Este sábado se desarrolló la novena audiencia de formalización de la Operación Apocalipsis, causa en la que 71 imputados, 47 gendarmes y 24 civiles que están acusados por delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos, vinculados a un sistema de “manillas” para el ingreso de encomiendas ilegales a Santiago Uno y al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Hoy fue el turno de la Defensoría Penal Publica, liderada por el abogado Christian Basualto, quien estuvo a cargo de los alegatos a favor de los funcionarios de Gendarmería. En esta oportunidad cuestionó la falta de detalles en la investigación del Ministerio Público, particularmente en relación con las transferencias de dinero detectadas entre los imputados.

Basualto sostuvo que en las conversaciones telefónicas interceptadas no se especifica a qué especie corresponderían las encomiendas, a qué internos iban dirigidas, ni si efectivamente se concretó el ingreso de los elementos a los recintos penitenciarios.

“Aquí puede haber única y exclusivamente una infracción reglamentaria de un funcionario público, toda vez que no se pueda asociar ni a la formalización, ni a los antecedentes de cargo que respecto de esas conversaciones se haya pactado un pago previo de un beneficio económico o que se haya prometido el pago una vez que el servicio se haya realizado”, señaló el defensor.

El abogado agregó que, pese a que se cuenta con datos de personas que habrían pagado por el ingreso de encomiendas, ninguna de ellas figura como imputada en la causa. “Yo creo que el Ministerio Público no tiene certeza de que estas transferencias hayan sido para el pago de una coima”, planteó Basualto.

En tanto, los defensores representantes de los imputados civiles, siguieron una línea defensiva similar, cuestionando la configuración de los delitos de soborno y asociación criminal.

Respecto del primero, el jurista señaló que para que esta figura se configure debe existir un pacto previo. “Si el ingreso fue solo por negligencia, el soborno deja de existir”, sostuvo.

En la misma línea, la abogada defensora cuestionó la peligrosidad atribuida por la Fiscalía, argumentando que “las encomiendas solo eran para el ingreso de alimentos”.

No obstante, mencionó como excepción el caso del ingreso de celulares y droga en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, antecedentes que forman parte de la investigación del Ministerio Público.

Durante varias jornadas realizadas en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, se ha escuchado la exposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, así como los planteamientos de las defensas de los imputados, quienes en la mayoría de los casos han cuestionado la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Hasta ahora, al menos 20 personas han desistido de apelar contra esta medida cautelar, dos imputados se encuentran en prisión preventiva y seis cumplen arresto domiciliario.

Al cierre de la audiencia, la defensa insistió en que no se cumplen los requisitos objetivos ni subjetivos del delito de asociación criminal, planteando que, ante eventuales ambigüedades probatorias, debe privilegiarse una interpretación menos gravosa de los hechos.

En ese sentido, se cuestionó la forma en que el Ministerio Público describe la supuesta organización, señalando que resulta discutible que civiles dirijan a funcionarios de Gendarmería y que gran parte de la investigación se sustente en informes elaborados por la propia institución actualmente cuestionada en la causa.

Asimismo, la defensa planteó dudas sobre la existencia de una estructura criminal jerárquica, señalando que los grupos identificados responderían más bien a personas individuales vinculadas a actividades informales, y no necesariamente a una asociación ilícita organizada.

También se cuestionó la falta de participación temprana de organismos externos en la indagatoria, planteando reparos desde el punto de vista de la transparencia y objetividad del proceso investigativo.

Finalmente, y ante lo avanzado de la jornada, el tribunal resolvió continuar la audiencia este domingo, manteniendo la misma modalidad de funcionamiento.

Más tarde, Basualto mencionó que mañana comenzarán con los alegatos en relación al delito de lavado de activos y ante la consulta de si apoyaría a los defensores privados en presentar un recurso de nulidad si se resuelve la prisión preventiva, dijo que “en la eventualidad que así lo dé, haremos análisis de antecedentes y ver la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva”.