Defensa de Martín Pradenas presenta recurso de amparo para evitar traslado a cárcel de Valdivia

La sentencia de Martín Pradenas

El recurso busca dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que rechazó disponer la permanencia del condenado en el penal de Nueva Imperial.


La Defensoría Penal Pública presentó este jueves un recurso de amparo para dejar sin efecto la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que rechazó mantener a Martín Pradenas, condenado a 17 años de cárcel por diversos delitos de abuso sexual y violación, en un recinto penitenciario en la región de La Araucanía, en específico en el penal de Nueva Imperial, y ordenó su traslado a la cárcel de Valdivia, Región de Los Ríos.

Según explicó el defensor penal público, Marcelo Pizarro, la acción judicial responde a que el tribunal consideró que no le correspondía pronunciarse al respecto, por tratarse de una decisión de Gendarmería, por la calidad de condenado de Pradenas.

“Este tribunal estimó que no le correspondía emitir pronunciamiento respecto a la decisión de Gendarmería de trasladar a Martín, a la cárcel de Valdivia, básicamente porque él tenía la calidad de condenado y, en consecuencia, este tribunal no tendría facultades para controlar esa decisión”, apuntó.

Ante esto, la defensa de Pradenas presentó la acción constitucional para que se pronuncie la Corte de Apelaciones de Temuco.

“Ante la misma decisión que se ha dado a conocer, la Defensoría Penal Pública ha presentado la acción constitucional a fin que sea la Corte de Apelaciones de Temuco la que, en una primera instancia, se pronuncie sobre la ilegalidad y la arbitrariedad de la decisión adoptada por el Tribunal Oral”, dijo el abogado.

En la misma línea, Pizarro argumentó que “la Constitución establece que los tribunales tienen la obligación de emitir pronunciamiento respecto a las peticiones que se hagan dentro del ámbito de sus competencias, lo que entendemos no ocurrió, sin perjuicio que además se han vulnerado una serie de derechos”.

Y detalló: “Particularmente, el derecho a la protección familiar que exige que se adopten todas las medidas necesarias para que una persona que se encuentra imputada privada de libertad, pueda mantener contacto con su familia, especialmente cuando existen menores de edad en ella”.

La decisión del tribunal de rechazar la estadía del estudiante de ingeniería se conoció este miércoles, y rápidamente tuvo respuesta de parte de la defensa.

El defensor penal público, Patricio Salinas, enfatizó durante la jornada de ayer que se está “vulnerando disposiciones constitucionales de tratados internacionales en materia de derechos humanos, normas legales y disposiciones reglamentarias”.

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