“Todavía estamos muy lejos de dónde queremos llegar”. Con esas palabras, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, resumió los resultados del primer Barómetro de la Protección Social, realizado por el gremio Cajas de Chile junto a Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, y presentado este martes en un evento al que asistieron representantes del mundo de la seguridad social, diputados y senadores.

Elaborado a partir de una revisión de datos, análisis de redes sociales y una encuesta realizada a 1.000 personas a nivel nacional, este instrumento posicionó la satisfacción de la ciudadanía en la materia en 31,6, en una escala de 1 a 100, con un 67% de los encuestados señalando que no confía en que las instituciones de la seguridad social lo protegerán ante una emergencia o enfermedad, y con un 72% que evalúa con nota de 1 a 4 al sistema de protección social.

“Las personas nos lo dicen con mucha claridad, sobre todo en los hogares que tienen menores ingresos, donde la pobreza se vive como una incertidumbre continua de no saber si se va a poder cerrar el mes. Y esa exigencia habla de un país que espera mucho más de su protección social”, agregó la ministra Wulf.

En su discurso, la secretaria de Estado se detuvo en dos puntos en los que el gobierno ha enfocado su agenda: la natalidad y las personas mayores. Respecto de los nacimientos, Wulf hizo alusión a lo que el Barómetro de la Protección Social destacó como una de las principales barreras a la hora de tener hijos: el acceso a la vivienda, el costo de criar y la dificultad para conciliar trabajo y familia. “Todas son barreras en las que la Comisión Asesora Presidencial Chile Renace está trabajando”, afirmó.

Por otra parte, se refirió a la implementación de la Ley Integral de las Personas Mayores, promulgada el pasado 1 de junio y que busca hacerse cargo de varios de los temores sobre la vejez que fueron identificados por el barómetro: entre ellos, no tener dinero suficiente para llegar a fin de mes y perder autonomía.

“Queremos que una persona mayor pueda dormir tranquila sabiendo que hay un sistema que la reconoce. O si hay una pareja que quiere tener un hijo, se atreva a hacerlo porque siente que no está sola en el camino”, aseguró a ministra.

Crecimiento como prioridad país

Los resultados del primer Barómetro de Protección Social también fueron analizados por un panel en el que participaron Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social; Paulina Vodanovic, senadora por El Maule, miembro de la Comisión de Hacienda y presidenta del Partido Socialista, y Rodolfo Carter (Ind.- Rep.), senador por La Araucanía y miembro de la Comisión de Hacienda.

La subsecretaria calificó estas cifras como “un gran desafío a nivel país” y puso el acento en la formalidad laboral como clave para ampliar el acceso de las personas al sistema de protección social, ya que hoy sólo un 36% de quienes están en edad de trabajar tienen acceso al empleo formal.

“Lo bueno es que el debate se ha vuelto a centrar en la importancia del crecimiento económico, uno de los focos principales que hoy tiene el gobierno”, aseguró.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic hizo hincapié en el 67% de personas que no confía en que el Estado lo protegerá ante una contingencia: una percepción que golpea especialmente a la clase media.

“En una emergencia, las personas piden dinero a parientes y amigos, pero sabemos también que hoy el crimen organizado ha penetrado con este sistema de ‘préstamos’. Esto lo hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, porque esto es un tema que se vincula ya no sólo con la seguridad social, sino con la seguridad ciudadana”, planteó.

“La primera prioridad de un país es crecer. Todo lo demás es música”, agregó el senador Rodolfo Carter, quien expuso la necesidad de fomentar la bancarización de las personas mayores, en sintonía con la mayor longevidad que hoy están teniendo los chilenos.

También defendió los modelos mixtos de colaboración público-privada, como la indicación tributaria, en el marco de la megarreforma, que permite a las empresas descontar impuestos de hasta 150 UTM para el financiamiento de enfermedades catastróficas de sus trabajadores, y rechazó la prohibición del anatocismo por “restringir el acceso al crédito formal”.