Este lunes, un nuevo e impactante hecho de violencia escolar ocurrió en el colegio Islas de Chile, de La Granja: una estudiante de 13 años que cursa octavo básico apuñaló en nueve ocasiones a otra menor de siete años, de segundo básico.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que la agresión fue cerca de las 10.30 horas, cuando la niña de 13 años -inimputable por su edad- pidió salir al baño durante una clase de educación física. “La dinámica, el contexto, la situación en la que se produce es actualmente materia en desarrollo que estamos esclareciendo en esta dinámica con la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, de acuerdo a las diligencias que han sido instruidas por la Fiscalía de Flagrancia y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur para poder indagar este hecho”.

Pero ¿qué se sabe hasta aquí? Con el correr de las horas, quienes conocen de las pesquisas señalan que la víctima fue dada de alta desde el Hospital Padre Hurtado este mismo lunes, a eso de las 16 horas, toda vez que ninguno de los cortes implicó un riesgo vital.

Las mismas fuentes aseveran que dados los protocolos que impiden que adultos desnuden a menores de edad, algunos de los cortes no fueron apreciados inicialmente por el personal del establecimiento, lo que llevó a la madre de la menor agredida a decir que le habían informado de menos puñaladas que las realmente recibidas.

De la agresora, además, conocedores de la situación reseñan que tiene una situación familiar “gravísima”, con padres ausentes, problemas de adicción a drogas y líos judiciales. De hecho, como contexto se reseña que el establecimiento ha hecho partícipe a la menor de casi todos los programas de acompañamiento disponibles, pero que ninguno ha sido terminado.

La hipótesis es que al momento de la agresión, la atacante sufrió una desregulación cuando se encontró con la víctima en el contexto de la salida al baño ya mencionada. En ese momento se presume que algo se dijeron, lo que terminó en la molestia de quien utilizó el arma blanca. “Fue una mala coincidencia para la víctima”, dicen quienes conocen detalles de lo ocurrido. De hecho, la misma madre de la menor de siete años explicó que su hija no conocía a la agresora.

Debido a los hechos, se invocó Aula Segura, que no necesariamente implica una expulsión del establecimiento. De hecho, podría terminar, por ejemplo, en una suspensión prolongada. Lo que sí está más o menos claro es que el SLEP Gabriela Mistral, sostenedor del recinto, evalúa realizar una denuncia en contra de los padres de la menor por vulneración de derechos infantiles.

El mismo SLEP junto a la dirección del colegio determinaron para este martes la suspensión de actividades académicas para los estudiantes (se les entregó alimentación Junaeb a quienes lo requerían) y realizar una jornada de contención para directivos y docentes. Durante la tarde de la misma jornada los apoderados acudirían al recinto para despejar dudas y recibir información. Este miércoles los alumnos vuelven al recinto, a quienes se les activó la contención profesional necesaria tras lo ocurrido.

¿Y el colegio? Quienes conocen de sus actividades, aseguran que si bien queda en un sector vulnerable, nunca ha sido noticia por problemas de convivencia escolar, no tiene rayados y tiene un proyecto educativo bien desarrollado. De hecho, según la información pública disponible en la Superintendencia de Educación, durante 2026 no registra denuncias por violencia o maltrato escolar, y en 2025 sólo tiene una, pero que corresponde a un hecho distinto a ese contexto.

Igualmente el mismo ente fiscalizador ingresó una denuncia de oficio de carácter urgente y activó los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, iniciando un proceso de fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa educacional y la correcta aplicación de los protocolos internos del recinto. La fiscalización considera, entre otras cosas, que se haya activado oportunamente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar o las medidas de protección para las estudiantes involucradas. Del mismo modo, la superintendencia derivó los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez (OLN).

En una línea similar, el director (s) de la Dirección de Educación Pública (DEP) que supervisa a todos los SLEP, Pedro Larraín, visitó el recinto para ratificar que se hizo todo lo que corresponde y ahí habló con los padres de la víctima.

“En el proceso de Aula Segura, ella está suspendida provisoriamente y se tomarán las medidas que correspondan según lo que se investigue”, explicó este lunes Larraín.

Violencia escolar

Para los expertos, y considerando que este no es un hecho aislado en el mundo escolar, las familias son las principales responsables de los problemas de convivencia en la escuela.

Esto, según Ernesto Treviño, director ejecutivo del Centro Interuniversitario de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (CELITED) y académico de Educación de la UC, es “porque la socialización en el hogar es violenta y enseña a resolver las diferencias mediante la violencia. En Chile, el 66% de los hogares declara usar la violencia para educar, y un 36% usa la violencia física para educar en el hogar. Esto sin duda se traslada a la escuela y es muy difícil de revertir”.

Con él coincide Francisca Sáez, directora de Fundación Eventuras, que trabaja con el desarrollo de habilidades socioemocionales en las aulas, señalando que “cada vez que ocurre un hecho grave, la atención se concentra en lo que pasó ese día o en preguntarnos cómo llegamos a esto, cuando en realidad esos episodios casi nunca aparecen de un momento a otro”. Y agrega: “Estos fenómenos rara vez nacen de conductas aprendidas en la escuela, pero la escuela convive con ellos todos los días y necesita herramientas distintas para enfrentarlos”.

Por eso, Treviño cree que en los recintos se podría trabajar más en la promoción de la convivencia, que implica enseñar mediante el ejemplo y las prácticas relacionales cotidianas. Sáez, en tanto, opina que lo que hace la diferencia es contar con equipos preparados, acompañamiento en la sala de clases y seguimiento para saber qué prácticas están funcionando.

De todas formas, Treviño dice que los casos de violencia escolar en Chile son más visibles en la actualidad por el avance en concientización de la población y la institucionalidad. Y aporta un dato: en 2025 la Superintendencia de Educación registró 9.299 denuncias de violencia, lo que implica que la violencia escolar afectaría al 0,31% de la población escolar. “Es necesario valorar la magnitud de forma correcta, y así evitar estigmatizar a todo el sistema escolar”, cree.

En una línea similar, Sáez igualmente cree que hay avances que vale la pena reconocer, como que los establecimientos comienzan a tener su Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. “La ley está avanzando y los colegios han hecho un esfuerzo importante por adaptarse”. La otra cara, eso sí, es que las dudas persisten frente a desregulaciones, cómo intervenir y los trabajos preventivos.

¿Escuelas Protegidas, el proyecto que el gobierno planteó para enfrentar la violencia escolar, resolverá este tipo de problemas? Sáez asevera que toda medida que fortalezca la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo es positiva, “pero sería difícil pensar que, por sí sola, resolverá un problema relacional que viene acumulándose desde hace años. La seguridad y la convivencia cumplen funciones distintas (...). Si ambas líneas avanzan de manera coordinada, los colegios estarán mucho mejor preparados para enfrentar un escenario que hoy es bastante más complejo que hace una década”.