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Entre contralor calificó como insuficientes los antecedentes proporcionados por la exautoridad de Desarrollo Social, quien acusó presiones indebidas por parte de personeros del gobierno para aprobar proyectos ambientales que no compartía en el ejercicio de su cargo.

Patricia Hidalgo denunció haber recibido una serie de "instrucciones ilegales" en medio de la revisión de proyectos que estaban sujetos a al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según advirtió por medio de una querella, autoridades de gobierno y sus representantes la habrían "presionado" para que adoptara una postura determinada. Por lo mismo, luego de que la acción fue admitida a trámite, la fiscal Patricia Cerda activó una serie de pericias en coordinación con la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI.

"Fui víctima de una operación política de maltrato, de abuso de poder", dijo Hidalgo en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro.

La instancia legislativa recibió a invitados que expusieron antecedentes en relación a argumentos contenidos en el libelo, que fue elaborado por el Partido Republicano. El ministro de Desarrollo Social, en tanto, presentó su defensa, por lo que la comisión deberá concluir su trabajo el próximo jueves y despachar un informe -no vinculante- a la Cámara, que recomiende aprobar o rechazar la acusación.

Si bien la acción judicial se dirige en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, Patricia Hidalgo asegura en el escrito que se vio afectada por situaciones irregulares que tenían como protagonista a la ministra del Interior, Carolina Tohá; a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales; a la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez; a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Patricia Hidalgo (PPD) -despedida en noviembre- participó en la comisión de Desarrollo Social, donde contó detalles de cómo se habrían dado las conversaciones con la delegada presidencial RM para que votara a favor de la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto en Ñuñoa. Además reafirmó que el centro de acogida donde habría ocurrido una violación no estaba bajo su tutela, sino que del ministro Jackson.

La ahora exmilitante de la colectividad liderada por Natalia Piergentili, aseguró que no sintió apoyo del partido tras denunciar presiones desde el Ejecutivo para respaldar ciertos proyectos.

En una declaración pública -tras una reunión de directiva-, el partido optó por no respaldar a la exautoridad de Desarrollo Social y así cerrar un flanco con el gobierno a raíz de la remoción de la militante de la seremía. Incluso, la líder de la colectividad, Natalia Piergentili, sostuvo ayer una reunión con el ministro Giorgio Jackson para abordar la situación.

La exfuncionaria de gobierno luego de su dimisión acusó haber sido “presionada” por parte del Ejecutivo para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo y en los que tenía “algunos cuestionamientos técnicos”.

La colectividad presidida por Natalia Piergentili emitió un comunicado -de cinco puntos- en el que reforzaron que la tienda política es parte de la alianza de gobierno y rechazaron la arremetida de la oposición.

Los parlamentarios solicitan iniciar una investigación para “perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible". Además, pidieron que el ente persecutor tome declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y de la titular del Interior, Carolina Tohá.

La salida de Patricia Hidalgo (PPD) de la seremía de la Región Metropolitana de Mideso- quien acusó al gobierno de presiones para votar de determinada manera ciertos proyectos- sigue generando revuelo en La Moneda. Hidalgo -a quien el ministerio responsabilizó de no haber hecho las denuncias pertinentes en un caso de presunta violación en una residencia dependiente de la cartera- anunció acciones legales contra Giorgio Jackson.