No resultó todo como pretendía, pero al menos logró lo que no había podido desde que se convirtió en presidente de Argentina. Tras gobernar dos años sin ley presupuestaria, Javier Milei consiguió el viernes la aprobación de su primer presupuesto en el Congreso. Tras obtener respaldo opositor, el Senado sancionó su proyecto con 46 votos a favor y 25 en contra, que incluye una pauta de superávit fiscal primario equivalente al 1,5% del PIB.

“No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”, afirmó en redes sociales el jefe de Estado, quien calificó la aprobación del Presupuesto 2026 como un “hecho histórico”.

“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, festejó.

Pero no todo ha sido festejo para Milei en el Congreso. El 11 de diciembre pasado, el mandatario envió al Legislativo su proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, asegurando que la iniciativa busca reformar un sistema que “permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo”.

“Durante décadas, la combinación de altos costos derivados de la litigiosidad, reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida ha frenado la creación de empleo registrado, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores informales y pequeñas y medianas empresas”, añadió el texto oficial.

En un escenario donde el oficialismo se ve fortalecido en el Parlamento después de la asunción de los nuevos diputados y senadores electos el pasado 26 de octubre, cuando sacó más del 40% de los votos, el proyecto plantea cambios estructurales en el mercado de trabajo, como la flexibilización para contratar y despedir personal y limitar el ejercicio del derecho a huelga.

El Ejecutivo solicitó que el Congreso “otorgue un tratamiento rápido y responsable” al proyecto. De hecho, el gobierno de Milei buscaba que la iniciativa fuera debatida durante las sesiones extraordinarias de este mes con la intención de lograr al menos su aprobación parcial antes de fin de año, algo que finalmente no ocurrirá.

Después de la culminación de la protesta organizada el 18 de diciembre por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera de Argentina, que concentró a miles de trabajadores en la icónica Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, para rechazar la reforma laboral impulsada por Milei, la senadora oficialista Patricia Bullrich aseguró que el proyecto será tratado en el Congreso a partir del 10 de febrero de 2026.

Durante la movilización, los principales dirigentes de la CGT habían amenazado con desplegar un plan de lucha que incluya una huelga general.

Y es que el proyecto de reforma laboral impulsado por Milei ha generado polémica por muchos de sus 92 puntos.

Uno de los más conocidos ha sido el de el “pago en especies”, que permitiría a empleadores pagar los salarios con bienes o servicios, y no con dinero.

Pero ese no es el único punto que toca la reforma, que se propone cambiar totalmente la relación entre empleado y empleador en el país trasandino. El proyecto de ley contempla cambios en normativas relacionadas a los sindicatos, los finiquitos y su pago, las jornadas laborales y su duración, y la posibilidad de hacer huelga.

Si bien la postergación del debate de esta reforma fue vista por los sindicatos como “un triunfo tácito”, temen, sin embargo, que el proyecto termine aprobándose “entre gallos y medianoche”.

El cambio más impactante que propone la reforma es la posibilidad de pagar los salarios “en especies”, lo que le ha valido al texto la comparación con los sistemas de fichas que se privilegiaban en la minería del siglo XIX. Esta apertura también incluye la posibilidad de pagar con moneda extranjera, o alimentos, e incluso viviendas o servicios.

En declaraciones al periódico Perfil, el abogado laboralista y diputado Sergio Eduardo Capozzi señaló que la medida “es un retroceso, como volver a los años 90”. “Volveríamos a los tickets canasta, que se crearon por la década del 90 para facilitar a los trabajadores que no tenían un comedor dentro de la empresa, y después eso se transformó en una moneda de cambio”, comentó.

El medio indicó que históricamente ha existido un tope para este tipo de remuneraciones, y solo hasta el 20% del salario podía pagarse en especies. Sin embargo, el nuevo proyecto no habla de porcentajes, y se podría pagar el 100% de la remuneración con esta modalidad.

Otro de los puntos que prevé la reforma es una “reducción del cálculo indemnizatorio”, que buscaría hacer más barato un despido para las empresas. Con eso se excluirían del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo aquello que no integre el salario normal. En el nuevo cálculo ya no tomarían el salario más alto como referencia, sino más bien un promedio de todos los salarios. Además, el proyecto habilita el pago en cuotas de la indemnización.

En lo relativo a las horas de trabajo, la reforma crea un “banco de horas” que se haría mediante convenio colectivo, y con lo que se buscaría “distribuir la jornada laboral” y acumular horas. Así, se amplía la posibilidad de tener jornadas diarias de 12 horas en lugar de ocho horas como es legal ahora.

El proyecto también aborda el tema de las vacaciones, introduciendo la posibilidad de fragmentarlas en tramos “no menores a siete días”. Del mismo modo, la empresa u organización tendrá que permitir al menos una vez cada tres años el descanso durante el verano.

Entre las medidas más sensibles hacia los sindicatos está la ampliación de lo que se considera “actividad esencial”. Eso significa que, en caso de conflicto laboral, estas actividades deberán garantizar un funcionamiento de entre el 50% y el 75%.

Sin embargo, esa propuesta ya había sido objetada antes por la Justicia, luego de un recurso de amparo interpuesto por la CGT, cuando el gobierno de Milei intentó imponerla por decreto. Los abogados expertos en derecho laboral aseguran que esta ampliación afecta el ejercicio del derecho a huelga.

También se elimina, en el proyecto, la denominada “cuota solidaria”, que es una contribución que hacen los empleados no afiliados a sus respectivos sindicatos. Este punto ha sido fuertemente criticado por los gremios, que ven así afectados sus esquemas de recaudación.

Además, la reforma busca establecer salarios atados a la productividad.

La reforma, polémica desde el momento en que se dio conocer, vivió su primer traspié a solo una semana de ver la luz. El gobierno de Milei vivió una fuerte derrota en la Cámara de Diputados, que sumada a las protestas de las grandes federaciones sindicales motivó el “postergar la discusión” y dejarla para 2026.

En un principio, Milei no quería dejar pasar año nuevo sin aprobar su reforma, en tiempos en que venía alentado por su triunfo en las elecciones de medio término. Sin embargo, en medio de polémicas con legislaciones de las universidades públicas y los sistemas de salud para personas con discapacidades, el libertario vio más prudente dejar la reforma “en veremos”.

La decisión, de todas maneras, fue celebrada por el sindicalismo y vista como un “triunfo tácito”. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, se refirió a la postergación como “un gran triunfo táctico de los trabajadores”, y exigiendo que la iniciativa se trate “con todos los actores en la mesa.

“Si esto sucede, nos encontraremos sentados en la mesa. Si no sucede, nos encontraremos en la calle y peleando en cada despacho del Parlamento”, indicó el gremialista.

En la Plaza de Mayo, durante la manifestación del 18 de diciembre, la consigna fue “en defensa del trabajo y la dignidad”, y se criticó la reforma considerándola “regresiva y prevaricadora”.

Un documento de la CGT indicaba al respecto: “Bajo el discurso de la modernización y la competitividad se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar a las organizaciones sindicales e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad”.

El titular del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Salta, Héctor Dondiz Villa, declaró a un medio local que la iniciativa de Milei podría perjudicar a los trabajadores, con riesgos de precarización y facilidad para despidos. La solución de la informalidad, indica el experto, iría en otra dirección: “Si no se castiga el trabajo en negro, no hay incentivo real para regularizar, porque el empleador no tiene razones de peso para adherirse”.

Para Cristian Jerónimo, titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y uno de los líderes de la CGT, “el problema que tiene este proyecto de ley de reforma laboral es que es totalmente flexibilizador y para el único sector que está contemplado es para las grandes empresas”.

Según el dirigente sindical, la iniciativa fue escrita “por los bufetes de abogados de las grandes empresas de la Argentina, que tiene una redacción muy maliciosa y que no tiene impacto real en la creación de nuevos puestos de trabajo. No es una reforma que les permita a las pequeñas y medianas empresas ser más competitivas y poder producir más; todo lo contrario. Es una reforma pensada y concentrada en las grandes empresas, con una mirada totalmente regresiva, con quita de derechos individuales y colectivos. Por eso la rechazamos de plano”, dijo al diario La Voz.

Por ello, Jerónimo no descarta un paro nacional. “Hoy no descartamos nada. La movilización marca un punto de inflexión. No es algo que quisiéramos tener que hacer, pero si siguen con esta actitud maliciosa y caprichosa vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer como institución y como organización gremial”, advirtió.