Peritajes a mails y WhatsApp: Fiscalía instruye diligencias tras denuncia de exseremi de Desarrollo Social por “presiones” en revisión de proyectos

Peritajes a mails y WhatsApp: Fiscalía instruye diligencias tras denuncia de exseremi de Desarrollo Social por “presiones” en revisión de proyectos
La exseremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo.

Patricia Hidalgo denunció haber recibido una serie de "instrucciones ilegales" en medio de la revisión de proyectos que estaban sujetos a al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según advirtió por medio de una querella, autoridades de gobierno y sus representantes la habrían "presionado" para que adoptara una postura determinada. Por lo mismo, luego de que la acción fue admitida a trámite, la fiscal Patricia Cerda activó una serie de pericias en coordinación con la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI.


El 29 de diciembre pasado la exseremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo determinó llevar a tribunales las denuncias que, hasta ese momento, había expresado a través de distintos medios de comunicación, y que decían relación con supuestas presiones que enfrentó, según sostuvo, para aprobar o rechazar proyectos que estaban sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por lo mismo, una vez que la querella fue admitida a trámite por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el 18 de enero, el Ministerio Público se abocó al análisis de los antecedentes.

Así, de acuerdo con los detalles que pudo recabar La Tercera PM, la fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, lleva una semana a cargo de la causa, y ya instruyó a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI la realización de las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

Según fuentes conocedoras del proceso, en primer punto se ordenó a efectivos policiales periciar mails y WhatsApp que la otrora seremi de Desarrollo Social acompañó como “pruebas” y se hizo un acucioso análisis de su teléfono celular. Asimismo, se le tomó declaración a la exseremi.

Y es que en medio de la denuncia -donde Hidalgo pide se investiguen presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno- la profesional aseguró que a través de esos diferentes mensajes, actuales autoridades de gobierno y sus respectivos representantes incurrieron en “instrucciones ilegales” para que se adoptara una postura determinada en cada uno de los casos.

“Hubo ilegalidades e irregularidades administrativas, en que existió una intromisión indebida en las facultades de los servicios que forman parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, con el objeto de favorecer la aprobación o rechazo de determinados proyectos, fuera del marco legal, por parte de los niveles centrales de algunos ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Medio Ambiente, así como del nivel regional, específicamente de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez Gil, y su jefe de gabinete, Miguel Concha”, se indica en el texto de la querella.

De acuerdo con el detalle que expuso, las anomalías se habrían presentado en el análisis del Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. Pero además, como indicó en medio de una denuncia efectuada en Contraloría, habría enfrentado una situación similar a la hora de revisar el proyecto de Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II de Ñuñoa, y en el caso de la Concesión Américo Vespucio Oriente II Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes.

Ante el organismo encabezado por Jorge Bermúdez, en todo caso, Desarrollo Social ya presentó el informe que les fue solicitado, por lo que ahora Contraloría está analizando los pasos a seguir. Les toca despejar, en esta oportunidad, una eventual infracción al principio de probidad administrativa.

Discusión sobre competencias

Si bien las acusaciones de Patricia Hidalgo generaron inmediatas reacciones en la esfera política, en lo penal lo primero fue discutir sobre las competencias que tenía el 2° Juzgado de Garantía de Santiago para pronunciarse, pues fue ahí donde en primera instancia la exautoridad ingresó la mencionada querella.

De esta forma, y tras el estudio de los antecedentes relatados por la exseremi, la citada instancia determinó que los supuestos delitos denunciados se habrían producido mientras ésta realizaba actos propios de su cargo, en las oficinas de la Seremi ubicada en Catedral N° 1575 en la comuna de Santiago, o en el lugar donde sesiona la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, también en esa comuna.

Por eso, la jueza Claudia Pizarro declaró la incompetencia de dicho juzgado y ordenó la remisión de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía, para que fuera esa entidad la que se pronunciara respecto del caso.

Consultada por el curso de la indagación, Patricia Hidalgo indicó a La Tercera PM: “Lo que hicimos fue poner a disposición los antecedentes de lo que viví en las instancias que corresponden, en tribunales y en Contraloría. Yo confío plenamente en las instituciones y lo más importante para mí es que se llegue a la verdad de lo que podría estar ocurriendo, especialmente porque se puede afectar de manera negativa al medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Responsablemente puse los antecedentes a disposición y serán las instituciones pertinentes las que se tengan que pronunciar”.

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