La carrera presidencial brasileña de 2026 tiene en la corrupción uno de sus ejes centrales. Los dos candidatos que encabezan las encuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, enfrentan casos judiciales que sirven de munición para los ataques de sus rivales a poco más de un mes de los comicios presidenciales del 4 de octubre.

El nexo común es Daniel Vorcaro, expresidente del Banco Master, intervenido por el Banco Central, ahora liquidado. Tanto Lula como Flávio debieron explicar sus vínculos con el exbanquero después de que se conocieran grabaciones, documentos y reuniones que los relacionan con él, según consignó CNN Brasil.

A esto, se suman las investigaciones contra Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del mandatario y conocido como “Lulinha”, por un presunto esquema de descuentos indebidos en las pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

También, -de acuerdo con Folha de S.Paulo- en la antesala electoral aparece la disputa de competencias entre la Policía Federal, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), que podrían determinar el curso del proceso.

A la fecha, la ventaja del presidente Lula sobre Bolsonaro se redujo de cara a las elecciones, mientras el líder izquierdista enfrenta las repercusiones de las acusaciones de corrupción contra Lulinha. Lula aventaja a Bolsonaro con un 47,1% frente a un 42,6% en caso de una segunda vuelta, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada este lunes.

En la encuesta anterior, realizada en julio, Lula aventajaba a Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, por aproximadamente 6 puntos. La semana pasada, Lula tenía una ventaja de 1 punto en una encuesta de BTG Pactual/Nexus y de 4 puntos en una encuesta de Datafolha del 21 de agosto.

El nexo con el Banco Master

Flávio Bolsonaro fue el primero en verse obligado a dar explicaciones en relación al Caso Master. Audios revelados en mayo por The Intercept Brasil mostraron al senador pidiéndole fondos a Vorcaro, en teoría para financiar la película Dark Horse, centrada en la carrera política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El extitular del Banco Master habría transferido $61 millones de reales a la producción.

El senador sostuvo que se trataba de transacciones comerciales privadas y negó irregularidades. En una entrevista con CNN Brasil, tras conocerse los audios, prometió justificar los gastos de la película, promesa que no se ha cumplido a la fecha.

Un documento que se conoció en junio, adjunto a la investigación policial del caso, detalla que la película costó 75 millones de reales, 54 millones gastados en el extranjero y 20,9 millones en Brasil. Sin embargo,no hay recibos ni facturas que respalden esas cifras. La oposición usa este vacío para presionar a Flávio de cara a las elecciones.

Lula, por su parte, se reunió con Vorcaro en diciembre de 2024, en un encuentro extraoficial al que también asistió Gabriel Galípolo, entonces nominado a la presidencia del Banco Central. En esa cita, Vorcaro le habría detallado a Lula la situación operativa de su banco. Pero el mandatario restó importancia al encuentro. En una entrevista con el portal UOL dijo que ya se había reunido con otros empresarios y que Vorcaro asistió por gestión del entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega.

Las esquirlas del caso Master también salpican al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula a través de Jacques Wagner, exlíder del oficialismo en el Senado. La Policía Federal sostiene que existen pruebas de que el senador recibió beneficios económicos de directivos del banco a cambio de su gestión parlamentaria en asuntos de interés para la entidad, entre ellos la negociación de un departamento avaluado en 2,5 millones de reales.

El otro flanco abierto para Lula -así como el de su rival- también involucra a la familia. Lulinha enfrenta tres investigaciones de la Policía Federal por presunto tráfico de influencias y corrupción vinculados a contratos con empresas del gobierno federal, entre ellas su relación con la lobista Roberta Luchsinger.

La defensa del hijo del mandatario niega cualquier irregularidad. Luchsinger, a su vez, está acusada de colaborar con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes -o “Careca do INSS”- en el fraude previsional, quien es apuntado como el principal intermediario del esquema de desvíos de las administradoras de pensiones.

Según la Policía Federal, empresas ligadas a Antunes recibieron más de 53 millones de reales provenientes de descuentos indebidos aplicados a jubilados y pensionistas. Lula ha insistido en que confía en la inocencia de su hijo, aunque ha asegurado que la Policía Federal debe investigarlo.

Jueces con protagonismo electoral

Fuera del control de los candidatos, las decisiones de la Policía Federal y de ministros del STF y del TSE podrían influir en el resultado final de la campaña, que osciló primero a favor del PT y más recientemente hacia Flávio.

Buena parte de la incertidumbre recae en el ministro del STF André Mendonça, elegido por Jair Bolsonaro, descrito como “ferozmente evangélico”, y que goza de la simpatía de la derecha y de la desconfianza de la izquierda.

Mendonça es el relator del caso Master y de dos de las tres investigaciones contra Lulinha. La tercera está en manos de Flávio Dino, considerado cercano al PT.

La Policía Federal, al mando del director general Andrei Rodrigues, enfrenta desconfianza desde la derecha. El Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro denuncia filtraciones selectivas en el caso Master por parte de la policía. Flávio Bolsonaro incluso rechazó la escolta que la corporación le ofreció como candidato presidencial y optó por la seguridad de la Policía del Senado.

La defensa de Lulinha, en el extremo opuesto, también acusa filtraciones selectivas y exige al gobierno corregir lo que califica de “maniobra para dañar la campaña del PT”.

A esa disputa se suma el conflicto de competencias entre el TSE, presidido por Kassio Nunes Marques, y el STF, en particular el sector alineado con Alexandre de Moraes, por el juzgamiento de videos deepfake hechos con inteligencia artificial.

Kassio, quien fue nominado por Jair Bolsonaro, es cuestionado puertas adentro del tribunal por respaldar a Flávio en cuanto a la legalidad de un deepfake del expresidente exhibido en la convención del PL. Moraes, por su parte, sugirió que el caso podría derivar en la inhabilitación de Flávio, lo que integrantes del TSE interpretaron como una injerencia.

Para el PL, Moraes es la figura que más pesa en el proceso electoral. Fue él quien persiguió judicialmente al expresidente derechista por el intento de golpe de Estado en 2022. El ministro ordenó la prisión de Jair Bolsonaro y prohibió las visitas de su hijo. Tras esa decisión, en julio, el senador acusó a Moraes de interferir en la elección al impedirle ver a su padre, una denuncia que ya había anticipado en abril, cuando advirtió en el pleno del Senado que el ministro buscaría desequilibrar los comicios desde el STF, como -según su acusación- hizo al frente del TSE en 2022.