Ley corta: recálculo de la Superintendencia de Salud cifra en US$ 1.180 millones la deuda de las isapres

Este lunes, la autoridad envió a los senadores de la Comisión de Salud un documento con el monto que tendrán que devolver las aseguradoras, según la nueva forma de cálculo de la ley corta de las isapres, así como también simulaciones de alza de precios base requeridos por cada isapre para lograr neutralizar el impacto de los fallos por tabla de factores y por GES.


Un paso clave para aplicar el dictamen de la Corte Suprema que ordena a las isapres utilizar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso era precisar el monto que las aseguradoras debían devolver a los usuarios. Acorde al fallo, es la Superintendencia de Salud la encargada de hacer ese cálculo. Y si bien eso ocurrió en mayo de 2023, luego en septiembre el gobierno ingresó nuevas indicaciones a la ley corta de isapres, las que cambiaron la fórmula para calcular esta cifra. El cálculo, por ende, debía hacerse otra vez.

Por esta razón, este lunes el ente regulador envió a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado un nuevo cálculo, cifrando la deuda de las isapres en $1.066.610 millones, es decir, más de US$ 1.180 millones , calculados al 30 de septiembre de 2023. La cifra, de hecho, podría cambiar, toda vez que no estará firme sino hasta el mismo mes de 2024.

En una primera instancia la superintendencia había calculado que las aseguradoras deberían devolver más de US$ 1.400 millones a sus afiliados, pero la comisión de expertos destinada para analizar cómo viabilizar el fallo redujo ese monto en casi US$ 900 millones, lo que se tildó como “perdonazo” por algunos sectores.

Luego, a principios de noviembre, el Ejecutivo ingresó correcciones a ley corta de isapres, acogiendo solo en parte lo recomendado por dicho comité de expertos, siendo uno de los principales cambios al proyecto el establecer que no haya planes que impliquen un aporte inferior al 7%. Con eso en vista, la Superintendencia de Salud debía nuevamente entregar una aproximación oficial, lo que indefectiblemente fue tema de debate en las últimas sesiones de la Comisión de Salud y que hasta hoy no había ocurrido.

De hecho, la semana pasada, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, ya había asegurado que el monto que tendrían que pagar sería mayor a los US$ 1.000 millones y había increpado a las autoridades.

“Hay que recordar que la comisión técnica definió fundamentalmente tres criterios para la determinación de la deuda: propusieron que nadie pagará menos del 7%, la mutualización y a quiénes corresponde calcularle la deuda; llamémosle así la cartera. Y la comisión técnica decía que esa deuda se debe calcular a los que estén vigentes en las isapres. De esos tres criterios, en sus indicaciones el gobierno solo ha considerado uno, el del 7%. No ha considerado ni la mutualización ni la cartera propuesta”, argumentó.

Asimismo, el informe de la superintendencia incluye simulaciones de alza de precios base (APB) requeridos por cada isapre para lograr neutralizar el impacto de la aplicación de los fallos por tabla de factores (noviembre 2022) y por GES (agosto 2023).

En el primer escenario, el alza promedio que tendrían que hacer las isapres tienen un rango que va desde 10,3% hasta 41,4%, mientras que el segundo caso, que incluye un plan de contención de costos, las alzas van en un rango de 0,2% a 39,4%.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, afirma que “el informe financiero de la Superintendencia de Salud ratifica la sospecha que teníamos, que va a haber alzas de precios base entre el 7% y el 41%. O sea, las isapres van a apretar el bolsillo de los usuarios”. Y suma: “Estas son alzas muy significativas y, por lo tanto, aquí tiene que haber claridad en la metodología, qué se va a considerar en la deuda y de qué modo afecta la rebaja del precio isapres. Todo esto, al final de cuentas, tiene que estar superclaro en la ley corta, porque si no, es el afiliado el que paga toda esa cuenta y eso sería inaceptable después de años de judicialización”.

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