A dos años del 18-O: informe de Naciones Unidas advierte que en Chile “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a justicia”

Carabineros rodean Plaza Italia durante una convocatoria de manifestación.

El documento de seguimiento elaborado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualiza la información que constató la misión técnica que llegó al país en noviembre de 2019, y entrega una serie de nuevas recomendaciones.




“Valoramos los esfuerzos del Estado de Chile para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”. Así, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), que lidera la expresidenta Michelle Bachelet, calificó la situación actual en el país tras la presentación -durante la jornada de hoy- del informe que actualiza la información que estableció la misión técnica que aterrizó en Santiago el 30 de octubre de 2019, que tenía como objetivo evaluar el cumplimiento de los DD.HH. en las masivas protestas que se generaron desde el 18 de octubre (18-O) de ese año.

A dos años desde las movilizaciones, la ACNUDH da cuenta de que de las 21 recomendaciones para la protección de los DD.HH. que presentaron ante las autoridades de Chile, todavía se mantienen una serie de dificultades para erradicarlas. Una de ellas sería que el “derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas”.

Manifestantes se reúnen en Plaza Baquedano, Santiago.

Además, sobre la función policial, Naciones Unidas sostiene que observó que “tras la reducción del uso de escopetas antidisturbios -que explica la alta tasa de personas heridas con munición de impacto cinético y, en particular, con trauma ocular- aumentó el uso indebido de proyectiles lacrimógenos y de carros lanza agua contra las personas -sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químico-”.

El informe da cuenta que está en curso una actualización de varios protocolos del uso de fuerza por parte de Carabineros pero que, no obstante, “aún deben ser armonizados con el derecho y las normas internacionales”, y subrayan tener antecedentes sobre casos reiterados en que agentes de seguridad “no prestaron asistencia a personas heridas”.

“Genera preocupación la existencia de casos de quemaduras de piel de manifestantes producto de estos cañones de agua, documentados por el ACNUDH y organizaciones de derechos humanos, que parecerían consistentes con las alegaciones sobre el uso de sustancias químicas en los carros lanza aguas”.

Informe sobre Chile, de ACNUDH.

En esa línea, la ACNUDH asegura que constató “hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas, por lo que aconsejan que “aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de estas personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida”.

De acuerdo al texto, el organismo tuvo reuniones con el ministerio de Justicia, de Salud, de Relaciones Exteriores, del Interior; la Contraloría General, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de DD.HH. (INDH), la Defensoría de la Niñez, representantes de la Corte Suprema, parlamentarios y diversas ONG, así como también solicitaron información a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, ministerio de Defensa y Consejo de Defensa del Estado para corroborar si están cumpliendo con las recomendaciones.

Un grupo de músicos en las cercanías de Plaza Baquedano, Santiago.

Ante esto, Naciones Unidas señala que “el Estado de Chile aún no cuenta con una regulación del uso de la fuerza con jerarquía de ley. Al contrario, el empleo de la fuerza se regula por instrumentos internos propios de la Institución”. Entre los “cambios problemáticos” aparece la entrada en vigencia desde 2020 de la denominada Ley Antibarricadas, o también la “propuesta legislativa que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica, dado que podría resultar en la militarización de la seguridad ciudadana”. Se tilda también como “preocupante” el “proyecto de ley que eximiría de responsabilidad penal a funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en ciertas situaciones”.

Sobre las víctimas de violaciones a DD.HH., la ACNUDH destaca que aunque se han implementado programas de apoyo a ciertos grupos de afectados, encontraron “limitaciones que no garantizan una reparación integral para las víctimas y sus familias. Además, constata una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas.”.

Entre los casos que aparecen mencionados en el informe aparece el de Fabiola Campillai, quien recibió un proyectil de gas lacrimógeno en su rostro el 26 de noviembre de 2019, perdiendo “la visión de ambos ojos, el olfato y gusto”, así como el de Esteban Carter, que recibió una lacrimógena en su cabeza el 13 de diciembre de 2019, y el de Cristián Valdebenito, que falleció tras un trauma por proyectil de gas lacrimógeno, el 7 de marzo de 2020.

El documento advierte que, aunque desde abril de 2020 a la fecha las protestas han disminuido considerablemente, relacionado también por la pandemia de Covid-19, “siguieron ocurriendo otros casos de presunto uso desproporcionado de la fuerza”.

Por lo descrito, la organización convoca a las autoridades a cumplir las medidas para asegurar el resguardo de los DD.HH.

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