Pese a los años de inestabilidad política en los que se encuentra sumido el país y a menos de un año de que se realicen las elecciones presidenciales, Perú está viviendo uno de sus períodos más prolíficos en materia de infraestructura, con una serie de megaproyectos que prometen transformar la economía, mejorar la conectividad y potenciar su desarrollo regional.

Estas iniciativas, que contemplan inversiones por más de US$ 44.400 millones, van desde la modernización de aeropuertos y puertos, hasta la expansión de la red de transporte y nuevas rutas ferroviarias, e incluso, un acuerdo con la NASA.

Uno de los hitos más recientes y representativos es el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, que fue inaugurado oficialmente el 31 de mayo de 2025, tras varias postergaciones y controversias. Esta moderna terminal reemplaza al antiguo aeropuerto que operó desde los años 60. Con una inversión aproximada de US$ 2.000 millones, las nuevas instalaciones cuentan con tecnologías de última generación y una infraestructura mucho más eficiente, posicionando a Perú como un centro estratégico en la región para el turismo y los negocios.

Pero Perú no solo ha avanzado en el sector aeroportuario de manera significativa. La expansión portuaria también está en auge, con proyectos como el megapuerto de Chancay, uno de los mayores del país, ubicado a unos 75 km al norte de Lima. Con una inversión inicial de US$ 1.300 millones, realizada por la firma china Cosco Shipping Ports junto a la peruana Volcan Compañía Minera, esta infraestructura busca consolidar a Perú como un nodo logístico clave en el Pacífico sur.

El proyecto contempla varias fases, y su desarrollo facilitará la llegada y salida de mercancías de manera más eficiente, potenciando el comercio exterior y atrayendo inversiones internacionales. Se trata de un componente estratégico clave de la “Nueva Ruta de la Seda” de China, un proyecto global de infraestructura que busca fortalecer los lazos económicos e influir geopolíticamente, al ser el vínculo entre Asia y el Pacífico Sur.

A ello se suma el acuerdo entre la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de Perú (Conida) para el lanzamiento de cohetes sonda desde Punta Lobos, en Pucusana. Según la agencia Andina, el acuerdo se cimentó en dos razones principales: la ubicación favorable de Perú en el ecuador magnético y el importante rol del Radio Observatorio de Jicamarca.

Además, en los últimos días, el Gobierno Regional de Lambayeque anunció la habilitación técnica temporal del proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque en Puerto Etén, que será un motor de desarrollo económico para el norte y nororiente de Perú. Este puerto, con un costo superior a los 560 millones de dólares, facilitará la entrada y salida de mercancías, utilizando una ruta logística que conecta la región con Brasil, China e India, a través de una hidrovía amazónica y vías terrestres. La iniciativa incluye la adquisición de 3.000 hectáreas en Puerto Etén para un parque industrial y zonas de procesamiento, lo que abrirá nuevas oportunidades para la agroindustria, la minería y el comercio exterior regional.

Los proyectos de infraestructura en el transporte terrestre y ferroviario también han recibido un impulso estratégico. La construcción de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima y Callao proyecta una transformación radical en la movilidad urbana. La Línea 2, que será el primer tren subterráneo en Perú, ya tiene un avance del 66,7%, en medio de una labor que involucra 54 frentes de trabajo y una inversión estimada en US$ 5.000 millones.

La Línea 3, completamente subterránea y de 34,8 km de extensión, será adjudicada en 2026 y se espera que entre en operación entre 2033 y 2034. La Línea 4, que conectará distintas zonas de la capital, también apunta a mejorar la movilidad y reducir los tiempos de viaje, facilitando así el desarrollo económico y social en Lima y Callao.

La conectividad entre el centro y sur del país también se fortalece con proyectos como la Nueva Carretera Central, una infraestructura que buscará reducir los tiempos de traslado entre Lima y la sierra central, con una inversión estimada en US$ 49.600 millones. Programada para comenzar a finales de 2025, esta vía beneficiará a más de 10 millones de peruanos, potenciando la integración regional y el comercio interno.

Estos ejemplos dan cuenta de cómo el país busca cerrar la brecha de infraestructura y potenciar su economía. Esto, teniendo en cuenta que desde 2016 ha tenido seis presidentes, cinco de los cuales no han terminado su mandato, mientras que la actual mandataria, Dina Boluarte, tiene una desaprobación del 97%.

“Los proyectos de infraestructura tienen más estabilidad que la política. Ahí sí hay una diferencia. Las obras de infraestructura son decididas en la política. Uno, porque hay una enorme brecha de infraestructura que el país requiere. Algunos estiman que asciende más o menos a 200 mil millones de dólares, esto es aproximadamente el 65% del PBI peruano de un año. Entonces, esta brecha incluye carreteras, puentes, red ferroviaria que es muy corta en el Perú y es muy necesario el transporte público, hospitales, obras de irrigación, presas, en fin, entonces creo que eso es un factor”, dijo a La Tercera Luis Benavente, analista político peruano y director de la consultora Vox Populi.

“La decisión de hacer obras de infraestructura tiene bastante rentabilidad política. Muchos se benefician: desde ciudadanos comunes y corrientes hasta grandes inversionistas. Y da bastante rédito político en el momento electoral. Creo que un tercer motivador también está en la corrupción. Por ejemplo, para la (carretera) Interoceánica Sur, a Alejandro Toledo (2001-2006) le pagaron 30 o 35 millones de dólares de comisión ilícita y por eso está en la cárcel. Entonces, desde pequeñas hasta medianas y grandes obras muchas veces tienen comisiones por la corrupción”, añadió.

A lo anterior, dice Benavente, hay que agregar que Perú cuenta con superávit en la balanza de pagos bastante grande. Perú cerró 2024 con una de las deudas públicas más bajas de América Latina (32,7% del PIB). “La economía peruana es bastante estable y la recaudación fiscal ha ido en aumento de manera creciente. Incluso el mismo déficit fiscal está en niveles tolerables, bastante bajos y es uno de los más bajos también en América Latina. Entonces, hay recursos para esto. Y luego viene la estabilidad jurídica. Cuando se hace un contrato, esto se respeta. Muchas veces en los contratos no ha habido transparencia y en otros casos ha habido retraso. Es así como se da la inestabilidad en la política con el avance de las obras de infraestructura”, indicó.

Retraso en las obras

La ejecución de estos megaproyectos no ha estado ajena a los problemas, esto debido a que según el Consejo Privado de Competitividad, 8.805 proyectos de infraestructura en ejecución registran retrasos, con un promedio de 671 días, un incremento respecto al año anterior, cuando el promedio era de 595 días.

Diferentes actores del sector dijeron al portal Infobae “que la solución no reside en profundizar en las causas de las demoras, sino en incorporar buenas prácticas que reduzcan el riesgo operativo y favorezcan una mayor predictibilidad. Entre las recomendaciones más reiteradas se encuentra la implementación de una planificación y control permanente, con cronogramas realistas, detallados y monitoreados”.

Y en el escenario que un cambio de gobierno tras las elecciones de abril de 2026 pueda modificar este desarrollo, la presidenta Boluarte destacó recientemente la importancia de dar continuidad a estos proyectos, no solo en términos de construcción, sino también en su gestión a largo plazo, para que los beneficios sean sostenibles y puedan potenciarse en los próximos gobiernos.

“Creo que la estrategia tras estos proyectos está dentro del sistema regulatorio del país. No creo que el gran avance de los 90 fue crear un sistema regulatorio de la economía con superintendencias y organismos que cuidan la estabilidad de la economía. Creo que el inversionista extranjero también tiene en el país cierta estabilidad jurídica a pesar de las dificultades políticas, y tiene también materia prima, mano de obra barata, una serie de aspectos al respecto, específicamente a los proyectos de infraestructura”, indicó Benavente.

“Todos están justamente seriamente retrasados por la política, por la inestabilidad política y por la falta de claridad en las políticas públicas. En Perú, a partir de los planes nacionales, de infraestructura nacionales y regionales de infraestructura se priorizan proyectos estratégicos de escala nacional como aeropuertos, puertos, redes, gaseoductos y que luego su ejecución tiene diferentes caminos. Y ahí viene un poco el tema. En algunos casos el gobierno nacional, junto con gobiernos regionales, canaliza con la participación del sector privado (…) Estos proyectos son los que suelen avanzar mejor”, dijo a La Tercera Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano.

“Porque su ejecución, si bien tiene un fuerte componente político -evidentemente las aprobaciones, los procesos dependen del Estado, porque son inversiones de escala nacional-, como son promovidos por el sector privado, este tiene mayor estabilidad y capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones políticas. Y, además, tiene mayor claridad en sus prioridades, porque son empresas, saben hacia dónde quieren llegar. Y como son entidades privadas, tienen más alineadas sus acciones y carteras”, añadió