La Contraloría General de la República (CGR) realizó una investigación que derivó en cinco informes a diferentes instituciones públicas de la Región de Valparaíso, en el marco de la reconstrucción del megaincendio de 2024. Entre ellas, la Municipalidad de Quilpué cuya alcaldesa, Carolina Corti, apuntó a la administración anterior por las irregularidades constatadas.

“Este informe de Contraloría sólo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada. Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior”, criticó Corti respecto a la gestión anterior.

El informe final N°535, elaborado por la Contraloría Regional de Valparaíso comprobó la adquisición de 382 cocinillas a gas sin certificación vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), por un monto de $14.974.320. Por ello, el municipio deberá adoptar medidas en fin de reforzar el control para determinar las responsabilidades administrativas involucradas, además de formular el reparo económico respectivo.

Por otra parte, la entidad fiscalizadora corroboró el extravío de 297 tarjetas SIM donadas por la Seremi de Transporte de Valparaíso, avaluadas en $7.276.500, sin ningún respaldo formal asociado. También se verificó la contratación de 20 honorarios que no detallaron sus funciones evaluadas $54.600.000.

Entre las anomalías que se verificaron en el informe, figuran la ausencia de casi 5 mil Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), 4.245 artículos sin justificación por no ser entregados, falta a la trazabilidad del servicio de transporte y la pérdida de cinco estanques de agua y uno en desuso.

Adicionalmente se corroboró la existencia de módulos sanitarios sin funcionamiento, 15 trabajadores sin registro de asistencia al trabajo y tres proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con atraso en la rendición de cuentas.

La investigación realizó más de 18 observaciones que revelan las falencias del control de gestión durante la reconstrucción de la comuna durante la emergencia. Desde Contraloría, ordenaron al municipio determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

La alcaldesa Corti aseguró que su administración “ya ha adoptado medidas, generado procedimientos y estandarizados procesos destinados a resguardar la transparencia, legalidad, oportunidad y eficiencia en la gestión de recursos y apoyos en tiempos de normalidad y también en emergencias”.

Además, hizo un llamado a que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, para que "persigan con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez”, luego de que la entidad fiscalizadora revelara las asignaciones al municipio por la gestión en medio de la catástrofe ocurrida en 2024.