Este lunes, la Fiscalía Federal de Brasil acusó formalmente a Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, de “coacción” contra el sistema judicial.

Según el ente persecutor, el diputado habría amenazado con conseguir sanciones de Estados Unidos si el proceso contra su padre -condenado recientemente a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2023- no terminaba a su favor.

Desde su residencia en EE.UU., Eduardo Bolsonaro habría advertido a las autoridades que recurriría a contactos en Washington para presionar con medidas económicas y diplomáticas.

No obstante, para el Ministerio Público, estas acciones fueron “inequívocas y consistentes”, con el objetivo de someter los intereses de Brasil a un plan personal y familiar.

Junto con Eduardo, también fue procesado el influenciador Paulo Figueiredo, acusado de participar en la misma estrategia de presión. La Fiscalía, sin embargo, decidió no imputar al propio Jair Bolsonaro, pese a que la policía había recomendado su inclusión en la causa.

El expresidente, derrotado en las elecciones de 2022 por Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este mes por el Supremo Tribunal Federal a 27 años de prisión, al considerarlo responsable de alentar la insurrección que buscó desconocer los resultados electorales.

EE.UU. impone nuevas sanciones a Brasil

El caso adquirió un cariz internacional tras conocerse que, en paralelo a la imputación de Eduardo, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a Brasil. El gobierno de Donald Trump -aliado político de Jair Bolsonaro- impuso aranceles del 50% a ciertas exportaciones brasileñas y extendió la Ley Magnitsky a figuras del sistema judicial.

Entre los sancionados destacan Viviane Barci, esposa del juez Alexandre de Moraes, encargado del juicio contra Bolsonaro, y la consultora paulista Lex-Instituto de Estudios Jurídicos. Estas sanciones implican congelación de activos, suspensión de visados y prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.

Al respecto, el magistrado Moraes calificó la medida como “una intromisión inaceptable” y un atentado contra la soberanía e independencia judicial de Brasil.

Reacciones en cadena

Pese a lo anterior, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a Moraes de liderar una campaña de “censura y procesos politizados”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo responsabilizó de “graves abusos contra los derechos humanos”.

En respuesta, el gobierno de Lula da Silva expresó su “profunda indignación”, calificando las sanciones de injerencia extranjera y advirtiendo que Brasil no aceptará presiones externas sobre su sistema democrático.