Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería: “Entrar con visa y rut protege los derechos y facilita la inserción”

Bellolio, junto con el subsecretario Galli, impulsó la aprobación de la nueva ley que tardó ocho años.

Explica la nueva Ley de Migración -despachada esta semana- que impondrá la obligación de que los migrantes, al momento de ingresar a Chile, tengan sus papeles regularizados. “Eso mejora su calidad de vida”, dice.




Álvaro Bellolio analiza los principales cambios que trae la nueva ley que regula esta materia y que tardó ocho años en ser tramitada y critica duramente al Frente Amplio, coalición cuyos parlamentarios anunciaron que llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional.

¿Cómo recibe la aprobación de la Ley de Migraciones?

Esto es la consolidación del proyecto migratorio que responde a una contingencia real. En los últimos cinco años ha entrado un millón de extranjeros y el 90% de ellos, entró como turista. Esta ley es fundamental para un Chile donde hubo un cambio demográfico gigante y que tiene un desafío de cohesión y donde debemos ser responsables en materia de migración.

¿Cuáles son los cambios principales?

La creación de la nueva institucionalidad, el nuevo Servicio Nacional de Migración y sus direcciones regionales. Esto permitirá homologar los trámites a nivel nacional y obliga a proponer una política migratoria integral. Esto obliga a sincerar las razones por las cuales se viene al país y ayuda a generar mayor control y trabajo con los gobiernos locales. También permitirá mejorar las expectativas de los extranjeros al venir a Chile, ya que entrar con visa y rut protege los derechos, facilita la inserción y mejora su calidad de vida.

¿Quedaron conformes con el artículo que permite regularizar la situación de migrantes con visas vencidas hasta marzo de 2020?

En ese caso se trata de extranjeros que están en Chile y que no han podido demostrar su sustento económico, porque se quedaron sin trabajo o porque tenían dificultades para acceder a un documento. Ellos se han visto bien apremiados, pero están en Chile, hicieron bien las cosas, entraron por pasos habilitados, solicitaron una visa en su minuto y necesitan volver a poder volver a ponerse de pie. En ese sentido nos parece muy razonable la medida que se tomó. Estimamos que ellos son al menos unas cinco mil personas.

¿Qué pasará con las personas que ingresaron al país por pasos no habilitados antes de la promulgación de esta ley?

Se les dará la oportunidad de que puedan ir a cualquier consulado de Chile en el exterior para que soliciten una visa de residencia para así entrar con visa y rut, que es como debió haber sido desde el primer minuto.

¿Qué pasará con quienes no salgan?

Nunca tendrán cédula de identidad en Chile y se iniciará su proceso de expulsión.

¿Qué opinión le merece que los parlamentarios del Frente Amplio quieran llevar este proyecto al Tribunal Constitucional?

Estamos convencidos de la constitucionalidad del proyecto de ley. Es bien relevante considerar cuáles son los puntos que defiende el Frente Amplio. Ellos quieren hacer que sea prácticamente inviable o imposible de materializar una expulsión, porque no quieren que los extranjeros que hayan cometido delitos sean expulsados. Ellos han defendido una lógica de absolutismo en derechos que generaría enormes problemas entre la relación de nacionales y extranjeros. Es de las cosas más irresponsables que he escuchado en políticas públicas.

En Santiago hay varios alcaldes que alertan por la proliferación de campamentos en que un porcentaje importante son migrantes. ¿Su oficina está analizando este tema?

La proliferación de campamentos ocurre por el cambio demográfico que se generó. Pensar que la entrada de un millón de extranjeros en los últimos cinco años, el 90% como turista, no iba a influir en la cohesión y el acceso de servicios era una locura. La gracia de la nueva ley es que además crea un consejo de política migratoria que debe presentar una propuesta de política migratoria integral y ahí hay temas que son fundamentales como salud, vivienda, educación, empleo y otros.

El gobierno contratará 15 aviones para expulsar migrantes infractores de ley. ¿Cómo se llegó a la necesidad de contar con aviones privados?

El sistema histórico funcionaba en la lógica de que se contrataban pasajes individuales cuando eran expulsiones de países no vecinos. En general se compraban cinco pasajes, a la ida para el extranjero expulsado y los dos escoltas y uno de vuelta para ellos. Cinco pasajes por extranjero era poco eficiente y bastante caro, era mucho mejor hacer un avión que tuviera un destino concreto y coordinar el vuelo con los escoltas. Mayor seguridad y menor costos. Para ampliar la capacidad de expulsión se necesitó hacer esto para agilizar el proceso y tener mayor frecuencia.

¿Es necesario que las expulsiones se hagan televisadas? ¿No cree que eso genera una falsa asociación entre migración y delincuencia?

Es al revés, lo que hace es mejorar la relación entre nacionales y extranjeros. Es una señal clara: el extranjero que comete delitos, el que entra a la mala a Chile va a ser expulsado. Por lo tanto, el que está acá, el vecino con el que convive, no está en esas condiciones. Eso da mayor seguridad.

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