La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó a la Municipalidad de Linares, liderada por el alcalde Mario Meza, a que recupere los dineros pagados por concepto de remuneración a un funcionario que estuvo en prisión preventiva.

La determinación del dictamen se da luego de establecer que los pagos no se ajustaron con la legislación vigente, tras una denuncia que activó los procesos de fiscalización, que requirió la entrega de antecedentes y liquidaciones de sueldo de John Sancho Bichet, quien se desempeñaba como administrador municipal de Linares.

El funcionario fue formalizado por fraude al fisco reiterado en una causa denominada “caso Cloro”, por la compra de distintos insumos vía trato de directo.

De acuerdo con lo expuesto por el ente fiscalizador, Sancho estuvo sometido a la medida cautelar de prisión preventiva, la que luego fue reemplazada por un arresto domiciliario total.

Citando jurisprudencia aplicada, la Contraloría señaló que “el artículo 69 de la ley Nº 18.883, expresa que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado, no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias o permisos con goce de remuneraciones (...)”.

“Si un empleado ha sido privado de libertad durante un juicio criminal, y por ello falta al servicio, no puede percibir remuneración, pudiendo solamente recibir el pago de las sumas retenidas si el proceso penal termina por absolución o sobreseimiento definitivo, ya que en estos casos debe estimarse que el servidor ha estado impedido para desempeñarse", añade el dictamen.

Asimismo, se cuestionó la entrega de feriados legales autorizados por la Municipalidad de Linares y la presentación de una posterior licencia médica.

Por lo anterior, se determinó que “la Municipalidad de Linares deberá gestionar el reintegro de las sumas indebidamente percibidas por el señor Sancho Bichet, por concepto de los beneficios pecuniarios a que se ha hecho mención precedentemente”, por lo que el organismo solicitó remitir la información en un plazo de 15 días hábiles para concretar la medida.

De igual manera, se instruyó la realización de un sumario administrativo para determinar responsabilidades por los pagos realizados a Sancho Bichet, para lo cual se fijó el mismo plazo.