El voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes Rocha, que inauguró este jueves la penúltima sesión del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) y los otros siete acusados por su participación en la presunta conspiración golpista para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023, terminó decidiendo el futuro judicial del exmandatario, de 70 años. Aunque los delitos imputados a Bolsonaro sumaban hasta 43 años de cárcel, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió condenarlo a 27 años y 3 meses.

De estos 27 años y 3 meses, 24 años y 9 meses corresponden a reclusión (es decir, la pena para delitos que requieren régimen cerrado) y 2 años y 9 meses a detención (la pena para delitos que requieren régimen semiabierto o abierto).

Dado que la condena total supera los 8 años, Bolsonaro deberá comenzar a cumplirla en régimen cerrado, indicó el medio G1 de Globo.

Pero el expresidente solo debería ser encarcelado como persona condenada (y posiblemente en régimen cerrado) tras la conclusión del juicio, cuando la defensa de Bolsonaro ya no tenga recursos que presentar ante el Tribunal Supremo. La jurisprudencia del tribunal establece que la pena solo debe cumplirse tras el rechazo de las dos primeras solicitudes de aclaración, indicó Folha de Sao Paulo.

Estas solicitudes no suelen alterar el resultado del juicio, sino que buscan aclarar cualquier omisión o error en la decisión, agregó el periódico.

Durante la jornada, la magistrada Cármen Lucía se pronunció a favor de condenar a Bolsonaro, elevando así a tres los votos a favor de esta opción. Al final del día, el quinto integrante y presidente de la sala, el juez Cristiano Zanin, quien fue abogado de Lula antes de ascender al máximo tribunal, también se sumó al voto de mayoría, por lo que la condena fue de 4-1.

La decisión presuntiva de la mayoría de un panel de cinco jueces de la Corte Suprema de Brasil convierte a Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país en ser condenado por atacar la democracia.

La Primera Sala del STF alcanzó la mayoría necesaria para declarar culpable a Bolsonaro de cinco delitos, incluidos intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a organización criminal. Varios generales fueron condenados también por el intento de asonada.

“Pese a la formidable presión de Donald Trump desde Estados Unidos, el juicio ha seguido su curso. La corte brasileña pretende decidir las penas este viernes”, destacó el diario El País.

En el juicio políticamente más relevante de Brasil en los últimos años, Bolsonaro también fue condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido. Ni él ni los otros siete acusados (tres generales, un almirante, un teniente coronel y dos civiles) acudieron al STF. El expresidente, en prisión domiciliaria, siguió el juicio en familia desde su casa, también en Brasilia.

En los días previos, los jueces Alexandre de Moraes (relator del caso) y Flávio Dino votaron a favor de condenar a todos los acusados, mientras que Luiz Fux disintió y absolvió a la mayoría. En la sesión del miércoles, durante la votación de Fux, que duró más de 12 horas, Carmen Lúcia tomó numerosas notas, tanto en papel como en su computador. En ciertos momentos habló con Moraes, quien estaba sentado a su derecha, según detalló el medio Metrópoles.

“El 8 de enero de 2023 no fue un suceso cualquiera, después de un almuerzo dominical, cuando la gente salió a pasear. El conjunto de hechos inauditos e infames ocurridos a lo largo de un año y medio para incitar, difamar e instigar, mediante diversos delitos que derivaron en vandalismo, debería tener una respuesta penal”, señaló en la argumentación de su voto.

Según la magistrada, la única mujer de la alta corte de 11 integrantes, existen pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Bolsonaro participó en un intento de golpe de Estado tras su derrota ante Lula en las elecciones de 2022. Así, señaló que el grupo estaba “integrado por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia”. Para Cármen Lúcia, este grupo “desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el objetivo de perjudicar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Poder Judicial”.

Antes de conocerse su voto, la expectativa era que la jueza se alineara con Moraes y Dino, formando una mayoría simple para la condena de Bolsonaro y otros acusados, agregó el portal brasileño, tal como terminó ocurriendo. Como antecedente, ya en marzo de 2025, al votar para declarar culpables a los imputados, Cármen Lúcia consideró que la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contenía indicios de que hubo un intento de golpe de Estado.

“Existen pruebas materiales. Las pruebas demuestran conocimiento y participación. Si era un criminal o si iba a participar en el golpe, es otra historia. Necesitamos investigar y examinar las pruebas”, declaró entonces. Y agregó: “Afortunadamente, el golpe fracasó. Tenemos democracia en Brasil. Tenemos un Tribunal Supremo actuando como siempre lo ha hecho”.

Además, en junio de 2023, Cármen Lúcia fue la responsable de emitir el voto en el TSE (Tribunal Superior Electoral) que conformó la mayoría para declarar a Bolsonaro inelegible.

Zanin asumió en el STF en agosto de 2023, luego que Lula decidiera premiar al abogado que logró sacarlo de la cárcel tras los procesos de la Operación Lava Jato con una plaza como juez en la máxima corte de Brasil. Por entonces, su nombre sonaba como el favorito desde el principio, a pesar de la controversia que podría generar por el personalismo y el estrecho vínculo entre el mandatario y su defensor. “Todo el mundo esperaba que fuese a nombrar a Zanin, no solo por el papel que tuvo en mi defensa, sino simplemente porque creo que Zanin se transformará en un gran juez del Tribunal Supremo de este país”, dijo Lula en junio de 2023 al confirmar el nombramiento.

De cara al juicio contra Bolsonaro, el ámbito político seguía con especial interés la postura de Zanin. Es conocido por su postura garantista y por sus críticas al principio de la delación compensada. En su anterior trabajo como abogado cuestionó aspectos como la definición de la jurisdicción competente para los juicios, argumentos que ahora utilizan algunos abogados defensores, según comentó Pedro Venceslau, analista político de CNN Brasil.

“Quieren matar a Bolsonaro”

Desde la familia de Bolsonaro rápidamente cuestionaron el pronunciamiento de este jueves por parte de la Primera Sala del STF. “Llaman como juicio a un proceso en que todos ya sabían el resultado incluso antes de que comenzara. No por lo que se produciría en los autos judiciales, sino por a quién se juzgaría”, escribió Flavio Bolsonaro, senador federal por Río de Janeiro, en X.

“A esto llaman la defensa de la democracia. No, esta es una defensa de la supremacía. Persecución suprema. Quieren matar a Bolsonaro”, añadió.

Su hermano Eduardo, diputado federal por Sao Paulo, comentó en la misma red social: “La amnistía se trata de hechos, sobre la persona es privilegio. Nada diferente de la amnistía amplia, general y sin restricciones debe analizarse o tendrá algún efecto de pacificación. Llegó la hora de hacer nada menos que lo que es correcto, o justo”.

Sobre el futuro del exmandatario, la columnista de diario Folha de Sao Paulo, Mônica Bergamo, dijo que el arresto domiciliario para Bolsonaro se hizo más difícil después de las sanciones de Trump al juez Moraes. “La decisión será del relator” de la causa, comentó.

“El expresidente tiene un pánico de ser enviado al complejo penitenciario de Papuda en régimen cerrado. Él dice temer el sufrir maltrato de otros prisioneros, incluso si está en un espacio aislado, y no tener acceso a un buen tratamiento médico”, agregó.

Radicalización

“A pesar de la importancia histórica del juicio, la radicalización persiste en Brasil”, destacó Camila Rocha, politóloga e investigadora del Cebrap (Centro Brasileño para el Análisis y Planificación), en una columna para el diario El País.

Rocha recuerda que Jair Bolsonaro fue declarado inelegible para presentarse a las elecciones hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral, precisamente, por atacar públicamente el sistema electoral brasileño durante una reunión pública con embajadores extranjeros.

Pese a ello, actualmente, el 36% de los brasileños sostiene que Bolsonaro no participó en el intento de golpe, y el 39% considera injusto su arresto domiciliario, cifra que se eleva al 87% entre sus partidarios.

Para el 42% de los brasileños, Bolsonaro es víctima de una persecución. Para una parte significativa de sus seguidores, él sería el verdadero defensor de la democracia contra una institucionalidad corrupta y fallida. Por ese motivo, sus enemigos intentarían censurarlo y arrestarlo. Asimismo, la idea de que Brasil está sometida a una “dictadura judicial” es compartida por el 45% de los brasileños.

“La democracia todavía tiene un largo camino por recorrer”, concluye Rocha.