CDE ha estudiado más de mil causas derivadas de la crisis social

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A tres meses de las protestas, el Consejo de Defensa del Estado ha revisado 583 denuncias por casos de DD.HH., 267 indagatorias por daños a infraestructura y 209 asuntos en materia constitucional.




El Consejo de Defensa del Estado (CDE) tiene como objetivo velar por los intereses del fisco en diversas áreas, que van desde asegurarse de que los empleados públicos cumplan sus roles de acuerdo a la ley, hasta preocuparse por cuidar el patrimonio del Estado.

Estas materias se han posicionado como dos de los principales focos de interés del CDE desde el 18 de octubre pasado, día en que comenzó la crisis social por la que atraviesa el país.

Según cifras del organismo, en los últimos tres meses el CDE ha debido estudiar un total de 1.059 asuntos relacionados con la crisis y las manifestaciones ciudadanas. Así, las diversas causas judiciales que se han abierto derivadas de las movilizaciones se han tomado el protagonismo en la entidad.

Ese universo de 1.059 casos se desglosa en 209 causas de los ámbitos civil y contencioso administrativo, referidos a impugnar las declaraciones de estado de emergencia, el uso de armamentos no letales o disuasivos, y peticiones de resguardo de comercio.

En el área penal han seleccionado, hasta ahora, 850 asuntos derivados de las protestas. De ese total, 267 son casos relacionados con daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública, y 583 referidos a eventuales vulneraciones a los derechos humanos.

De las 267 causas relacionadas a daños en bienes del Estado, 77 cuentan con autores identificados por estos hechos.

En tanto, las 583 investigaciones referentes a presuntas vulneraciones a los derechos humanos se distribuyen en 372 denuncias por apremios ilegítimos. De ellos, 133 son por abusos contra particulares, 35 por lesiones, 19 por torturas; siete por homicidio, cuatro por violencia innecesaria, tres por homicidios frustrados, dos por daños a particulares, y otras dos por allanamiento ilegal y obstrucción a la justicia, respectivamente.

Completan el universo cinco casos que no han podido ser calificados, por no contar con información suficiente.

"Frente a un escenario de creciente magnitud y dado que la ley faculta al servicio para intervenir en el proceso penal solo mediante la interposición de querella criminal, nos pareció necesario construir un sistema de categorización de las denuncias que considerara la gravedad de los delitos perpetrados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, contra quienes el CDE se encuentra legitimado para actuar", explicó la presidenta del organismo, María Eugenia Manaud.

Según el CDE, luego de una revisión preliminar se seleccionaron 171 asuntos, categorizados como de "extrema gravedad" -como homicidios, torturas y apremios-, para los que se impartieron instrucciones a las procuradurías fiscales a fin de que pidieran las carpetas investigativas al Ministerio Público. Esto, con el objetivo de contar con los antecedentes en caso de que decidan querellarse.

En ese sentido, Manaud dijo que "corresponde que el CDE estudie acabadamente cada caso con el propósito de defender el interés público. Ello solo puede ser concretado por el servicio una vez que dispone de antecedentes suficientes que le permiten llegar a ese convencimiento, y para ello estamos trabajando".

Hasta ahora, el CDE ha presentado tres querellas por eventual violación a los derechos humanos y ya se decidió ingresar a los tribunales una cuarta por hechos de este tipo. Esta última se trata del caso de Álex Núñez, fallecido tras recibir una golpiza que -según investiga la fiscalía- habrían sido ocasionada por Carabineros.

Y en el ámbito de ataques a la propiedad pública y/o de valor histórico, interpuso una querella por dos incendios ocurridos el 12 de noviembre cerca de Plaza Italia, y el viernes pasado presentó otra por daños a la estatua del general Baquedano. Además, ya decidió presentar una acción legal por la quema a la iglesia San Francisco de Borja, "por entender que los hechos investigados revestirían el carácter del delito de que se trata, y que ha afectado a un monumento nacional". Esto último fue decidido en el consejo pleno del martes pasado.

Uno de los escenarios que visualiza el consejo es que los ciudadanos afectados por el actuar policial y en los que el CDE se ha querellado, podrían más adelante presentar demandas indemnizatorias. En esta última situación, el rol del CDE será la defensa de los recursos públicos.

Sobre esto, Manaud aclaró que ambos puntos son intereses prioritarios para el Estado y dijo que es tarea del CDE defenderlo "con idéntica convicción". "Al Estado le asiste la promoción y defensa de los derechos humanos, por lo que perseguirá con firmeza a quienes los vulneren, así como requiere que se resguarde el patrimonio público que pertenece a todos los ciudadanos y habitantes", señaló.

Sobre este tema, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, dijo que "en cuanto a la aparente contradicción que podría haber, esto ocurre muchas veces, no es algo nuevo. El ingrediente que tiene es que son casos de derechos humanos, pero claramente el consejo y sus profesionales saben cómo guiar las acciones. Así que no debiese generar ninguna complejidad que lleve acciones en beneficio del patrimonio fiscal, por una parte, y por otra parte, en contra de aquellos que están acusados de violar los derechos humanos".

Acción constitucional

El CDE ha contabilizado 209 asuntos del ámbito civil y contencioso administrativo. Entre ellos, se han presentado 110 acciones constitucionales para impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toques de queda. De ellas, 19 fueron declaradas inadmisibles y 67 terminaron por sentencia en las que se rechazó la pretensión de los recursos.

Además, se han presentado 76 acciones constitucionales que cuestionan la legalidad del uso de armamentos no letales u otros elementos disuasivos en el marco de las protestas, y de ellas han concluido 22. Y, de esas finalizadas, 21 se consideran favorables al interés fiscal, debido a que dos terminaron por incompetencia del tribunal, ocho fueron declaradas inadmisibles y 11 rechazadas.

Además, se han interpuesto 23 recursos de protección presentados por comercios o negocios, los que pidieron resguardo porque se encontrarían expuestos a sufrir limitaciones en el ejercicio de sus actividades, o bien daños a sus establecimientos.

En nueve de ellos, el CDE obtuvo resultados favorables y hay 14 que todavía están en tramitación.

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