El régimen de Venezuela impulsa una ley contra el “fascismo”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante el Parlamento dominado por el oficialismo una propuesta de “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares” que, sostuvo, es una petición del gobernante Nicolás Maduro para “proteger” al pueblo de la violencia fascista, como un “buen padre”.

El documento consta de 30 artículos que buscan castigar “severamente” cualquier acción que se considere promueva el fascismo, incluyendo la difusión de mensajes por redes sociales.

La justificó por los sucesos violentos que derivaron de las protestas masivas de 2014 y 2017, y por el eslogan “Hasta el final” de la líder opositora María Corina Machado, que comparó con el nazismo. También citó como una de las justificaciones que en Venezuela ha habido partidos fascistas como “Nuevo Orden”, a pesar de que se trata de una organización extinta hace 22 años.

El articulado de la ley describe al “neoliberalismo” y al “conservadurismo moral” como rasgos comunes del fascismo, aunque no los define, y prohíbe la difusión de mensajes que se estimen “denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos”.

El proyecto, que se aprobó en primera discusión pero faltaría hacerlo por segunda para entrar en vigencia, permite la disolución de ONG y partidos políticos, además de inhabilitaciones, por adoptar posturas que la ley considere fascistas o neofascistas.

“Y finalmente, se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas, creando especies penales muy especiales e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de igual naturaleza”, sostuvo Delcy Rodríguez.

La “divulgación de mensajes prohibidos” en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a “medios electrónicos o impresos” de entre 50.000 y 100.000 “veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central”, equivalentes hasta a 100.000 dólares.

Sectores de la oposición y la sociedad civil han advertido que el proyecto de ley busca criminalizar la disidencia en pleno año de elecciones presidenciales.