“Como pueden ver, este es uno de los cuatro buses que van saliendo a Olmué”. Con estas palabras, el 20 de junio de 2024, la entonces alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA) anunciaba el inicio del programa “Vacaciones Merecidas”, iniciativa ahora conocida como “Vacaciones Soñadas” y que busca concretar la realización de viajes para adultos mayores de la comuna.

Si bien la iniciativa se implementó desde antes de aquello, los viajes ocurridos entre 2022 y 2024, ahora están bajo la lupa del Ministerio Público, luego de que la administración del actual alcalde, Sebastián Sichel (Ind) presentara una querella en julio del año pasado por presuntos delitos de fraude al Fisco durante el periodo de su antecesora.

A la acción judicial presentada por el jefe comunal, a comienzos de esta semana el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó al municipio y presentó una querella por el delito de fraude al Fisco y falsificación de instrumento privado ante el Octavo Juzgado de Garantia, la que fue declarada admisible este jueves.

En el escrito de 18 páginas presentado por el procurador de Santiago, Marcelo Chandía, si bien es contra quien resulte responsable, individualiza a diversos funcionarios públicos de la administración de Ríos, a quienes -además- pide se citen a declarar por parte de la Fiscalía.

El programa en cuestión

La iniciativa que busca beneficiar a los adultos mayores de Ñuñoa contempla un viaje a un centro vacacional a Olmué por tres noches y cuatro días, contemplando gastos de alimentación y alojamiento. Para concretar aquello, el municipio lleva a cabo contrataciones del centro vacacional de dos empresas para la realización de estos viajes.

En la querella del CDE, dicho organismo expone que para estos viajes, la Municipalidad de Ñuñoa gastó $118 millones en 2022, el mismo monto en 2023 y $300 millones en 2024, año en el que se realizaron 10 viajes.

Más allá de los montos, y de los detalles del viaje, el CDE presentó la acción judicial luego de que determinaran, al igual que la querella del municipio, que “se observó que no coincidían la fecha de los viajes con la programación y el monto de la factura”. Además la querella señala que se pagó un viaje que no se realizó y “en otros viajes se emiten facturas respecto de viajes que no tienen registros de programación”.

En la querella de la municipalidad, se entregan más detalles respecto de cómo se configurarían estos presuntos ilícitos. Según el escrito de Sichel, “el Inspector Técnico de Servicios (ITS) Jorge Díaz Mujica, certificó unilateralmente la recepción de servicios sin respaldo documental suficiente, validando pagos con cargo a fondos públicos sin verificación objetiva. Su rol, como funcionario público encargado de la fiscalización, lo ubica como autor o cooperador necesario del fraude, ya que en el ejercicio de sus funciones aprueba o consiente el mismo”.

Por otro lado, el municipio también apunta a la propia empresa hotelera, exponiendo que la “proveedora de los servicios emitió facturas por servicios no realizados o con datos falsificados, constituyéndose en autores materiales del fraude al Fisco”.

Por último, la administración de Sichel apunta a aquellos funcionarios que tenían la responsabilidad del control y aprobación de los pagos, quienes a su juicio “omitieron la fiscalización adecuada o no objetaron irregularidades en los plazos correspondientes” por lo tanto “pueden ser considerados coautores o cómplices por omisión, en tanto su función pública les exige velar por el correcto uso de los recursos fiscales”.

Los nombres que se repiten

A lo largo de ambas querellas, tanto del municipio como del CDE, los organismos públicos apuntan a una serie de personas que tendrían algún rol en los hechos expuestos. Si bien la querella no es en contra de nadie en particular y ninguna menciona a la exalcaldesa Ríos, existe una serie de nombres que se repiten.

Ejemplo de aquello es que el CDE pide que se le tome declaración a Mauricio Rojas y Claudio Benavides, el primero como representante de la empresa hotelera Piemonte y el segundo de empresa RV Limitada. En el caso de Benavides, según la querella del municipio, este habría expuesto que “el acuerdo previo y de palabra con la municipalidad era que se le pagara más de lo que estaba estrictamente contemplado en el contrato de licitación, como por ejemplo, respecto del número real de beneficiarios o respecto a rebajar la calidad del servicio originalmente contratado”.

En el caso de los funcionarios municipales, el Consejo apunta a Jorge Díaz, Paola Godoy y Víctor Téllez, todos inspectores técnicos del proceso.