La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría en la Dirección de Vialidad de Arica por la serie de irregularidades detectadas en el actuar para atender la emergencia que afectó a la cuesta Cultura Chinchorro en la Ruta 5 Norte.

En octubre de 2024, la zona fue afectada por deslizamientos de rocas, dejando cortes en la ruta y aislada a la región. Mediante un sumario realizado por la Contraloría Regional se detectó que las medidas de mitigación se hicieron sin informe de geotecnia y que la instalación de una malla no cumple las especificaciones del fabricante.

Así se señala en el oficio N° E135081 de 2025, que da cuenta de la primera parte de la auditoría iniciada. Dicho documento revela, también, no se han realizado ensayos de resistencia de los pernos de anclaje o anclajes de cable, “lo que supone un alto riesgo de que nuevos deslizamientos provoquen accidentes o nuevos cortes de la ruta”, señalaron desde la CGR.

Más deficiencias

Junto con las mencionadas, la Contraloría constató otras debilidades administrativas en esta primera parte de la auditoría. Entre ellas, que el convenio para trato directo para la ejecución de la obra de emergencia “Conservación Obras por Emergencia Ruta 5 Norte, sector cuesta Cultura Chichorro, Región de Arica y Parinacota”, suscrito el 30 de octubre de 2024, no ha sido aprobado por el acto administrativo correspondiente.

Asimismo, no se han remitido los antecedentes que permitan comprender las razones de la demora para suscribir el contrato en una urgencia. Incluso, se advirtió que el contratista ha ejecutado las obras sin haber recibido ni un pago, situación que eventualmente implica el riesgo de no término del contrato por insolvencia.

También se comprobó que la obra para reforzar o reponer la infraestructura vial para la debida conectividad del sector debido a los daños provocados se encuentra sin la identificación presupuestaria respectiva.

Ante los antecedentes expuestos la Contraloría Regional instruirá un sumario tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas; y el servicio aludido deberá remitir las certificaciones de los ensayos y la documentación que estime pertinente en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe.