A pocos días de cumplir dos años en el cargo, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, hace un balance crítico del actual gobierno y en vísperas de las elecciones presidenciales.

En conversación con La Tercera advierte que, pese al compromiso de campaña, el Presidente no cumplió con fortalecer la Defensoría de la Niñez, que hoy, asegura, enfrenta falta de recursos y cobertura limitada en la protección de los derechos de menores.

Una de las últimas causas de las cuales eligió ser parte fue la ocurrida el pasado lunes 20 de octubre, cuando un menor de 12 años falleció tras colisionar el furgón que lo transportaba en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. La Defensoría se querelló por homicidio y lesiones.

“Dentro de nuestro rol cabe buscar por todos los medios de justicia para niños y niñas que mueren en estas circunstancias”, dice.

Estamos ad portas de una elección presidencial. ¿Qué balance hace de este gobierno en materia de niñez y adolescencia?

El balance parte por revisar las recomendaciones que la Defensoría de la Niñez hizo en 2021 y cuántas fueron incorporadas al plan de gobierno. De las 161 propuestas, un 46,5% se ha cumplido y un 53,5% sigue pendiente. Entre las más relevantes están las vinculadas a protección social, prevención de la violencia y participación infantil, además de la instalación del sistema de garantías y protección integral. El gobierno cumplió con promulgar la ley de garantías en 2022, pero su implementación sigue en curso y será tarea del próximo gobierno consolidarla.

¿Diría que el Presidente cumplió o incumplió su promesa de fortalecer la Defensoría?

El gobierno se comprometió a fortalecer la Defensoría de la Niñez tanto en su presencia regional como en sus facultades legales. Si bien ha habido un aumento presupuestario durante esta administración, no ha sido proporcional al crecimiento institucional ni al alza de requerimientos. Hoy la Defensoría enfrenta falta de recursos, no cuenta con sedes en todas las regiones y opera con equipos reducidos para una alta carga de casos. Por eso, el fortalecimiento prometido sigue siendo insuficiente.

¿Han solicitado formalmente un reajuste?

Sí. Cada año presentamos una minuta detallada de requerimientos a la Dirección de Presupuestos y al Congreso. Sin embargo, el año anterior no se cumplió lo solicitado y además fuimos objeto del recorte fiscal. Eso afecta directamente la cobertura y el alcance de la Defensoría.

¿Qué impacto concreto ha tenido esa falta de presupuesto?

Es importante entender que gastar en niñez no es un gasto, es una inversión. Invertir en políticas públicas para la niñez genera un retorno social mucho mayor. Invertir en salud mental, educación o prevención de la violencia evita costos futuros en justicia o productividad. Intentamos que no afecte. Donde tenemos presencia, atendemos todos los requerimientos. Sin embargo, la falta de cobertura nacional implica que muchos niños y niñas no pueden acceder a la Defensoría.

¿El poder político ha mantenido a la Defensoría en un rol más simbólico?

El gobierno valoró a la Defensoría en el discurso, pero no la fortaleció en los hechos. Con un aumento de presupuesto de 700 millones de pesos podríamos cumplir toda nuestra planificación estratégica 2026. No hablamos de miles de millones, sino de una cifra perfectamente abordable.

El análisis de su Observatorio muestra recortes en prevención, salud mental y representación jurídica. ¿Eso refleja una falta de prioridad real en la infancia dentro del Estado?

Sí. Del total del presupuesto en niñez, el 70% se concentra en protección social y educación, y menos del 10% en salud mental, participación, cultura y deporte. Solo un 0,2% se destina a participación, pese a que hay un mandato legal de que los niños deben ser escuchados en las políticas que los afectan.

¿Cómo han evaluado los programas de los candidatos?

Este año elaboramos la Agenda País 2025–2030, un documento que reúne siete grandes recomendaciones que el próximo gobierno debería incorporar en su programa. Estas propuestas apuntan a establecer un piso de protección social sólido, fortalecer los roles de cuidado, garantizar el uso y goce seguro de los espacios públicos, promover una educación de calidad y equitativa, prevenir y abordar la violencia, fomentar una cultura de participación y asegurar la transversalización del enfoque de derechos de la niñez en todas las políticas públicas.

¿Ha podido reunirse con los candidatos?

Enviamos el documento a todos. Solo nos hemos reunido con Marco Enríquez-Ominami; con otros hay reuniones pendientes. Eso da cuenta que cuando eso no suma puntos a la campaña estos temas pierden importancia, y esa es una preocupación que yo he planteado también como defensor de la Niñez.

Los candidatos han hecho propuestas sobre infancia. ¿Son suficientes?

En términos generales, las propuestas van en el sentido correcto, pero algunas enfatizan la persecución penal en lugar de medidas estructurales. Llamamos a que las políticas se basen en evidencia, no solo en temas que buscan atraer votos.

¿Quiénes enfatizan en persecución?

Artés y Parisi.

¿Y los que van en la línea correcta?

Si se revisan los programas de Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, todos incluyen el foco en la implementación de la Ley 21.430 y del Sistema de Garantías. Pueden tener matices, pero van en el sentido correcto.

¿Ve a alguno con un programa más desarrollable?

No quiero calificar cuál es mejor, pero si un candidato se compromete a implementar la Ley 21.430 e invertir efectivamente en ella, ese programa es realizable.

¿Tiene algún candidato favorito?

Aquel que, cuando asuma en 2026, se comprometa a consolidar las instituciones de niñez y dé continuidad a las políticas públicas beneficiosas, mejorando las que tienen deficiencias.