Una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) evidenció la existencia de puentes dañados que llevan años sin reparación, incluso con informes técnicos desfavorables desde 2021.

El informe detectó debilidades en inspecciones y en los sistemas de control, evidenciando serias deficiencias en la gestión, mantenimiento y control de los puentes de la red vial pública del país.

Abarcando el período entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025, el informe final N° 804/2025, elaborado por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR, expone debilidades estructurales tanto en los sistemas de información como en los procesos de inspección y conservación.

De acuerdo a una nota de prensa publicada en el sitio web de Contraloría, a propósito del informe, uno de los hallazgos más relevantes es que más del 85% de los puentes no cumple con los plazos de inspección establecidos, identificándose incluso estructuras que no han sido revisadas desde 2016.

“Una de las principales observaciones alertadas tras la auditoría señala la existencia de múltiples puentes, en varias zonas del país, con fallas relevantes que no han sido reparadas durante años”, dice la nota.

Entre esos casos, destaca de un puente en Lolol, Región de O’Higgins, el que, pese a contar con un informe técnico desfavorable, lleva más de cuatro años sin ser intervenido, pese a la gravedad de su condición.

El informe, de 113 páginas, incorpora algunos registros fotográficos como el de una inspección al puente de Champa, en la Región Metropolitana, que constata una grieta en el ala izquierda de un estribo, fisuras verticales y desprendimiento de hormigón con armadura a la vista en gran parte del muro espaldar de la estructura.

Asimismo, se detectó la existencia de puentes sin evaluación estructural registrada.

La ausencia de esta información impide determinar su estado real de deterioro y dificulta la priorización de inversiones y reparaciones, lo que agrava el riesgo para usuarios y comunidades, explicaron desde la Contraloría.

En paralelo, se identificaron inconsistencias en los sistemas informáticos del MOP —FEMN e i3MOP—, que presentan diferencias significativas en los registros.

La auditoría detectó datos duplicados, incompletos y contradictorios, además de estructuras que carecen de información básica.

En el informe, la Contraloría explica que atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del trabajo fiscalizaros, la Dirección de Vialidad “ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han podido salvar parte de las observaciones planteadas en el preinforme de auditoría”.

En cuanto a las objeciones que se mantienen, se señala que Vialidad “deberá adoptar las medidas que permitan regularizar lo representado, con apego a las normas legales y reglamentarias aplicables”.

Se instruyeron medidas para corregir actuaciones y priorizar reparaciones críticas.