El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve de las 24 provincias del país, además de cuatro municipios adicionales, en el marco de la estrategia del gobierno para enfrentar al crimen organizado.

La medida incluye a las principales ciudades del país, como Quito y Guayaquil, que en conjunto concentran cerca de siete millones de habitantes. El decreto fue emitido en la antesala de los feriados de Semana Santa, período en que se intensifican los desplazamientos de la población.

Durante la vigencia del estado de excepción, se suspenderán derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, lo que permitirá a la Policía y a las Fuerzas Armadas realizar allanamientos sin orden judicial previa e interceptar correspondencia.

Además, se contempla el despliegue de militares en coordinación con las fuerzas policiales para ejecutar operativos contra organizaciones criminales en las zonas afectadas.

Las provincias incluidas en la medida se ubican mayoritariamente en la costa ecuatoriana, donde operan redes vinculadas al narcotráfico, especialmente en rutas utilizadas para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Entre ellas figuran Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

También se suman Pichincha, donde se encuentra Quito, y Sucumbíos, en la Amazonía, zona fronteriza con Colombia donde recientemente se realizaron operativos militares contra grupos armados irregulares.

La decisión se enmarca en la política de “guerra” contra el crimen organizado declarada por Noboa en 2024, que ha implicado la aplicación reiterada de estados de excepción con distintos alcances territoriales.

Pese a estas medidas, Ecuador enfrenta una persistente crisis de seguridad, con un aumento sostenido de la violencia. En 2025, el país registró más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.