A más de un año de que se concretara el viaje de la entonces ministra del Interior Carolina Tohá a Bolivia, en febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial el decreto que regulariza el estatus de la comisión de servicio que se generó para que la exautoridad pudiese viajar al extranjero.

Esto, como advirtió Contraloría, no porque hubiese simples retrasos en la revisión de antecedentes, sino porque la información fue derivada con casi 10 meses de retraso, lo que la entidad liderada por la contralora Dorothy Pérez califica como una irregularidad evidente.

El viaje de la exsecretaria de estado tuvo lugar el 27 de febrero de 2025, y tenía como objetivo participar en la ceremonia de firma del “Protocolo Adicional para el cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Migratoria” entre el entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Gobierno de Bolivia, y el “Acuerdo entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Licencias de Conducir”.

Sin embargo, el acto que fijaba la habilitación para la comisión de servicio fue emitido el 27 de mayo de 2025, mientras que su remisión a la Contraloría, para su control preventivo de juridicidad, se efectuó a último momento por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric. Fue recién el 12 de marzo de 2026 que el trámite llegó hasta la Contraloría para su toma de razón.

“La tardanza señalada implica una infracción al artículo 3º inciso segundo de la Ley Nº 18.575, que impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio del procedimiento, una demora que supone también el incumplimiento de lo preceptuado por el artículo 8º del mismo texto legal, el que, tal como reiteradamente ha informado esta Contraloría en sus dictámenes, exige actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites”, advirtió el ente fiscalizador.

Por lo mismo, la entidad que lidera Pérez cursó con alcances el decreto en cuestión, evidenciando que, en lo sucesivo, Interior deberá “adoptar las medidas que sean necesarias a fin de que sus actos administrativos se envíen al trámite de toma de razón oportunamente”.