Corte de Antofagasta acoge recurso de protección que busca aplicar eutanasia a perros abandonados

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección ingresado por la municipalidad de San Pedro de Atacama contra la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de esa ciudad para que aplique la eutanasia a todos los perros abandonados de la comuna.

Según informan medios locales, la resolución adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada señala que la Seremi de Salud tiene 15 días hábiles para entregar todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones.

El recurso de protección interpuesto por el alcalde Justo Zuleta Santander (independiente y que en las elecciones representó al pacto Chile Digno Verde y Soberano), menciona que la comuna “se ha transformado en una zona peligrosa” por la creciente y constante población de perros abandonados, que según lo informado por la municipalidad ronda los 4.500 animales. Debido a las situaciones de insalubridad que generan, sumado a que las calles no se encuentran habilitadas para albergar esta población, “resultan una grave amenaza para la salud de los habitantes de la comuna”.

Además, el requerimiento resaltó tres casos en que personas resultaron atacadas por perros callejeros en la comuna, con diversos resultados. Menciona el caso de una mujer de 27 años que falleció el 14 de octubre tras ser atacada por una jauría en el sector de Lickanantay.

También describe como, en la misma fecha, un niño de 3 años sufrió la mutilación de una de sus orejas. Finalmente, recuerda el caso ocurrido el 4 de enero de este año, en que una turista brasileña de 25 años tuvo heridas gravísimas de desgarros en su pierna derecha por la acción de otro grupo de perros.

Durante esta semana, la Seremi de Salud de Antofagasta, Jessica Bravo, respondió al recurso de protección diciendo que “no tiene las facultades legales para realizar este tipo de sacrificios”, ya que solo pueden aplicar la eutanasia “cuando existen sospechas fundadas de que el animal pueda estar afectado con la enfermedad de la rabia.” También enfatizó que “la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos en la vía pública, de acuerdo a la ley, corresponde a los municipios.”