El protagonismo que tuvo el alcalde de Curacaví Christian Hernández para que uno de los imputados en el robo con homicidio de un ingeniero se entregara a la policía, reactivó un viejo debate que se ha tomado gran parte de la discusión por la seguridad. Se trata del rol que deben tener los inspectores municipales que cumplen labores de seguridad en las distintas comunas del país.

En el caso de Hernández, el jefe comunal fue criticado por el gobierno y el Ministerio Público por entrometerse en labores investigativas, que son monopolio de la Fiscalía y policías.

Más allá de esa polémica, el hecho volvió a poner la atención sobre un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso y que justamente viene a regular lo que pueden y no pueden hacer los funcionarios municipales para colaborar en labores específicas de seguridad pública.

Se trata del proyecto que fortalece el rol de las municipalidades en la prevención del delito y seguridad pública. La iniciativa ya pasó su primer trámite en la Cámara y está discutiéndose en el Senado. Es aquí, en la Cámara Alta donde, según fuentes que saben del avance de esta discusión, el proyecto ha cambiado por completo.

En el Senado, la iniciativa primero se discutió en las comisiones unidas de Seguridad y Gobierno, se votó en general en la Sala y ahora lleva varias semanas de discusión en particular en la comisión de Seguridad que preside el senador José Miguel Durana (UDI).

Detrás de esta ley está la dupla de senadores Manuel José Ossandón (RN) y Paulina Vodanovic (PS). Los dos han tenido un rol activo en todos los cambios que se han realizado. Se trata de la misma dupla que estuvo detrás de la tramitación, y posterior aprobación, de las modificaciones realizadas a la ley antiterrorista.

Este martes el gobierno se refirió al tema y criticó al Senado por la tardanza. “Hemos tenido una demora excesiva en el Senado. El Senado sabe mi opinión y el presidente del Senado lo sabe en particular. Hay acuerdo a estas alturas de que si hay observaciones, uno debiera perfeccionarlas en un proyecto complementario”, afirmó el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero.

Si bien uno de los nudos de este proyecto había sido el financiamiento, en la Cámara Alta han dejado ese problema en segundo plano. El objetivo es dejar un marco habilitante, que entregue nuevas herramientas y que luego en las discusiones presupuestarias se apoye a las comunas con menores recursos.

Las modificaciones de los senadores

Los asesores técnicos que están trabajando en las indicaciones ya han revisado 42 de las 53 enmiendas que dan vuelta por completo el proyecto, dejando atrás lo realizado por los diputados, abriendo paso a un tercer trámite legislativo obligado para resolver las diferencias entre ambas cámaras y zanjar de forma definitiva cuáles van a ser las nuevas herramientas que se le van a entregar a los inspectores de seguridad municipal.

Los senadores avanzaron hacia un control de drogas y alcohol bajo supervisión de Carabineros. El texto del proyecto de ley otorga a los municipios la facultad de llevar a cabo el control de sustancias bajo la supervisión de la policía uniformada. Esto provocará, por ejemplo, que un inspector municipal pueda controlar el consumo de marihuana en la plaza de una comuna. También incluye la realización de fiscalizaciones aleatorias sobre consumo de drogas para los inspectores de seguridad municipal.

Otro de los puntos que se avanzó en el Senado es que los legisladores permitieron que los inspectores municipales puedan incautar y decomisar mercancías del comercio ambulante. Esta función quedó establecida con grados de autonomía, es decir, no se requiere la presencia policial para desarrollarla.

En la Cámara Alta además se ampliaron las hipótesis de flagrancia de los delitos y también se pretende aumentar el plazo, pasando de las 12 horas actuales, a 24 horas.

Sobre la coordinación intercomunal, los diputados solo permitieron la coordinación de operativos entre comunas colindantes. El Senado modificó esto con el objetivo de que los inspectores municipales puedan operar en conjunto con comunas sin tener una proximidad territorial.

Otro de los puntos que se han cambiado durante el segundo trámite tiene que ver con el control de identidad. Si prosperan las enmiendas de los senadores, los inspectores de seguridad municipal van a colaborar con Carabineros para realizar el control de identidad. Esta facultad requerirá siempre de la presencia de funcionarios policiales. La idea es que, por ejemplo, con la presencia de un carabinero y varios inspectores municipales, se puedan hacer grandes rondas para controlar la identidad.

La negociación de las indicaciones entre los senadores han llevado a la inclusión de sistemas de televigilancia para que, por ejemplo, se puedan utilizar las bases de datos de aplicaciones como Sosafe.

También se habilita a que los inspectores municipales apoyen en el control de medidas cautelares, para así descomprimir a Carabineros de esta función. Se trata de los casos de imputados con arresto domiciliario o con prohibición de acercarse a la víctima en el marco de casos por el delito de violencia intrafamiliar.

Finalmente, los senadores sumaron al proyecto de ley que los funcionarios municipales que ejerzan labores de seguridad puedan usar elementos de protección como esposas, chalecos antibalas, lentes de protección, bastones retráctiles, entre otros.

También se dejó estipulado que por decreto supremo con autorización del Presidente, los inspectores municipales puedan utilizar dispositivos de control eléctrico, como las pistolas marca Taser. Sobre este punto, el reglamento especificará que dichos funcionarios deben capacitarse dos años para el uso de este tipo de armas no letales.