucionalidad.


El proyecto de exenciones tributarias avanzó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora debe ser analizado por la Sala del hemiciclo. Sin embargo, ese paso adelante fue con indicaciones de la oposición que no cayeron nada de bien en el gobierno.

De hecho lo complica y seguramente retrasará la discusión de esta iniciativa que busca entregar una parte del financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Se trata de una indicación que introduce un impuesto al patrimonio, independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Así, el patrimonio entre US$5 millones y US$22 millones pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre US$22 millones pagará una tasa de 2,5%.

De acuerdo a una minuta de la oposición, este es un “instrumento extremadamente focalizado, puesto que afectará a unas 11.000 personas, menos del 0,1% de la población adulta. El resto estará exento”. En ese sentido, sostienen que, “utilizando supuestos muy conservadores, con una tasa de evasión de hasta 50% y subestimando la riqueza de las personas de mayores patrimonios en Chile, proyectamos una recaudación de 0,6% del PIB en régimen”.

La iniciativa ahora deberá ser analizada en la sala de la Cámara el próximo lunes.

Esta indicación fue duramente cuestionada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien señaló que se hará “reserva de constitucionalidad”, ya que al ser una iniciativa que considera gasto fiscal es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

“Esto puede obligar al gobierno a ir al Tribunal Constitucional”, dijo el ministro, señalando que “el proyecto en discusión es de exenciones, y lo que se propone es crear un impuesto nuevo, que por lo demás no recauda lo que dice que recaudará”.

El secretario de Estado enfatizó en lo positivo que fue el separar los proyectos de ley de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con el de exenciones, ya que de haber ido juntos el pago de las nuevas pensiones se retrasaría. En este punto, Cerda dijo que aunque se retrase este proyecto, el financiamiento para pagar las pensiones de este año está asegurado, puesto que están provisionados en el Presupuesto 2022. Por ello, en caso de que se apruebe la PGU en enero se podrá pagar en febrero. Para Cerda, ahora la discusión y el buscar acuerdos se trasladará al Senado.

Otra de las indicaciones de la oposición que se aprobaron fue adelantar el plazo para la aplicación del impuesto a la ganancia de capital. De acuerdo al texto original, se aplicará un impuesto al mayor valor obtenido en la enajenación de instrumentos que cuenten con presencia bursátil, con un impuesto único de tasa 10% sobre las ganancias obtenidas. Este impuesto aplicará para todas las enajenaciones que se efectúen a contar de 6 meses desde el primer día del mes siguiente a la publicación de esta ley. Ese plazo se adelantó a 3 meses. Con todo, se mantiene la calidad de ingreso no constitutivo de renta el mayor valor obtenido por los inversionistas institucionales.

Gobierno defendió proyecto de exenciones tributarias

En términos generales, el objetivo de la reducción o eliminación de las exenciones tributarias contempla incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35% del PIB. Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que considera dineros equivalentes al 0,95% del PIB.

El resto del financiamiento se componen entre la provisión para la Reforma Previsional que aportará el 0,5% del PIB y el redestino aporte Fondo de Reserva de Pensiones 0,1% del PIB.

El resto de las exenciones propuestas por el gobierno se aprobaron. Entre ellas la eliminación del crédito especial para los contratos de construcción de inmuebles que se celebren y ventas que se realicen a contar del 1° de enero del año 2025, y reduce transitoriamente el monto que tendrán derecho a deducir de los pagos provisionales mensuales a un 32,5% del débito IVA y a un 6,175% del valor de la venta, respectivamente, aplicable a las ventas que se realicen y a los contratos de construcción de inmuebles que se celebren a contar del 1° de enero del año 2023.

Además, los servicios pasarán a estar afectos con IVA, salvo que se encuentren expresamente exentos. La afectación con IVA regirá para los servicios que se presten a contar del 1° de enero del año 2023. Sin embargo, se precisa que se mantiene la exención a los servicios prestados por personas naturales, ya sea que se presten de manera independiente, o en virtud de un contrato de trabajo y de las sociedades de profesionales. Y la aplicación de Impuesto a las Herencias y Donaciones, todos los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida celebrados desde la publicación de la ley, salvo de los seguros de invalidez y sobrevivencia.

En paralelo, el proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comenzó su tramitación en el Senado. La Comisión de Trabajo escuchó la presentación del ministro del Trabajo, Patricio Melero quien detalló los aspectos claves de la iniciativa. Por su parte, los legisladores le solicitaron al gobierno fusionar esta iniciativa con la de exenciones. Ante esta solicitud y considerando lo que pasó en la Cámara, el ministro Cerda explicó que, de ser así, “los chilenos verán retrasados sus pagos, hecho que dijo es parte de sus preocupaciones”.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.

La ciudad ubicada en la Región de la Araucanía, fue evacuada por completo prodcuto de las llamas, que hasta ahora han dejado un fallecido y más de 120 viviendas siniestradas.